La leg¨ªtima defensa de la libertad
El autor explica las razones para actuar contra Batasuna. Este art¨ªculo es el ¨²ltimo de la serie sobre el proceso para ilegalizar a ese partido. En ella han escrito Gaspar Llamazares, Patxi L¨®pez, I?igo Urkullu y Josep Antoni Duran Lleida.
Nuestras instituciones est¨¢n escribiendo una p¨¢gina en la historia de la democracia espa?ola que marcar¨¢ un antes y un despu¨¦s en la estabilidad del sistema constitucional, en la defensa de nuestras libertades p¨²blicas y en el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho.
En la estabilidad pol¨ªtica de nuestro sistema constitucional, porque la decisi¨®n de instar la ilegalizaci¨®n de Batasuna supone una garant¨ªa jur¨ªdica y pol¨ªtica m¨¢s que reduce, frente a los totalitarios y a los enemigos de las sociedades abiertas, la vulnerabilidad de nuestro marco constitucional y, en consecuencia, refuerza su estabilidad.
En la defensa de las libertades p¨²blicas de todos los ciudadanos, porque se ha puesto en marcha un proceso que limitar¨¢ la capacidad de actuaci¨®n de ETA, uno de cuyos pulmones pol¨ªticos y sociales ha sido, durante los ¨²ltimos a?os, Batasuna.
Protegiendo a Batasuna, el PNV trata de convertirse en la fuerza nacionalista hegem¨®nica
CiU prefiere su relaci¨®n hist¨®rica con el PNV a la coherencia con sus principios
?Alguien quiere desconocer a estas alturas de la historia no ya la complicidad, sino el protagonismo de Batasuna en la extensi¨®n del terror, en el imperio del miedo y en la vulneraci¨®n sistem¨¢tica y cruel de los derechos humanos en el Pa¨ªs Vasco?
ETA no es s¨®lo una organizaci¨®n terrorista integrada por una serie de comandos; ETA es un entramado pol¨ªtico y social creado por la c¨²pula de la banda que, refugiada en Francia, entendi¨® que para ser eficaz necesitaba una red legalizada en Espa?a que, bajo la tapadera -en este caso- de un partido pol¨ªtico, cumpliera tambi¨¦n otras funciones. En otras palabras: Batasuna ha servido a ETA desde la impunidad.
Para la mayor¨ªa de las fuerzas pol¨ªticas representadas en el Parlamento, no hay ninguna duda: Batasuna no es un partido como los dem¨¢s. En gran parte ha sido una tapadera de ETA. Cargos electos de Batasuna se han integrado en comandos. Personas de su direcci¨®n han formado o forman parte del entramado financiero, ideol¨®gico y medi¨¢tico de la banda. Batasuna est¨¢ detr¨¢s de las amenazas a ciudadanos y del respaldo t¨¢cito, cuando no expreso, a las acciones terroristas. Por si quedara alguna duda, la propia banda terrorista ha marcado el territorio: ha mostrado cu¨¢les son sus aut¨¦nticos v¨ªnculos al amenazar a los partidos democr¨¢ticos que apoyen la ilegalizaci¨®n de Batasuna.
Despu¨¦s de tantas evidencias, ?qu¨¦ tiene todav¨ªa que ocurrir?, ?a qu¨¦ m¨¢s se debe esperar para que impere la decencia en lo que deben considerarse fuerzas pol¨ªticas democr¨¢ticas?
Un partido que no es como los dem¨¢s no puede disfrutar de los derechos, de las tribunas o, simplemente, de la financiaci¨®n p¨²blica que nuestro sistema otorga a las organizaciones democr¨¢ticas.
Tratar de que impere la decencia es, en todo caso, luchar contra los que quieren imponer sus ideas a trav¨¦s de la violencia. No se trata de combatir ideas leg¨ªtimas. Quienes lo afirman pretenden establecer un falso debate. La democracia espa?ola no ha perseguido ni perseguir¨¢ nunca a nadie por sus ideas, pero debe decirse que la tolerancia democr¨¢tica tiene un l¨ªmite. El l¨ªmite est¨¢ en la leg¨ªtima defensa de la libertad. Tolerar no es rendirse, tolerar no es dejarse atropellar por quienes no toleran y persiguen la destrucci¨®n de la libertad.
Durante las ¨²ltimas semanas se ha celebrado un debate sobre la oportunidad de abrir el proceso de ilegalizaci¨®n. No hay ninguna sorpresa. Cada vez que desde el Estado de derecho se ha tomado una decisi¨®n importante para actuar contra el terrorismo, algunos ponen sistem¨¢ticamente en duda la oportunidad del momento elegido. Han sido 25 a?os de democracia para cargarnos de razones y para que dejemos de consentir la burla cruel de quienes han amparado la amenaza y la extorsi¨®n.
Se ha debatido tambi¨¦n sobre qui¨¦n deber¨ªa tomar la iniciativa. Creo que es muy positivo para la sociedad espa?ola contemplar que todas las instituciones que pueden hacerlo se impliquen en la defensa de la democracia, empezando por los partidos que de verdad son democr¨¢ticos.
