El Gobierno central decidir¨¢ las diferencias entre administraciones en obras p¨²blicas

El Gobierno central se reserva la capacidad de decisi¨®n para cualquier obra p¨²blica en la que se manifieste una discrepancia entre su planeamiento y el de otra administraci¨®n, sea local o auton¨®mica. As¨ª lo establecen diversas disposiciones del proyecto de Ley Reguladora del contrato de concesi¨®n de obras p¨²blicas, publicado en el bolet¨ªn del Congreso el pasado 21 de junio. El texto incluye tambi¨¦n modificaciones de la ley de autopistas.

La nueva ley regula las concesiones de obras p¨²blicas y establece la necesidad de que las diversas administraciones cooperen y colaboren en la planificaci¨®n y construcci¨®n de obras p¨²blicas. No obstante, prev¨¦ la ley, puede ocurrir que 'los procedimientos de colaboraci¨®n resultaren ineficaces'. En este caso ser¨¢ el Gobierno central el que asuma la coordinaci¨®n de los planes de obras p¨²blicas 'competencia de las comunidades aut¨®nomas con los planes de obras p¨²blicas de inter¨¦s general'.

Este criterio, que reserva la capacidad de decisi¨®n ¨²ltima al Gobierno central, se reproduce en otros art¨ªculos relativos a la planificaci¨®n urban¨ªstica, la ordenaci¨®n territorial y la calificaci¨®n de espacios. Asimismo, las 'obras p¨²blicas de inter¨¦s general no estar¨¢n sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo municipal'.

La ley establece tambi¨¦n que los municipios no podr¨¢n suspender la ejecuci¨®n de las obras p¨²blicas de inter¨¦s general ni las de emergencia.

La ley busca establecer un nuevo marco para el conjunto de las obras objeto de concesi¨®n, insistiendo en el papel esencial que se reconoce a la iniciativa privada.

'El protagonismo de las distintas administraciones p¨²blicas', afirma, no debe ni puede excluir el papel relevante que corresponde a la propia sociedad civil en general y, en el plano econ¨®mico, al empresario privado'.

La nueva ley busca redefinir la figura de la concesi¨®n atendiendo a cuatro factores: su relaci¨®n con una obra p¨²blica, el riesgo del concesionario, el equilibrio econ¨®mico y financiero de la concesi¨®n y la diversificaci¨®n.

En lo referente al equilibrio, razona que, hasta ahora, la doctrina oficial ha tendido a favorecer al concesionario, y se ha llegado a establecer casi el riesgo de que 'desapareciera en ocasiones'. El proyecto de ley afirma la necesidad de revisar los t¨¦rminos del contrato concesional cuando, por ejemplo, 'un incremento de la demanda de la utilizaci¨®n de la obra de car¨¢cter extraordinario, que fuera m¨¢s all¨¢ de las previsiones del plan econ¨®mico-financiero'. Esta revisi¨®n deber¨ªa 'evitar al usuario' que soportara 'un peaje o un canon desproporcionados, con quebranto manifiesto de la equidad'.

Este supuesto es el que ha servido de base a los movimientos contrarios a los peajes para reclamar la revisi¨®n de las concesiones de las autopistas. El proyecto de ley recoge una modificaci¨®n de la ley de autopistas vigente, aunque no en este sentido, sino de cara a establecer penalizaciones cuando proceda.

Los socialistas anunciaron ayer su oposici¨®n a esta ley que, afirm¨® Manel Nadal, recorta notablemente las capacidades de otras administraciones. En cambio, el Gobierno catal¨¢n no ha tomado a¨²n decisi¨®n al respecto.