Reloj en marcha

Los atentados de ETA en la costa alicantina y el silencio c¨®mplice de Batasuna, as¨ª como las retorcidas pero concluyentes explicaciones exculpatorias de su portavoz, Arnaldo Otegi, han convencido al Gobierno del PP y al PSOE, comprometidos por el Pacto sobre las Libertades y contra el Terrorismo, de que es hora de iniciar formalmente los tr¨¢mites que deben concluir en la presentaci¨®n de la demanda para la ilegalizaci¨®n de la formaci¨®n aberzale ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. El acuerdo de los dos partidos mayoritarios, que suman 307 de los 350 esca?os del Congreso, era un punto de partida b¨¢sico para adoptar una iniciativa de tanta transcendencia jur¨ªdica y pol¨ªtica como la de ilegalizar una fomaci¨®n pol¨ªtica. Pero es deseable que ese acuerdo se ampl¨ªe al resto de las fuerzas pol¨ªticas, y no s¨®lo a las que mantienen pactos con el Gobierno como CiU y Coalici¨®n Canaria, sino a Izquierda Unida y, desde luego, al PNV.

El procedimiento acordado por el Gobierno y el PSOE es que sea un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, que su Diputaci¨®n Permanente deber¨ªa convocar para el d¨ªa 26 de agosto, el que inste al Gobierno a presentar la demanda de ilegalizaci¨®n. Es una v¨ªa contemplada en la Ley de Partidos y, sin duda, la m¨¢s acertada para la ocasi¨®n. Ese pleno es el escenario adecuado para debatir p¨²blicamente las razones de la iniciativa y para fortalecer el consenso entre las fuerzas pol¨ªticas. Y dar¨¢ ocasi¨®n de explicar su posici¨®n a las que, por motivos de fondo o de oportunidad, mantengan su oposici¨®n a la iniciativa. Pero ese pleno deber¨ªa ser tambi¨¦n el momento de abordar algunas de las medidas que habr¨¢n de tomarse para prevenir posibles efectos no deseables, adem¨¢s de los positivos que se esperan, que pueden derivarse de poner a Batasuna fuera de la ley. El Gobierno y el conjunto de las fuerzas pol¨ªticas tienen obligaci¨®n de evaluarlos y de prevenirlos en lo posible. Y tambi¨¦n de advertir claramente a la ciudadan¨ªa de que se trata de un primer paso pol¨ªtico y que esta medida no est¨¢ concebida para acabar de inmediato con los comandos operativos de ETA. La Ley de Partidos, dig¨¢moslo una vez m¨¢s, no es una ley antiterrorista.

La iniciativa de ilegalizar a un partido pol¨ªtico siempre plantea leg¨ªtimas dudas de fondo y de oportunidad. ?Es el momento procesal y pol¨ªtico oportuno de plantear ante los tribunales la ilegalizaci¨®n de una formaci¨®n pol¨ªtica como Batasuna, que no ceja en manifestar su connivencia con ETA y su estrategia de terror? El diputado por el PNV, I?aki Anasagasti, ha expresado esas dudas de oportunidad al se?alar que el 'estado emotivo' producido por los ¨²ltimos atentados de ETA no es el m¨¢s propicio para plantear una medida que exige serenidad y una cuidadosa evaluaci¨®n de sus consecuencias. Pero el problema es que la persistencia de las acciones terroristas de ETA no da opci¨®n a momentos m¨¢s serenos y propicios a la reflexi¨®n.

Con su ¨²ltima campa?a de terror, la banda terrorista ha anudado en el cuello de Batasuna la soga de su posible ilegalizaci¨®n. Lo cual demuestra, si hiciera falta, que es ETA la que manda y marca la estrategia en la constelaci¨®n de organizaciones que se mueven a su alrededor. Ello deber¨ªa hacer reflexionar a formaciones pol¨ªticas como IU que, tras constatar la dependencia de Batasuna respecto de la banda terrorista, apuesta ilusoriamente por que esa formaci¨®n rompa esa dependencia por propia iniciativa. Los hechos son tozudos y muestran para quien quiera verlos sin orejeras que la v¨ªa pol¨ªtica que representa Batasuna, as¨ª como su papel en las instituciones, s¨®lo los consiente ETA si complementan y refuerzan su estrategia militar, basada en la coacci¨®n y el chantaje y en el terror permanente a la sociedad. Ni los m¨¢s reticentes a la ilegalizaci¨®n de Batasuna pueden pretender que el Estado de derecho permanezca impasible ante tama?a impostura y subversi¨®n de las reglas democr¨¢ticas.