Auto de choque

En el pleno parlamentario del lunes sobre la ilegalizaci¨®n de Batasuna, ninguno de los grupos que se abstuvieron o votaron en contra de la aplicaci¨®n de la Ley de Partidos -en el ejercicio de un leg¨ªtimo y democr¨¢tico derecho a discrepar de la mayor¨ªa- defendi¨® abiertamente el mantenimiento de la legalidad de esa formaci¨®n pase lo que pase. Incluso expresaron su apoyo a la ilegalizaci¨®n por la v¨ªa penal; es decir, si se demostrase en sede judicial que forma parte de un entramado claramente delictivo. Y eso es, justamente, lo que se demuestra en el auto del juez Garz¨®n.

Sus casi cuatrocientos folios se fundamentan en la sistematizaci¨®n de datos aportados por la polic¨ªa, y en particular en un informe, fechado en julio pasado, de la Unidad Central de Inteligencia. Algunos de esos datos -tomados de boletines internos de ETA, transcripciones de conversaciones, actas de reuniones- eran desconocidos, pero otros hab¨ªan aparecido en la prensa o en libros recientes. Y era de conocimiento p¨²blico que Batasuna presentaba casi siempre a presos de ETA en sus listas electorales. En las municipales de 1995, por ejemplo, hubo 32 presos en las candidaturas, seg¨²n recoge el escrito del instructor.

La novedad no es tanto los datos como su sistematizaci¨®n. Le¨ªdo de seguido, lo que m¨¢s choca del auto es la transparencia de los jefes de ETA: les parec¨ªa tan natural que la vanguardia armada dirigiera todo el tinglado, incluyendo un partido que compet¨ªa en las elecciones y cobraba subvenciones p¨²blicas, que dejaban constancia escrita de ello. S¨®lo muy recientemente, cuando Garz¨®n se acercaba a lo que buscaba, tom¨® esa vanguardia decisiones como la de enmascarar, primero, y negar, m¨¢s tarde, la existencia de KAS, la coordinadora utilizada por ETA para ejercer el mando. Fue Arnaldo Otegi el que, a finales de 1998, inform¨® de que hac¨ªa a?os que KAS hab¨ªa desaparecido, cosa que se ignoraba; a fines de 1999 aparec¨ªa Ekin, que asumi¨®, seg¨²n Garz¨®n, las mismas funciones.

Episodios como la intervenci¨®n directa de ETA en los congresos del partido Hasi, n¨²cleo ideol¨®gico duro de la vieja Herri Batasuna, incluyendo las purgas fulminantes, se conoc¨ªan por las memorias de algunos protagonistas y otras fuentes. Pero el auto incorpora actas de numerosas reuniones de KAS que revelan el modo de funcionamiento. Todos tienen voz, pero la ¨²ltima palabra la tiene ETA. Su intervenci¨®n se extiende a los nombramientos de directivos de medios de comunicaci¨®n, y hasta al estilo poco entusiasta de alg¨²n locutor de uno de esos medios. Tambi¨¦n hay papeles relacionados con la participaci¨®n de personas de la trama civil en el cobro del llamado impuesto revolucionario, y evidencias sobre una financiaci¨®n de doble direcci¨®n: la rama ilegal financia iniciativas legales, pero a partir de un momento dado los beneficios de ciertos montajes legales sirven para financiar actividades ilegales, seg¨²n se desprende del auto.

Lo que se deduce del conjunto no es tanto que ETA y Batasuna sean lo mismo, sino que ambas estructuras forman parte de un entramado com¨²n dirigido por ETA; pero esa ETA dirigente puede estar formada por miembros de los comandos y otras personas que no se dedican a eso. ?sa es la hip¨®tesis de fondo de Garz¨®n.

El auto tiene efectos inmediatos, aunque haya recursos. La ejecuci¨®n de la sentencia -que en el Pa¨ªs Vasco corresponde a la Ertzaintza en funciones de polic¨ªa judicial- hab¨ªa planteado inquietudes pol¨ªticas, a la vista de algunos gestos rupturistas del PNV en los ¨²ltimos meses. Sin embargo, tal como adelant¨® el lehendakari y defendi¨® el diputado Anasagasti en el pleno, el Gobierno de Vitoria 'aplica la ley, como no puede ser de otra manera', y en este caso la resoluci¨®n judicial. Los desalojos de las sedes de Batasuna en las capitales vascas por parte de la Ertzaintza provocaron ayer varios incidentes, pero no las cat¨¢strofes que algunos hab¨ªan augurado.

Lo m¨¢s importante es la actitud pol¨ªtica de las autoridades vascas. Una negativa a actuar, como le exig¨ªan los dirigentes de Batasuna, ser¨ªa equivalente a una declaraci¨®n de rebeld¨ªa: al conflicto. El PNV, un partido con vocaci¨®n institucional y tradici¨®n democr¨¢tica, se habr¨ªa separado de su electorado de haberse resistido a ejecutar la sentencia. La divergencia pol¨ªtica con una iniciativa como la Ley de Partidos, o la jur¨ªdica con la del juez Garz¨®n, no debe ser incompatible con el acatamiento de la legalidad. ?sa fue la doctrina del PNV tras la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n. El diputado nacionalista I?aki Anasagasti declar¨® ayer que quiz¨¢ 'deber¨ªamos volver al Pacto de Ajuria Enea'. Ser¨ªa un efecto colateral muy beneficioso de la iniciativa del juez Garz¨®n.