Chaves gana al Gobierno central la primera batalla por la financiaci¨®n auton¨®mica

La primera palabra de los jueces sobre la guerra que se declar¨® entre la Junta de Andaluc¨ªa y el Gobierno central por el anterior modelo de financiaci¨®n auton¨®mica es favorable al Ejecutivo andaluz. Una sentencia de la Audiencia Nacional anula una resoluci¨®n estatal que omit¨ªa la liquidaci¨®n definitiva de los fondos presupuestados para Andaluc¨ªa en 1997, unos 80 millones de euros. El Ejecutivo central repiti¨® esa omisi¨®n hasta 2000, lo que motiv¨® una catarata de recursos de la Junta, que tambi¨¦n ha impugnado reiteradamente ante el Tribunal Constitucional ese modelo de financiaci¨®n.

'Poco a poco las cosas se van poniendo en orden', afirm¨® el presidente de la Junta, Manuel Chaves, tras desvelar en Ja¨¦n el fallo de la Audiencia Nacional, una sentencia que 'justifica la estrategia que el PSOE sigui¨® de acudir a los tribunales cuando consider¨® que el Gobierno agraviaba a Andaluc¨ªa', en alusi¨®n al enfrentamiento que se inici¨® en 1997 por la negativa de la Junta a firmar un modelo de financiaci¨®n que cre¨ªa injusto. De paso, Chaves adelant¨® que est¨¢ casi decidido a recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto del Gobierno central sobre la reforma de las prestaciones por desempleo.

La Junta andaluza est¨¢ convencida de que la sentencia sobre la liquidaci¨®n de 1997 vincular¨¢ a los ejercicios en los que interpuso demandas 'con el mismo fundamento'. En su fallo, los cinco magistrados de la secci¨®n sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo atienden la solicitud auton¨®mica: declarar nula una resoluci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Hacienda que no inclu¨ªa la preceptiva liquidaci¨®n (el 2%) de los fondos previstos para Andaluc¨ªa en los Presupuestos de 1997.

Seg¨²n c¨¢lculos de la Junta, por esta falta de pago las arcas auton¨®micas dejaron de ingresar 79 millones de euros (13.145 millones de pesetas) aquel a?o; el principal argumento del Gobierno central es que no pod¨ªa 'practicarse la liquidaci¨®n definitiva' hasta que no se hubiera 'adoptado un modelo de financiaci¨®n en la Comisi¨®n Mixta' Junta-Estado. El Gobierno andaluz, al igual que el extreme?o o el de Castilla-La Mancha (todos socialistas) no suscribi¨® el anterior modelo por considerar, entre otras cosas, que el uso de un censo muy antiguo (1988) recortaba sensiblemente sus ingresos.

El Ejecutivo central insisti¨® en ese argumento hasta 2001 -el nuevo modelo de financiaci¨®n, vigente ya este a?o, fue suscrito por todas las comunida-des-. La Junta mantiene que ha dejado de ingresar 455 millones de euros (75.000 millones de pesetas) en estos cinco a?os, en los que no se le ha liquidado el 2% de las cantidades presupuestadas para esos ejercicios, por lo que ha presentado otros tres recursos.

La sentencia recuerda que, para las comunidades que se quedaron fuera del anterior modelo de financiaci¨®n, los Presupuestos Generales del Estado de 1997 fijaban que el 98% de fondos que reciben todas las autonom¨ªas 'a cuenta' se estableciera en esos casos (Andaluc¨ªa, Extremadura y Castilla-La Mancha) con el m¨¦todo del ¨²ltimo sistema que firmaron (1992-1996). Para la liquidaci¨®n definitiva del 2% restante, la ley de Presupuestos preve¨ªa que se realizara 'con arreglo al sistema de financiaci¨®n adoptado, o el que, en su d¨ªa, se adopte para estas comunidades por acuerdo de su respectiva Comisi¨®n Mixta'. Frente a lo que sostiene el Gobierno, los cinco magistrados concluyen que, a falta de acuerdo en Comisi¨®n Mixta, ese 2% deb¨ªa haberse pagado con los criterios del modelo 1992-1996, como el otro 98%.

La sentencia incluye el voto particular de uno de los magistrados, Santiago Soldevilla, que va m¨¢s all¨¢ que sus compa?eros. Este juez cree necesario elevar una cuesti¨®n de inconstitucionalidad al considerar que el Estado no puede 'dotar de forma unilateral' de un sistema financiero a unas comunidades, en este caso Andaluc¨ªa, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Precisamente, la batalla judicial decisiva en este conflicto se dirime en el Tribunal Constitucional, ante el que la Junta ha presentado varios recursos por entender que el sistema de financiaci¨®n entre 1997 y 2001 era inconstitucional al no ligar los recursos a un censo real. Por esta cuesti¨®n, la Junta estima que perdi¨® 1.562 millones. A eso a?ade que el Gobierno aplic¨® a estas tres comunidades ¨ªndices de evoluci¨®n distintos, menores que al resto, lo que ocasion¨® un perjuicio a las arcas andaluzas de 2.608 millones. Si se suman las mermas por liquidaci¨®n (445 millones), lo que la Junta exige en los tribunales es la devoluci¨®n de 4.630 millones (770.397 millones de pesetas).