Desoladora convicci¨®n

EN EL RECIENTE DEBATE sobre el estado de la naci¨®n, el portavoz del PNV hizo una apocal¨ªptica denuncia de la ocupaci¨®n del Poder Judicial por el Gobierno y revel¨® que el Constitucional se dispon¨ªa a otorgar el amparo a los cinco condenados a elevadas penas de prisi¨®n (entre 71 y 75 a?os) por la Audiencia Nacional (abril de 2000) y el Supremo (julio de 2001) en el caso Lasa-Zabala. La terquedad de los hechos, sin embargo, ha desmentido la infundada y maliciosa predicci¨®n de Anasagasti; aunque fuese verdad que el Gobierno presion¨® al Constitucional a trav¨¦s de su presidente, del fiscal y del abogado del Estado para forzar una sentencia favorable a los recurrentes que le permitiera ahorrarse el coste pol¨ªtico de su indulto (el torpe intento de recusar al magistrado Vives ser¨ªa un indicio de esas recusables maniobras), el rechazo del amparo por el tribunal -siete votos frente a cinco- confirma una vez m¨¢s la n¨ªtida frontera que separa a la pol¨ªtica y a la justicia dentro del Estado democr¨¢tico de derecho.

Quedan confirmadas las condenas dictadas por la Audiencia Nacional y el Supremo contra el ex general Enrique Rodr¨ªguez Galindo y otros cuatro coautores de dos delitos de secuestro y asesinato

Enrique Rodr¨ªguez Galindo (ex general de la Guardia Civil y jefe del acuartelamiento donostiarra de Intxaurrondo hasta 1995), Julen Elgorriaga (gobernador civil de Guip¨²zcoa al comienzo del mandato socialista), ?ngel Vaquero (ex teniente coronel de la Guardia Civil) y Felipe Bayo y Enrique Dorado (cabos expulsados en su d¨ªa del cuerpo) fueron condenados por dos delitos de detenci¨®n ilegal y de asesinato. Las v¨ªctimas del crimen fueron dos j¨®venes de Tolosa miembros de ETA que hab¨ªan buscado refugio en Bayona tras atracar un banco en 1981; la documentada y recomendable obra sobre los GAL del periodista irland¨¦s Paddy Woodworth (Guerra sucia, manos limpias, Cr¨ªtica, 2002) ofrece un buen relato de la dram¨¢tica desaparici¨®n, tortura y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Ese negro episodio marc¨® el arranque cronol¨®gico de las criminales operaciones encubiertas perpetradas entre 1983 y 1986 (con un l¨²gubre saldo final de 27 cad¨¢veres) por los aparatos de seguridad estatales contra ETA y su entorno en el sur de Francia. Los 19 a?os transcurridos entre el secuestro de Lasa y Zabala en Bayona la noche del 15 al 16 de octubre de 1983 y el rechazo del amparo constitucional solicitado por sus verdugos sirvieron de escenario a episodios tan siniestros como el casual hallazgo en 1985, cerca de Busot (Alicante), de sus restos calcinados, que tardar¨ªan una d¨¦cada en ser identificados: el examen forense revel¨® que los secuestrados fueron sometidos a torturas y asesinados mediante tiros en la cabeza.

La sentencia del Constitucional pone de manifiesto la mala fundamentaci¨®n de los motivos de amparo alegados por los condenados: su derecho a un juez imparcial (por la frustrada recusaci¨®n de varios magistrados durante el proceso) y a la presunci¨®n de inocencia (por la retractaci¨®n de Bayo de su inicial confesi¨®n inculpatoria y por el valor dado a las declaraciones de testigos de referencia). El voto discrepante de los cuatro magistrados defiende con sofister¨ªa doctrinal una estimaci¨®n parcial del amparo, limitada al delito de asesinato: esa marrullera maniobra fracas¨® en su tentativa de anular las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo a fin de retrotraer las actuaciones hasta un nuevo juicio que permitiese declarar prescrito el delito de secuestro sin muerte.

Con independencia de las eventuales presiones pol¨ªticas ejercidas desde fuera del tribunal y coadyuvadas taimadamente desde su interior, la mayor¨ªa firmante de la sentencia y la minor¨ªa derrotada del Constitucional han sostenido un debate exclusivamente jur¨ªdico: los magistrados discrepantes confiesan su 'desolada convicci¨®n' de que 'agentes del Estado estuvieron detr¨¢s de los repugnantes cr¨ªmenes' del caso Lasa-Zabala. Esta confirmada subordinaci¨®n del Estado democr¨¢tico de derecho a los principios, los mandatos y las garant¨ªas del ordenamiento constitucional da la raz¨®n a Paddy Woodworth cuando afirma que la capacidad de los tribunales espa?oles para castigar -sin producir 'ning¨²n cataclismo'- los cr¨ªmenes de la guerra sucia sirve como prueba de que 'la democracia m¨¢s joven de Europa occidental es, en este sentido, m¨¢s madura que Francia, Alemania o Gran Breta?a'.