La llegada de 100 nuevos inmigrantes forz¨® el desalojo del campus de Sevilla

El rectorado pidi¨® la intervenci¨®n de los agentes, que llevaron a los 273 encerrados a la comisar¨ªa

La rectora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Rosario Valpuesta, decidi¨® en la tarde del pasado mi¨¦rcoles que hab¨ªa llegado el momento de acabar con el encierro que hab¨ªan iniciado m¨¢s de 430 inmigrantes en el campus sevillano el pasado 10 de junio. Las fricciones entre los encerrados y algunos trabajadores de la universidad, el deterioro de la salud de algunos de ellos y sobre todo la llegada al campus de unos cien inmigrantes m¨¢s en los ¨²ltimos d¨ªas llevaron a la junta de gobierno de la UPO a pedir la intervenci¨®n policial, realizada sin incidentes en la madrugada de ayer. Hubo 273 detenidos.

Entre los 273 inmigrantes detenidos ayer en el campus sevillano por la polic¨ªa figuraba un centenar que se hab¨ªan incorporado al encierro en los ¨²ltimos d¨ªas. Este flujo de nuevas entradas ha sido uno de los argumentos de m¨¢s peso que ha decidido a la rectora de la UPO a pedir la intervenci¨®n policial para desalojar el campus, que comenz¨® a las seis y cuarto de la madrugada. 'Ten¨ªamos constancia de que entraban inmigrantes nuevos', dijo.

El anterior ministro del Interior, Mariano Rajoy, hab¨ªa declarado cuando comenz¨® el encierro que la rectora no deb¨ªa preocuparse por un eventual desalojo policial del campus e insinu¨® en tono ir¨®nico que acabar¨ªa pidiendolo ella.

Estas nuevas incorporaciones explican que hubiese 273 detenidos pese a que la propia universidad calculaba que permanec¨ªan encerrados s¨®lo entre 150 y 170 personas, todas de nacionalidad argelina excepto la rumana Adriana Covaci. M¨¢s de 430 inmigrantes se encerraron en el recinto universitario casi en v¨ªsperas de la cumbre de la Uni¨®n Europea, celebrada en Sevilla el pasado junio, para reclamar una regularizaci¨®n colectiva.

La negativa del Gobierno a dar 'papeles para todos', como pretend¨ªan, dej¨® como ¨²nica salida posible la tramitaci¨®n individual de los expedientes. Cerca de 200 inmigrantes accedieron a entregar sus documentos al defensor del pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo, y se cre¨® una comisi¨®n jur¨ªdica en la UPO para tramitar las salidas individuales y derivarlas hacia las provincias de residencia habitual de los extranjeros. La mayor¨ªa de estos 200 abandonaron en diferentes grupos el encierro, como exig¨ªa la Administraci¨®n para que se estudiasen sus casos, pero en la UPO decidieron permanecer entre 150 y 170, que no confiaban en la oferta de Chamizo. A estos se agregaron alrededor de un centenar de reci¨¦n llegados.

Pero la UPO no s¨®lo pidi¨® el desalojo por el aumento de encerrados. A juicio de la junta de gobierno de la universidad, la 'violencia interna' entre los inmigrantes hab¨ªa aumentado en los ¨²ltimos d¨ªas e incluso 'el derecho a la vida de alguno de ellos hab¨ªa estado en peligro'. Seg¨²n la universidad, un grupo de encerrados imped¨ªa el abandono libre de los dem¨¢s y prohib¨ªa la hospitalizaci¨®n de quienes estaban enfermos. Adem¨¢s, la junta de gobierno asegur¨® que la continuidad de la protesta imped¨ªa el desarrollo de obras en la zona de los pabellones que ocupaban los encerrados.

Un nutrido grupo de agentes de las unidades de Intervenci¨®n y de la Brigada de Extranjer¨ªa del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa lleg¨® a las 6.15 horas de ayer al campus de la Pablo de Olavide. Con la ayuda de un helic¨®ptero que revoloteaba iluminando la zona con sus focos y una unidad a caballo, los agentes arrinconaron, alinearon y esposaron a los 273 personas all¨ª encerradas. Poco despu¨¦s, los inmigrantes fueron trasladados hasta el gimnasio de la sede de la Jefatura Superior de Sevilla, donde, de uno en uno se les fue identificando y filiando. Fuentes policiales aseguran que los 273 inmigrantes podr¨ªan permanecer en la sede de la Jefatura de Polic¨ªa sevillana hasta el pr¨®ximo s¨¢bado.

El proceso legal es lento, ya que se manejar¨¢ en bloque. En primer lugar, se les identificar¨¢ y comprobaran si alguno de los ahora detenidos tiene alg¨²n proceso judicial abierto. Tras esto, los inmigrantes van pasando a otra dependencia a la espera de que la Brigada de Extranjer¨ªa de la polic¨ªa les entreviste ante abogado e int¨¦rprete y abra su correspondiente expediente, valorando la situaci¨®n legal en cada caso.

Seg¨²n el defensor del pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo, al menos una treintena de ellos ya ten¨ªa sus expedientes de regularizaci¨®n los suficientemente avanzados como para obtener sus permisos de residencia 'incluso si se les aplicara la Ley de Extranjer¨ªa de la manera m¨¢s estricta'. Chamizo cifra en otros 30 los que ten¨ªan 'muchas posibilidades' de culminar con ¨¦xito su proceso de regularizaci¨®n. El defensor espera que el Gobierno act¨²e con 'generosidad' ante estos casos.

Tras las diversas actuaciones policiales, los 273 expedientes llegar¨¢n a la Oficina de Extranjeros de la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Sevilla, en donde se decidir¨¢ qui¨¦nes pueden obtener papeles o, en su caso, pedirle al juez de Dos Hermanas encargado del caso que solicite la expulsi¨®n del pa¨ªs.

La polic¨ªa tiene un plazo de 72 horas para realizar sus tr¨¢mites y aquellos a los que se les incoe expediente de expulsi¨®n tienen otros tres d¨ªas para presentar alegaciones. As¨ª, aquellos que tengan expedientes abiertos por esta situaci¨®n en otros juzgados tienen derecho a que, si hubiera orden de expulsi¨®n, ¨¦sta permanezca suspendida hasta la resoluci¨®n de los procedimientos previos.

Fuentes policiales aseguran que gran parte de los inmigrantes podr¨ªan ser trasladados a los centros de extranjeros de M¨¢laga, Murcia y Madrid. Por su parte, el consejero de Gobernaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, Alfonso Perales, asegur¨® que desde el Ministerio del Interior le hab¨ªan asegurado que un contingente de los 273 detenidos ayer podr¨ªa ser trasladado hasta el antiguo cuartel de la Isla de las Palomas, en Tarifa.