Los herederos de Carmelo Soria ser¨¢n indemnizados por el Gobierno de Chile

La familia del ciudadano espa?ol y funcionario de la ONU Carmelo Soria, asesinado en julio de 1976 por agentes de la DINA, la polic¨ªa pol¨ªtica de la dictadura del general Augusto Pinochet, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno chileno. Seg¨²n el pacto alcanzado por ambas partes, las autoridades chilenas se comprometen a pedir a la justicia que reabra la investigaci¨®n del crimen y a pagar a los herederos de Soria una indemnizaci¨®n por una suma cercana a los dos millones de d¨®lares. El rastro de los asesinos de Soria conduce hasta las m¨¢s altas instancias de la tenebrosa DINA de Pinochet.

Alcanzado tras casi dos a?os y medio de negociaciones, el acuerdo implica tambi¨¦n el reconocimiento de la calidad de funcionario internacional con estatuto diplom¨¢tico de Carmelo Soria. La familia retirar¨¢ su demanda civil de indemnizaci¨®n econ¨®mica contra el Estado por 3,2 millones de d¨®lares y ambas partes acogen las recomendaciones que hizo a Chile la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), que en 1999 admiti¨® una denuncia por denegaci¨®n de justicia en este caso.

La tenaz b¨²squeda de justicia por parte de la familia frente a este crimen, cometido durante la dictadura del general Augusto Pinochet, en julio de 1976, por agentes de la DINA que torturaron y asesinaron a Soria, tuvo en la noche del jueves un importante avance. 'La buena disposici¨®n del ministro del Interior, Jos¨¦ Miguel Insulza, facilit¨® lograr este acuerdo de palabra, que ahora deber¨¢ ser ratificado por escrito en septiembre', sostuvo Carmen Soria, hija de la v¨ªctima y una luchadora por la defensa de los derechos humanos, que ha dedicado su vida a este caso.

El acuerdo 'implica que se acaba la acusaci¨®n por denegaci¨®n de justicia ante la CIDH, pero no paraliza ninguno de los procesos individuales ni se transa [negocia] ninguna petici¨®n ante la justicia'. Esto implica que el juez Baltasar Garz¨®n podr¨¢ seguir adelante con su investigaci¨®n, explic¨® Soria. 'Estamos dando cumplimiento a las recomendaciones que hizo la OEA en este caso', agreg¨®. Carmen Soria calific¨® de 'muy importante' el compromiso alcanzado y plante¨® su esperanza de que pueda servir de precedente en otros casos de atropellos a los derechos humanos cometidos en la dictadura. En las conversaciones y gestiones no participaron representantes del Gobierno espa?ol.

Respecto al destino de la indemnizaci¨®n, cuyo monto no quiso precisar, Carmen Soria sostuvo que 'no hay nada a la vista. Cada uno (los tres hermanos y la viuda) resolver¨¢n qu¨¦ hacer'. El abogado de la familia, Alfonso Insunza, afirm¨® que la suma, inferior a dos millones de d¨®lares y similar a la que el Estado pag¨® como compensaci¨®n a la familia del canciller chileno Orlando Letelier (tambi¨¦n asesinado por la DINA), se calcul¨® sobre la base del lucro cesante (lo que habr¨ªa ganado de no haber sido asesinado) y el da?o moral ocasionado a sus parientes.

El caso est¨¢ lejos de haber terminado y, de aceptar la justicia la petici¨®n de reapertura del sumario que realizar¨¢ la Oficina del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la investigaci¨®n puede avanzar bastante m¨¢s, cree Insunza. La Corte Suprema cerr¨® el caso en 1996, por aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa dictada por la dictadura para los cr¨ªmenes cometidos entre 1973 y 1978 a dos ex agentes de la DINA procesados por este homicidio.

Queda por determinar la responsabilidad penal de otros tres inculpados, todos miembros de la unidad de la DINA que cometi¨® el asesinato, dos generales de brigada y un teniente coronel, y sobre todo el jefe y subjefe de este organismo, los generales Manuel Contreras y Pedro Espinoza. Todos ellos se encuentran hoy fuera del Ej¨¦rcito, en situaci¨®n de retiro.

Insunza recuerda que testigos vieron a Contreras en el lugar del crimen, el domicilio de un ex agente de la DINA, el ciudadano de Estados Unidos Michael Townley, al d¨ªa siguiente del asesinato. 'Hay importantes diligencias pendientes', afirma el abogado. Entre ellas, tomar declaraci¨®n al encargado del cuidado de la vivienda donde torturaron a Soria. Tambi¨¦n es necesario que declare Tonwley desde Estados Unidos, donde hoy reside acogido al programa de protecci¨®n de testigos tras haber sido condenado por el homicidio de Letelier, plantea Carmen Soria. Tambi¨¦n espera que se nombre un juez con dedicaci¨®n exclusiva al caso. En otros procesos por cr¨ªmenes de la dictadura estos magistrados han logrado buenos resultados.

Refugiado de guerra

La evidencia que ha recopilado la justicia apunta contra los jefes de la DINA. El propio Townley ha declarado que recibi¨® una llamada en su domicilio del comandante Eduardo Iturriaga, hoy general retirado, avis¨¢ndole de que llevaban un detenido. El abogado Insunza sostiene que el asesinato de Soria, un ex refugiado de la guerra civil espa?ola, militante comunista, de 54 a?os en el momento del crimen, constituy¨® en plena dictadura de Pinochet 'un aviso de la impunidad de la DINA a los comunistas: nadie, ni siquiera alguien con estatus diplom¨¢tico estaba a salvo'.

El acuerdo amistoso que lograron los parientes de la v¨ªctima y el Gobierno chileno est¨¢ contemplado por la CIDH, ante la cual tendr¨¢ que suscribirse por escrito en septiembre, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la familia Soria. El abogado Insunza considera 'aceptable el acuerdo, porque contempla una forma de reivindicaci¨®n de la v¨ªctima y de reparaci¨®n a sus familiares'. Parte de las peticiones de la familia Soria es que Insunza siga como abogado del caso, en el cual trabaja ya 11 a?os.