El juzgado retrasa 'por el momento' el desalojo de los 'okupas' de El Laboratorio

Los okupas del centro social El Laboratorio, en Lavapi¨¦s, han conseguido retrasar su desalojo. El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 11, que en mayo pasado orden¨® su expulsi¨®n de la antigua imprenta Samar¨¢n, en Amparo, 103 -donde llevaban desde febrero-, ha aceptado las alegaciones presentadas por estos j¨®venes y ha decidido 'no desalojarlos por el momento' de este edificio privado que usan para desarrollar actividades socioculturales y que, seg¨²n sus datos, llevaba dos d¨¦cadas vac¨ªo. Los okupas han levantado el encierro que manten¨ªan desde el domingo.

El juez hab¨ªa ordenado su expulsi¨®n, a instancias de los due?os del bloque, 'para llevar a cabo unas obras necesarias para la seguridad del inmueble'. Pero dichas obras -el apuntalamiento de una nave y el refuerzo de un tejado- ya las hab¨ªa acometido el propio Ayuntamiento al no hacerlas los propietarios (que ayer declinaron ofrecer su versi¨®n a EL PA?S). Teniendo en cuenta ese hecho, el juzgado descarta desalojar 'porque no parece existir ning¨²n peligro de ruina inminente del edificio' y porque 'los propietarios tramitan su demolici¨®n'.

El juez tambi¨¦n tiene en cuenta 'la documentaci¨®n aportada sobre las actividades que se realizan en el inmueble'. Endika Zulueta, abogado de los okupas, destaca que 'por primera vez, las actividades de un centro social autogestionado se valoran jur¨ªdicamente hasta el punto de motivar la paralizaci¨®n del desalojo'. El Laboratorio dispone de un cine, una ludoteca, un local de conciertos, un bar, un ¨¢rea telem¨¢tica... y organiza jornadas de urbanismo, presentaciones de pel¨ªculas, actuaciones de flamenco...

Un centenar de personas, entre ellas Itziar Bollain, Javier Macqua, Jos¨¦ Luis Garci, Rosa Montero, Carmen Alborch o Ramonc¨ªn han firmado un manifiesto pidiendo al Ayuntamiento y a la Comunidad que reconozcan el inter¨¦s social del centro y busquen f¨®rmulas para que sus promotores no est¨¦n abocados a la expulsi¨®n: desde 1997 les han echado de otros dos edificios, en Embajadores y Cabestreros.

El juzgado no archiva, sin embargo, la causa penal abierta contra estos j¨®venes, ya que considera 'que existen indicios razonables de criminalidad contra ellos al constar que entraron en el inmueble sabiendo que no era de su propiedad'. La okupaci¨®n se castiga con multas sustituibles por c¨¢rcel en caso de impago. El desalojo podr¨ªa producirse si los propietarios recurren ante la Audiencia Provincial y ¨¦sta les da la raz¨®n o si los okupas son condenados en el juicio penal.