Una gigantesca noria de presos

Billy Ochoa est¨¢ condenado a 326 a?os de confinamiento solitario por utilizar 2.100 d¨®lares del bienestar social para comprar hero¨ªna, y el mendigo Gregory Taylor pasar¨¢ un m¨ªnimo de 25 a?os en la c¨¢rcel por intentar robar comida en una iglesia. La desproporci¨®n de sus sentencias, al igual que las de otros cientos de miles de reincidentes como ellos, es el s¨ªmbolo de la pol¨ªtica de mano dura que puso de moda Ronald Reagan y que ha convertido a Estados Unidos en una naci¨®n entre rejas. Un pa¨ªs en el que los pobres que entran en la noria de la justicia tienen menos oportunidades de salir de ella que los ricos, y los negros e hispanos, menos que los blancos.

Actualmente hay 6,6 millones de adultos en el sistema penitenciario, dos millones de los cuales son reclusos y el resto cumple distintos grados de libertad condicional. La tasa se ha quintuplicado desde los a?os setenta y es ya casi ocho veces superior al promedio de la UE. Las estad¨ªsticas, reveladas esta semana por el Departamento de Justicia, confirman a EE UU como primera potencia mundial en poblaci¨®n penitenciaria.

Este a?o, 630.000 presos aspiran a salir en libertad condicional. Seg¨²n cifras oficiales, uno de cada 32 ciudadanos est¨¢ bajo alg¨²n grado de supervisi¨®n penitenciaria

La filosof¨ªa de la rehabilitaci¨®n empez¨® a caer pol¨ªticamente en desgracia hace 25 a?os en favor de castigos draconianos

Un problema sin resolver

El encarcelamiento masivo como suced¨¢neo de una pol¨ªtica que aborde las ra¨ªces sociales del problema s¨®lo ha servido para crear 'un sistema en bancarrota', en opini¨®n de Jeremy Travis, ex director del Instituto Nacional de Justicia. Puede que sea un sistema fracasado, pero lo importante es que aparente no serlo. Y no hay pol¨ªtico, republicano o dem¨®crata, cuyo lema electoral no sea 'hay que meter a m¨¢s delincuentes en la c¨¢rcel, cueste lo que cueste'. Con esa promesa llegaron a la Casa Blanca Bill Clinton y George W. Bush.

El coste econ¨®mico supera los 50.000 millones de d¨®lares al a?o, pero el precio social puede ser incalculable, dependiendo del par¨¢metro con el que se mida. Si se utiliza el de la reinserci¨®n social, la cifra es inquietante: m¨¢s del 60% de los adultos y m¨¢s del 80% de los j¨®venes vuelven antes de tres a?os a la c¨¢rcel, de la que hab¨ªan salido con 15 d¨®lares en el bolsillo y un billete de autob¨²s, pero sin haberse rehabilitado.

La filosof¨ªa de la rehabilitaci¨®n empez¨® a caer pol¨ªticamente en desgracia hace 25 a?os en favor de castigos draconianos, que seg¨²n Joan Petersillia, profesora de criminolog¨ªa de la Universidad Irvine, 'han agravado' la tasa de reincidencia. La 'retroalimentaci¨®n' de la poblaci¨®n reclusa ha ido generando una industria penitenciaria que reparte generosas licitaciones para proveer comida, uniformes, tel¨¦fonos y alambradas, seguir levantando prisiones (3.300 nuevas en la ¨²ltima d¨¦cada) o subcontratar la gesti¨®n de decenas de c¨¢rceles con el sector privado.

Muchos presos reingresan porque han vuelto a delinquir, pero otros tantos acaban de nuevo entre rejas s¨®lo por violar una condici¨®n 't¨¦cnica' de su libertad provisional, como por ejemplo saltarse la cita con un funcionario de prisiones, fumar un pitillo de marihuana o salir con alguien que tenga una mancha en su pasado.

El prop¨®sito del endurecimiento de las condenas es supuestamente retirar de la sociedad a los criminales violentos, pero en realidad el 90% son por delitos menores. Casos como el de Ochoa, que al tercer tropiezo con la justicia les encierran de por vida aplic¨¢ndoles la ley 'three strikes and you are out (tres faltas y est¨¢s fuera '. Bajo esa ley, las ofensas no necesitan ser graves: hacer un cheque sin fondos o robar comida est¨¢ penalizado con cadena perpetua. California es el Estado con mayor n¨²mero de encarcelamientos por violaciones t¨¦cnicas, cerca de 70.000 al a?o.

Ochoa, de 54 a?os, est¨¢ en una c¨¢rcel de California. Entr¨® a la noria de la justicia con apenas 20 a?os, una noche de fiesta que en vez de llevar a una chica directamente a su casa la dio un rodeo por las autopistas. Ella le acus¨® de 'intentar' secuestrarla. Tras una breve estancia entre rejas se hizo adicto a la hero¨ªna y en dos ocasiones rob¨® para financiar su adicci¨®n. La ¨²ltima utiliz¨® el cheque de bienestar social que le ha costado cadena perpetua. Pasa 23 horas aislado y sale una hora, custodiado y con grilletes.

La mitad de los prisioneros federales y una tercera parte de los estatales son drogadictos o narcotraficantes. Las agresivas campa?as antidroga de los a?os ochenta desencadenaron una competici¨®n entre los legisladores para ver qui¨¦n redactaba las leyes m¨¢s draconianas, que hoy prevalecen.

Los partidarios de las penas severas dicen que a ellas se debe el descenso de los homicidios en cerca de un 40%. Quienes promueven un sistema alternativo, que incluya reinserci¨®n social, creen que son un castigo cruel. Uno de ellos es Marc Mauer, subdirector del Sentencing Project, que aboga por una amplia reforma del sistema penitenciario.

Mauer sostiene, entre otras cosas, que no se deber¨ªa privar a un convicto del derecho al voto. M¨¢s de 4,7 millones de norteamericanos lo han perdido.

El derecho al voto no es lo ¨²nico que pierden quienes salen de la c¨¢rcel tras cumplir condena. Tener un historial delictivo equivale a una sentencia de cadena perpetua. Nadie les quiere contratar, o alquilarles una casa, matricular a sus hijos en seg¨²n qu¨¦ colegios. Una gran mayor¨ªa son casi analfetos, drogadictos, tienen enfermedades mentales o f¨ªsicas, como sida o hepatitis. La vida se les vuelve un laberinto de puertas cerradas y tentaciones.

Este a?o saldr¨¢n en libertad, condicional o no, 630.000 personas. Pero el estigma alcanza a decenas de millones que a trav¨¦s de los a?os han tenido encuentros con la justicia. Seg¨²n las estad¨ªsticas difundidas esta semana, uno de cada 32 americanos est¨¢ actualmente bajo alg¨²n grado de supervisi¨®n penitenciaria.