Condenados en Chile 12 militares por un crimen cometido durante la dictadura

El juez Sergio Mu?oz sentenci¨® ayer a 12 militares chilenos retirados, la mayor¨ªa ex miembros de la Direcci¨®n de Inteligencia del Ej¨¦rcito (DINE), a penas de prisi¨®n por el asesinato en 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet, del ex dirigente sindical Tucapel Jim¨¦nez. La sentencia dej¨® un sabor agridulce a los familiares de la v¨ªctima, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos, que agradecen que se haya aclarado el homicidio, pero critican que las condenas sean bajas, y fue valorada favorablemente por el Gobierno y los partidos oficialistas como un avance de la justicia.

Las sentencias recayeron sobre el coronel Carlos Herrera (prisi¨®n perpetua) y dos suboficiales (seis a?os de c¨¢rcel) como autores materiales. Como autores intelectuales fueron condenados el general Rams¨¦s Alvarez, ex jefe del DINE (10 a?os de c¨¢rcel), el brigadier V¨ªctor Pinto y el teniente coronel Maximiliano Ferrer (ocho a?os). Otros dos oficiales recibieron penas de tres a?os como c¨®mplices, mientras que los generales Hern¨¢n Ram¨ªrez Rurange, Hern¨¢n Ram¨ªrez Hald y Fernando Torres Silva fueron sentenciados como encubridores a 800 d¨ªas de presidio remitido, que se cumple firmando peri¨®dicamente y sin c¨¢rcel. El coronel Enrique Ibarra fue condenado a 541 d¨ªas. Cuatro procesados fueron absueltos.

Los querellantes, que esperaban prisi¨®n perpetua para todos los autores, materiales e intelectuales, anunciaron que apelar¨¢n las 'baj¨ªsimas' sentencias, aunque igualmente valoraron el trabajo de investigaci¨®n del magistrado. La presidenta de la Agrupaci¨®n de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana D¨ªaz, calific¨® las penas de 'vergonzosas' y dijo que aspiraban a 'perpetua para los generales del Ej¨¦rcito que, usando su uniforme, planificaron el crimen'. Tucapel Jim¨¦nez hijo consider¨® 'blandas' las sentencias y dijo que se hizo 'justicia a medias'. Entretanto, el ministro portavoz del Gobierno, Heraldo Mu?oz, consider¨® el caso como 'un hito en cuanto a hacer justicia y establecer la verdad', y afirm¨® que permite avanzar en la legitimaci¨®n social de la justicia.

Los querellantes estiman que unas sesenta personas estuvieron involucradas en el crimen, pero el juez concentr¨® las condenas en los 11 sobre los que logr¨® pruebas. El abogado querellante, Jorge Mario Saavedra, afirm¨® tener la convicci¨®n de que el ex dictador Augusto Pinochet es el responsable, 'pero si lo hubi¨¦ramos involucrado no tendr¨ªamos hoy sentencia'. El juez Mu?oz explic¨® que recogi¨® antecedentes, 'pero ninguna evidencia o prueba directa' contra Pinochet.

Jim¨¦nez, que era presidente de la Asociaci¨®n Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y hab¨ªa sido opositor al ex presidente Salvador Allende, fue asesinado en febrero de 1982, cuando buscaba unificar al movimiento sindical para realizar una huelga general contra la dictadura. Poco antes del crimen, Pinochet amenaz¨® a los que realizaban acciones contrarias a su Gobierno, a los 'enquistados' que trataban de 'sembrar la ciza?a en las mentes de los trabajadores'. En una amenaza dirigida a Jim¨¦nez, pero sin nombrarlo, dijo: 'Tengan mucho cuidado, se?ores'.

El dirigente era vigilado por el DINE, cuyos jefes dieron la orden de matarlo, seg¨²n confes¨® uno de los autores. El 25 de febrero de 1982, tres agentes de la DINE se subieron al taxi que manejaba Jim¨¦nez desde que hab¨ªa sido despedido del sector p¨²blico, y le pidieron que los llevara a las afueras de Santiago, donde lo mataron a balazos y apu?alaron en el cuello, simulando un asalto.

Los responsables intentaron encubrir el crimen, a pesar de que a pocos les cupo duda de la mano que estaba detr¨¢s. Incluso agentes de la CNI asesinaron al carpintero Juan Alegr¨ªa simulando un suicidio y lo forzaron a declararse culpable en una carta. Durante 18 a?os, mientras la investigaci¨®n fue dirigida por el juez Sergio Valenzuela, uno de cuyos hijos trabaj¨® en la CNI, las pesquisas no avanzaron hasta que los querellantes lograron hace dos a?os su reemplazo.

El nuevo juez, Sergio Mu?oz, hizo una investigaci¨®n minuciosa. Insatisfecho con el informe policial de una huella dactilar, orient¨® la investigaci¨®n para identificar al personal del Ej¨¦rcito que ocultaba la informaci¨®n; estudi¨® con su equipo un mill¨®n de nombres de los registros de sueldos y compar¨® sus huellas; consigui¨® apoyo externo para identificar el arma a partir de los proyectiles. Dos confesiones y las mutuas acusaciones entre los responsables le permitieron identificar a los culpables. En el caso del carpintero, dict¨® anteriormente tres condenas a cadena perpetua y una a 10 a?os de c¨¢rcel a los cuatro implicados.