La hora de la dignidad democr¨¢tica

Recuerdo las circunstancias traum¨¢ticas en que acced¨ª a la Secretar¨ªa General del PSE, tras la celebraci¨®n del Congreso extraordinario. Fue bajo la sombra del asesinato, por ETA, de nuestro compa?ero, el concejal socialista de Orio Juan Priede. En aquel ambiente de conmoci¨®n, y en mi intervenci¨®n ante los delegados al Congreso, record¨¦ que 'los asesinos de Juan y sus c¨®mplices andan sueltos, libres y seguros por las calles de nuestros pueblos y ciudades, mientras que sus v¨ªctimas, en el mejor de los casos, se quedan secuestradas en sus domicilios'.

Me hac¨ªa eco, a trav¨¦s de este ejemplo, de la situaci¨®n radicalmente an¨®mala que se vive en Euskadi y que se caracteriza por el hecho de que quienes se mueven en el marco de la ley tienen que vivir escondidos como criminales por defender unas determinadas ideas, mientras que quienes se r¨ªen de la legalidad democr¨¢tica, la quebrantan sistem¨¢ticamente y jalean o no condenan el terrorismo, se pasean como due?os del pa¨ªs y con su libertad de expresi¨®n intacta. Y ya va siendo hora de acabar con esta anormalidad, que constituye un verdadero esc¨¢ndalo, aunque s¨®lo sea por un elemental sentido de verg¨¹enza democr¨¢tica.

En esta ocasi¨®n, como en otras, el nacionalismo se ha limitado a escurrir el bulto

Lo que se pretende es ilegalizar conductas que no se ajustan a las reglas democr¨¢ticas

No se puede seguir soportando que quienes apoyan sin el menor pudor a los liberticidas en el Pa¨ªs Vasco se burlen continuamente de nuestra democracia. Nadie puede entender a estas alturas que, mientras hay concejales socialistas y del PP que son acosados hasta la muerte por el terrorismo y sus c¨®mplices, ¨¦stos no sientan a su vez el acoso leg¨ªtimo del Estado de derecho.

No es asumible, y cada vez lo entiende menos gente, que haya representantes del pueblo perseguidos ilegalmente por defender sus posiciones pol¨ªticas, sin que se reprima a los perseguidores y a quienes les instigan con toda la fuerza de la ley. Por estas razones, y bastantes m¨¢s que podr¨ªan aportarse, el partido socialista ha defendido y pactado con el Gobierno central la modificaci¨®n de la Ley de Partidos, y ha apoyado sin reservas la puesta en marcha del proceso de ilegalizaci¨®n de Batasuna.

Durante demasiados a?os, la democracia espa?ola ha mantenido actitudes sumamente prudentes con el entorno pol¨ªtico de ETA. Los dem¨®cratas hemos alimentado la esperanza de que Herri Batasuna pudiera liberarse de la tutela de ETA y aceptara las reglas de juego del sistema de libertades. La espera ha sido prolongada, y el tiempo se ha agotado. A estas alturas resulta a todas luces evidente que HB (sea cual sea el nombre con que se disfrace) no tiene intenci¨®n de independizarse de ETA, porque forma parte del mismo entramado.

No resulta, pues, en modo alguno coherente perseguir policialmente a ETA y dejar que sus colaboradores pol¨ªticos operen en la legalidad. Para los socialistas, la unidad democr¨¢tica frente al terrorismo, eje de nuestra pol¨ªtica de libertades, exige que los partidos y las instituciones mantengan comportamientos claros y coherentes respecto a Batasuna. Por eso, propusimos en su d¨ªa en el Parlamento vasco que los partidos democr¨¢ticos se negaran a considerar siquiera las iniciativas de esta fuerza pol¨ªtica en tanto no condenara abiertamente la violencia.

Por la misma raz¨®n, somos tambi¨¦n partidarios de su marginaci¨®n legal. Porque no puede haber en democracia formaciones pol¨ªticas que, ampar¨¢ndose en el sistema democr¨¢tico, lo utilicen para dar cobertura, financiar o procurar la comprensi¨®n social del terrorismo. Eso es, sencillamente, atentar contra la democracia. Y la democracia se tiene que defender, sobre todo cuando peligra. Porque en el Pa¨ªs Vasco la ofensiva terrorista est¨¢ erosionando seriamente pilares fundamentales de una sociedad democr¨¢tica: el principio de representaci¨®n popular, la libertad de pensamiento, de expresi¨®n, de c¨¢tedra, de prensa, la igualdad pol¨ªtica son pr¨¢cticamente inexistentes cuando una mitad de la sociedad vasca, la no nacionalista, carece de las mismas oportunidades y no est¨¢ en las mismas condiciones que la otra para difundir sus ideas.

Ignoro los beneficios a largo plazo que la nueva Ley de Partidos aportar¨¢ al combate contra el terrorismo. No creo, en cualquier caso, que sea menor el de introducir mayores dosis de credibilidad social en las instituciones democr¨¢ticas y en el sistema de libertades. Porque no hay nada m¨¢s letal para la democracia que permanecer de brazos cruzados cuando se atenta contra ella.

Resulta, por eso, pintoresco, cuando no abiertamente obsceno, sostener, como lo hace el nacionalismo vasco junto con la Izquierda Unida de Javier Madrazo, que la Ley de Partidos haya nacido con vocaci¨®n de ilegalizar ideas, con la pretensi¨®n estrat¨¦gica de dejar al nacionalismo en su conjunto fuera de la ley. Lo que se pretende, por el contrario, es ilegalizar conductas que no se ajusten a las reglas del juego democr¨¢tico, precisamente para garantizar la igualdad de condiciones de todos los partidos pol¨ªticos.

