El Gobierno argentino investiga casos de evasi¨®n fiscal en el 'corralito'

El Gobierno argentino anunci¨® ayer que ha detectado cientos de casos de evasi¨®n fiscal en la retirada de dinero que efectuaron los ahorradores, merced a los amparos concedidos por los jueces que consideran que el corralito es inconstitucional. La Administraci¨®n Federal de Ingresos P¨²blicos (AFIP), organismo de recaudaci¨®n oficial de ese pa¨ªs, inform¨® de la apertura de sumarios contra esos depositantes, tras descubrir que el 50% del efectivo obtenido por v¨ªa judicial no est¨¢ declarado ante el fisco.

Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete del Gobierno de Eduardo Duhalde, explic¨® ayer en conferencia de prensa que 'hay ejemplos muy curiosos'. La AFIP hall¨® constancias de que la mitad de los 400 millones de d¨®lares que se han sacado de los bancos no tiene justificaci¨®n tributaria alguna. Entre los ejemplos se?alados por el Gobierno, figuran casos como el de un jubilado que jam¨¢s se registr¨® en Hacienda y retir¨® un mill¨®n de pesos y el de una familia que extrajo 960.000 d¨®lares bajo la excusa de haberlos ganado en la Loter¨ªa.

El otorgamiento de los amparos ha puesto a decenas de jueces en el punto de mira. El Gobierno sospecha de una trama de corrupci¨®n entre ahorradores, abogados y jueces, reunidos con el objeto de saltarse el corralito y repartir los 'dividendos'. En ese sentido, el sistema judicial completo de la norte?a provincia de Chaco se encuentra bajo investigaci¨®n de la Justicia nacional, en tanto en esa peque?a regi¨®n se acumul¨® el 10% de las extracciones de todo el pa¨ªs.

Seg¨²n el ministro de Econom¨ªa, Roberto Lavagna, la esperanza de los ahorradores de obtener medidas judiciales favorables es la causa fundamental del fracaso de su plan de entrega de bonos a cambio del dinero atrapado. Ayer acab¨® el plazo para optar por esos bonos con un respaldo que no alcanz¨® el 15%, seg¨²n reconoci¨® el propio titular de Econom¨ªa.

Procesamiento

Por otro lado, el juez Mariano Berg¨¦s resolvi¨® ayer procesar al vicedirector del Scotiabank, Alan Mc Donald, y al jefe del Departamento Legal de dicha entidad , Eduardo Oteiza, a los que acusa de 'desobediencia judicial', un delito con pena de hasta un a?o de prisi¨®n en suspenso, por negarse a devolver el dep¨®sito a plazo a uno de sus clientes un d¨ªa antes de que el Banco Central de Argentina ordenara la suspensi¨®n de actividades por falta de liquidez. El juez dispuso, adem¨¢s, un embargo de sus bienes por 120.000 pesos (unos 35.000 euros). Mc Donald, residente en Canad¨¢, es el primer representante de un banco extranjero que debe responder ante la justicia argentina.

El propio ex presidente Fernando de la R¨²a deber¨¢ dar explicaciones ante el juez Jorge Urso por una causa iniciada en diciembre del a?o pasado por supuestos delitos federales al decidir la implantaci¨®n del corralito. Urso, c¨¦lebre desde que ordenara la prisi¨®n del ex presidente Carlos Menem por contrabando de armas, tambi¨¦n deber¨¢ decidir la suerte de Domingo Cavallo, ex ministro de Econom¨ªa, en la misma causa.