Justicia y confrontaci¨®n

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional en torno la liquidaci¨®n presupuestaria de 1997 pone en evidencia el trato discriminatorio del Gobierno central con respecto a Andaluc¨ªa en materia de financiaci¨®n auton¨®mica y contribuye a despejar el camino al PSOE en este ¨²ltimo tramo de la legislatura. De esta forma, a la inoportunidad que para los intereses del PP andaluz ha supuesto la contestada reforma laboral, se une ahora esta resoluci¨®n judicial que vuelve a ponerles a los pies de los caballos en un pleito en el que siempre han tenido las de perder, d¨¢ndose, adem¨¢s, con ello un nuevo giro al curso pol¨ªtico que ya termina ofreciendo un escenario a¨²n m¨¢s adverso todav¨ªa para sus expectativas electorales.

Una de las conclusiones que se derivan del pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia es que da argumentos a los socialistas para rebatir las insistentes acusaciones de confrontaci¨®n pol¨ªtica lanzadas por el PP contra la Junta. La simple lectura de la sentencia deja bien claro el papel de la Administraci¨®n auton¨®mica frente a Madrid, ya que se ve obligada a actuar para evitar un atropello en toda regla al mermarse sus ingresos p¨²blicos procedentes de las arcas del Estado de manera absolutamente arbitraria.

Esta semana, por tanto, no escapar¨¢, sin duda, al debate que surgir¨¢ reclam¨¢ndose desde aqu¨ª su inmediato cumplimiento y no tener que esperar al resultado del correspondiente recurso de casaci¨®n que probablemente presentar¨¢ el Gobierno central. Ahora que arrecian las cr¨ªticas del PP hacia el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Manuel Chaves, por mostrar su radical disconformidad con el decretazo, lo que le ha supuesto incluso que le llamen 'el mayor insumiso del Reino'. Puede que se vuelvan las tornas en su contra y les soliciten a ellos que se apliquen el cuento y hagan valer sus notables influencias en Madrid para que no se alargue m¨¢s el calvario que est¨¢n pasando en Andaluc¨ªa y procuren, de una vez por todas, que se acepte la decisi¨®n judicial.

El asunto ha resultado tan goloso para el PSOE que durante el fin de semana que dejamos atr¨¢s s¨®lo ha sido Manuel Chaves quien ha hablado de ello para su mejor lucimiento. Terminada esta etapa, lo que viene ahora es una ofensiva en tromba de los dirigentes socialistas y de los miembros de su Gobierno, as¨ª como del resto de fuerzas pol¨ªticas, golpeando en el mismo flanco que presentan sus contrincantes, que no es otro que el desprecio que sistem¨¢ticamente han mostrado con respecto a Andaluc¨ªa, tal y como se comprueba con esta sentencia.

No resulta dif¨ªcil imaginar que dir¨ªan en el PP si el fallo hubiese sido en sentido contrario. Mientras que ahora se aferran a se?alar que a¨²n no es firme, un pronunciamiento a su favor habr¨ªa provocado la petici¨®n de dimisi¨®n fulminante de todo lo que se mueva desde Manuel Chaves hacia abajo. Puestos a plantear ese mismo ejercicio pero a la contra cabe preguntarse a qui¨¦n reclamar responsabilidades, si al Ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, al de Administraciones P¨²blicas, el casi invisible Jes¨²s Posada, al mismo presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, o bien al secretario general del PP, Javier Arenas, a quien se le atribuye la autor¨ªa directa de la endemoniada estrategia que contra esta tierra se ha desplegado a lo largo de los ¨²ltimos a?os y que obedece al elemental principio de 'a Andaluc¨ªa, ni agua'.

A¨²n as¨ª, no hay que albergar esperanzas de que se vaya a producir rectificaci¨®n alguna. Ya lo ha avanzado el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz. Hay que esperar a que la sentencia sea firme. Tiene la leg¨ªtima ilusi¨®n de que se llegue a tumbar en instancias superiores. Pero mientras eso llega, si es que llega, lo m¨¢s inmediato ser¨¢n nuevas resoluciones por recursos anteriores planteados en los mismos t¨¦rminos con respecto a las siguientes liquidaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Y todo eso, sin olvidar tampoco los recursos presentados en su d¨ªa ante el Tribunal Constitucional por el no reconocimiento del censo real de poblaci¨®n. Una bater¨ªa de iniciativas judiciales que pueden tener como consecuencia final para los populares andaluces el verse desautorizados continuamente, precisamente, en el momento m¨¢s inoportuno, a las puertas de nuevas contiendas electorales.