La Ley de Partidos no le est¨¢ pidiendo a Batasuna nada distinto a lo que exige a cualquier otra fuerza pol¨ªtica para ser legal, sea el PNV, el PP, el partido socialista... o Aralar, formaci¨®n, esta ¨²ltima, que, compartiendo la misma ideolog¨ªa que Batasuna, ha cortado p¨²blicamente con la estrategia del terrorismo y no parece sentir ese temor que dicen sentir los dirigentes del PNV a una posible ilegalizaci¨®n por el hecho de ser independentista. Posiblemente sea bastante mayor el miedo que le inspiren sus antiguos compa?eros que el que pueda albergar con respecto al Estado democr¨¢tico.

Ser¨ªa, por eso, bastante m¨¢s sensato que el nacionalismo, que gobierna en Euskadi, que en lugar de buscar excusas para no comprometerse afrontara abiertamente sus responsabilidades para hacer causa com¨²n con la democracia. Desgraciadamente, en esta ocasi¨®n, como en tantas otras de su historia, el nacionalismo, acompa?ado en esta ocasi¨®n de la IU de Madrazo, se ha limitado a escurrir el bulto, perdiendo la oportunidad de ponerse al frente de la defensa de las libertades de todos, que son tambi¨¦n, y principalmente, las de los ciudadanos del Pa¨ªs Vasco. Ha preferido, por consideraciones electorales y con la vista puesta en los votos de Batasuna, fomentar un victimismo ¨²til para cerrar filas, pero sin base en la realidad, porque somos otros quienes ponemos las v¨ªctimas.

Desorienta y desmoraliza con esa actitud a una gran parte de la poblaci¨®n vasca, hu¨¦rfana de liderazgo institucional para hacer frente al terrorismo y su sistema de valores. Y da la espalda tambi¨¦n a las mejores tradiciones democr¨¢ticas del nacionalismo, traicionando el esp¨ªritu del lehendakari Aguirre, quien argumentaba su apoyo a la Rep¨²blica espa?ola amenazada por la insurrecci¨®n militar de Franco afirmando que, entre el fascismo y la libertad, hab¨ªa que optar siempre por la libertad. No parece ser ese esp¨ªritu, en el que fueron educados tantos militantes del PNV, el que rige ahora en un nacionalismo dirigido por los a?orantes del aranismo m¨¢s reaccionario.

Evidentemente, hay que decirlo tambi¨¦n, la aplicaci¨®n de la Ley de Partidos no agota, ni mucho menos, las posibilidades de acci¨®n pol¨ªtica para hacer frente, con mayor eficacia y con m¨¢s esp¨ªritu de di¨¢logo y de unidad democr¨¢tica, al terrorismo y los graves problemas de crispaci¨®n y divisi¨®n social que el terrorismo ha introducido en el Pa¨ªs Vasco.

Ni excusa, por tanto, las responsabilidades exigibles al Gobierno central para que impulse un di¨¢logo institucional a fondo con el Gobierno vasco tendente a acordar pol¨ªticas compartidas para hacer frente al enemigo com¨²n de los dem¨®cratas y del sistema de libertades. Un di¨¢logo institucional pr¨¢cticamente in¨¦dito, y no s¨®lo por falta de voluntad del Gobierno de Ibarretxe. Tampoco se ha intentado por parte del Gobierno de Aznar, m¨¢s preocupado por agrandar y agravar las diferencias y pol¨¦micas con el nacionalismo gobernante que por buscar puntos de entendimiento. Por eso, todav¨ªa hoy no existe una verdadera pol¨ªtica para resolver el problema que ETA representa. Una pol¨ªtica con may¨²sculas, global, compartida por todos los partidos e instituciones, complementaria de la acci¨®n policial y que facilite y precipite el fin del terrorismo. Hasta que no lleguemos a ese grado de entendimiento, lo que el terrorismo pierda por la v¨ªa policial lo ir¨¢ ganando por la v¨ªa pol¨ªtica.

Y, por ce?irnos al momento presente, tampoco estar¨ªa mal que el Gobierno de Aznar administrara con prudencia el amplio consenso alcanzado con las fuerzas pol¨ªticas, y m¨¢s particularmente con el nacionalismo catal¨¢n, en torno a la Ley de Partidos. En este sentido, considero desproporcionada la reacci¨®n del PP y su Gobierno por la abstenci¨®n de CiU en la votaci¨®n de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso de los Diputados para iniciar los tr¨¢mites de ilegalizaci¨®n de Batasuna. No es as¨ª como se mantiene el esp¨ªritu de entendimiento en cuestiones que desbordan ampliamente los intereses partidistas. Y, por otra parte, cabe preguntarse con preocupaci¨®n: un Gobierno que reacciona de manera tan sectaria ante sus aliados m¨¢s directos, en cuanto surge la primera discrepancia, ?est¨¢ en condiciones de emprender un verdadero di¨¢logo con el nacionalismo que gobierna en el Pa¨ªs Vasco?

Ma?ana, I?igo Urkullu, presidente de la ejecutiva de Vizcaya del PNV.

Patxi L¨®pez es secretario general del PSE-EE (PSOE).