Algunos han dicho que la aplicaci¨®n de la Ley de Partidos vendr¨ªa a empeorar la situaci¨®n en el Pa¨ªs Vasco y que ahondar¨ªa la fractura social en esa comunidad. Esta tesis s¨®lo puede defenderse desde la indefinici¨®n y la tibieza. Hay que preguntarse: ?cabe una mayor fractura social que la que est¨¢n sufriendo gran parte de los ciudadanos vascos? ?Cabe una mayor fractura social que la que ha provocado el exilio de miles de personas forzadas a abandonar su hogar y su tierra por la simple discrepancia de ideas? ?Cabe una mayor fractura social que la que vive una sociedad amenazada, mientras los c¨®mplices de los asesinos campan por sus respetos y se hacen los due?os de la calle?
El PNV no justifica los procedimientos de ETA, aunque coincide con muchos de sus fines. Una coincidencia que le lleva a cometer error tras error. En el caso de la ilegalizaci¨®n de Batasuna, el error consiste en interpretar que la derrota de ETA supondr¨¢ la derrota del conjunto del nacionalismo y que la ilegalizaci¨®n es una medida antivasca, cuando lo que se pretende es la recuperaci¨®n de la libertad para los vascos. Est¨¢n perdiendo una oportunidad hist¨®rica. La de demostrar desde su orgullo nacionalista que, antes que nada, son dem¨®cratas y que por ello se plantean derrotar a los que quieren imponer sus ideas a trav¨¦s de la fuerza. S¨®lo se puede comprender -aunque resulte injustificable- la protecci¨®n del PNV a Batasuna desde la b¨²squeda de su espacio electoral y por el af¨¢n del PNV para consolidarse como fuerza hegem¨®nica del espacio nacionalista.
Respecto a Converg¨¨ncia i Uni¨®, su abstenci¨®n nos produce, sobre todo, perplejidad. Todos recordamos a Jordi Pujol en un d¨ªa especialmente dram¨¢tico cuando afirmaba: 'A un lado est¨¢n los que ponen las bombas y al otro todos los dem¨¢s'. Aquella claridad de principios se ha visto aquejada por la enfermedad de los complejos. No por falta de criterios, porque CiU siempre ha sido intolerante con la violencia, sino porque su direcci¨®n ha preferido mantener su relaci¨®n hist¨®rica con el PNV antes que mostrarse coherente con sus principios y con los razonamientos de la mayor¨ªa de la sociedad catalana.
Cuando a trav¨¦s de las decisiones judiciales puede desaparecer la careta democr¨¢tica de Batasuna, hay que decir que tambi¨¦n se inicia una reparaci¨®n hist¨®rica con las v¨ªctimas de ETA. ?stas que no merecen una condolencia de Batasuna, ¨¦stas que a Batasuna le parecen 'fruto del conflicto', ¨¦stas que no han tenido la oportunidad de seguir ejerciendo su derecho a la vida.
Batasuna va a ser sometida a unos procesos con el amparo del Estado de derecho. ?sta es la gran diferencia entre la democracia constitucional y una organizaci¨®n que cree que el asesinato es una acci¨®n pol¨ªtica. O que al asesino, siempre cobarde, hay que rendirle homenaje popular.
Intentar¨¢n, como siempre, boicotear las pr¨®ximas elecciones municipales, pero dejar¨¢n de tener cobertura institucional para coaccionar, dejar¨¢n de estar en las mesas electorales para amenazar a los votantes y dejar¨¢n de hacer campa?a para el miedo y la muerte, si as¨ª lo deciden los jueces.
La ilegalizaci¨®n tendr¨¢, adem¨¢s, una enorme utilidad para el Gobierno vasco que, desde sus competencias exclusivas en materia de seguridad ciudadana, podr¨¢ y tendr¨¢ la obligaci¨®n de distinguir ya n¨ªtidamente en las calles del Pa¨ªs Vasco entre quienes act¨²an dentro de la ilegalidad y quienes act¨²an dentro de la legalidad. Y ah¨ª, en el cumplimiento m¨¢s cotidiano de la ley y de las resoluciones judiciales, estar¨¢ el term¨®metro del miedo y de la capacidad de seguir gobernando del nacionalismo vasco.
Comenzaba este art¨ªculo diciendo que los procesos abiertos para ilegalizar a Batasuna significar¨¢n el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho. La aplicaci¨®n de la Ley de Partidos se inscribe, como la propia ley, en ese proceso de reacci¨®n de la sociedad espa?ola iniciado en Ermua. Con la ilegalizaci¨®n, el Estado de derecho recupera la confianza en s¨ª mismo, se fortalece y aporta un elemento m¨¢s que tendr¨¢ una indudable utilidad a medio y largo plazo para combatir el miedo.
Es una cuesti¨®n de decencia pol¨ªtica y de higiene democr¨¢tica. Los ciudadanos sabr¨¢n apreciar c¨®mo sus representantes sin titubeos est¨¦riles, sin complejos, sin excusas, han tomado ya la decisi¨®n de que el Parlamento cumpla con su obligaci¨®n en defensa del inter¨¦s general y de la democracia constitucional que nos ha proporcionado 25 a?os de libertad.
Javier Arenas Bocanegra es secretario general del Partido Popular
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