Chaves recurre el 'decretazo' ante el Tribunal Constitucional

La Junta de Andaluc¨ªa decidi¨® ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma de las prestaciones por desempleo, una opci¨®n que barajaba desde hac¨ªa semanas el presidente auton¨®mico, el socialista Manuel Chaves. El recurso, que ultima el gabinete jur¨ªdico del Ejecutivo andaluz, se a?ade al anunciado por el Grupo Parlamentario Socialista contra el decretazo, que tambi¨¦n ser¨¢ firmado por los diputados de IU. Pero, a diferencia del recurso del PSOE, las principales objeciones de la Junta a la constitucionalidad del texto se centran en la eliminaci¨®n de los salarios de tramitaci¨®n.

El presidente de la Junta andaluza se ha significado por su oposici¨®n al decreto que aprob¨® a finales de mayo el Gobierno central para reformar las prestaciones por desempleo, una medida que ha generado una fuerte contestaci¨®n social en Andaluc¨ªa al incluir la eliminaci¨®n progresiva del subsidio agrario que cobran unos 200.000 jornaleros. Tras constatar el amplio seguimiento de las protestas sindicales en la comunidad, incluida la huelga general del 20 de junio, Chaves anunci¨® que har¨ªa 'todo lo posible' por evitar la aplicaci¨®n de la reforma, lo que inclu¨ªa la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, confirm¨® ayer que el Consejo de Gobierno de la Junta hab¨ªa decidido abrir la v¨ªa jur¨ªdica contra el decretazo, una opci¨®n que hasta ahora s¨®lo hab¨ªa anunciado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, con el respaldo de IU. Cervera indic¨® que el gabinete jur¨ªdico auton¨®mico ya tiene muy adelantada la redacci¨®n del recurso, por lo que consider¨® probable que se presente ante el Constitucional a finales de este mes.

La Junta ya encarg¨® a un equipo de catedr¨¢ticos especializados en Derecho del Trabajo un primer dictamen sobre la constitucionalidad de la reforma, en el que se consideraba que su tramitaci¨®n a trav¨¦s de un decreto no estaba justificada, por no existir razones de 'urgente necesidad'. Tambi¨¦n se consideraba que pod¨ªa existir una invasi¨®n de competencias auton¨®micas en legislaci¨®n laboral. El portavoz andaluz confirm¨® ayer que el recurso de la Junta incluir¨¢ su objeci¨®n 'formal' al uso del decreto -como tambi¨¦n har¨¢ el Grupo Parlamentario Socia-lista-, pero explic¨® que el gabinete jur¨ªdico a¨²n no hab¨ªa decidido si esgrimir¨¢ la vulneraci¨®n de competencias auton¨®micas en su escrito.

Seg¨²n explic¨® Cervera, el peso de la argumentaci¨®n jur¨ªdica de la Junta para demostrar la inconstitucionalidad del decretazo se centrar¨¢ en los salarios de tramitaci¨®n. El portavoz andaluz indic¨® que la modificaci¨®n del Estatuto de los Trabajadores que incluye el decreto para excluir del Fondo de Garant¨ªa Salarial el pago de los salarios de tramitaci¨®n puede ser inconstitucional al 'no adecuarse a los fines para los que se adopta [el decreto]': facilitar oportunidades de empleo, mejorar el mercado de trabajo o corregir disfunciones en las prestaciones.

Este fondo era el encargado de pagar la indemnizaci¨®n complementaria por salarios de tramitaci¨®n que inclu¨ªan las resoluciones judiciales de despido improcedente o nulo. Hasta el decretazo, la empresa estaba obligada a pagar 60 d¨ªas de salario al trabajador despedido en esos casos, mientras que el Estado deb¨ªa hacerse cargo del resto del tiempo que hab¨ªa discurrido desde el despido hasta la sentencia.

Ahora el trabajador s¨®lo tiene derecho a cobrar la prestaci¨®n por desempleo desde el despido, a no ser que el empresario decida readmitirle tras una sentencia por despido improcedente. Un aspecto que el gabinete jur¨ªdico de la Junta tambi¨¦n entiende conflictivo. 'El cobro del salario de tramitaci¨®n queda al albur de la decisi¨®n de los empresarios en caso de despido improcedente, lo que representa una vulneraci¨®n del principio constitucional de igualdad ante la ley', asegur¨® Cervera.