Legalidad

A diferencia de otros veranos anteriores, cuyas agendas pol¨ªticas estaban determinadas por las iniciativas del MLNV -pacto de Lizarra, guerra de las banderas, etc¨¦tera-, este verano ha estado marcado por la doble persecuci¨®n legal de Batasuna -suspensi¨®n cautelar dictada por la Audiencia Nacional y solicitud de ilegalizaci¨®n aprobada por la mayor¨ªa absoluta del Congreso- leg¨ªtimamente emprendida por las instituciones espa?olas contra el brazo pol¨ªtico de ETA. Lo cual ha significado ante todo la recuperaci¨®n de la iniciativa pol¨ªtica por parte de aquellas fuerzas -Gobierno y oposici¨®n, PP y PSOE- que han apostado todas sus bazas por forzar una definitiva soluci¨®n judicial a la cuesti¨®n vasca, con exclusi¨®n de cualquier v¨ªa de di¨¢logo pol¨ªtico con la criminal extorsi¨®n de los terroristas.

Aunque minoritarios, hemos sido bastantes los que hemos formulado alguna clase de reservas sobre la conveniencia de ilegalizar o no Batasuna. Semejantes objeciones eran tanto de oportunidad -pues la ilegalizaci¨®n amenaza con dificultar el desarrollo futuro del proceso de pacificaci¨®n y reconciliaci¨®n- como de principios -pues toda exclusi¨®n de una parte de la representaci¨®n popular implica una degradaci¨®n de la calidad de nuestra democracia-. Pero tales reservas cr¨ªticas s¨®lo ten¨ªan sentido antes de que la ley de exclusi¨®n fuera aprobada. Pues una vez que ha pasado a formar parte de nuestro ordenamiento legal, resulta absurdo criticarla, y s¨®lo queda aplicarla. Justo lo mismo que hace el juez instructor Garz¨®n, con sus imputaciones de culpabilidad. Y aqu¨ª no importa que luego los tribunales verifiquen o no la calidad probatoria de la imputaci¨®n, pues en caso negativo siempre se puede volver de nuevo a la carga.

En todo caso, las leyes est¨¢n para ser cumplidas, si queremos que reine entre nosotros el imperio de la ley y el principio de legalidad, que es el gran invento -el Estado democr¨¢tico de derecho- que los europeos hemos aportado a la progresiva civilizaci¨®n del planeta. As¨ª que, a partir de ahora, despu¨¦s de aprobada la ley que permite excluir a los partidos que cooperan con el terrorismo, sobran las cr¨ªticas, y s¨®lo queda ser consecuente cumpliendo el procedimiento previsto por la ley. Es lo que ha hecho el Congreso de los Diputados, al solicitar la ilegalizaci¨®n de Batasuna. Y es lo que ha hecho el Gobierno vasco, al ejecutar el auto de su suspensi¨®n judicial.

Pero si ya no cabe discutir la nueva legalidad, quiz¨¢ convenga medir sus consecuencias futuras. La democracia espa?ola ha cruzado este verano su Rubic¨®n, dictando un alea jacta est del que resulta imposible retractarse ya. Aprobar la ley de ilegalizaci¨®n, que obliga a tener que aplicarla hasta el final, ha significado quemar las naves poniendo en marcha un ineluctable mecanismo sin retorno cuyo futuro recorrido no sabemos hacia d¨®nde nos conducir¨¢. ?Se realimentar¨¢ la espiral del odio, agudizando la divisi¨®n fratricida de la sociedad vasca? ?O se impondr¨¢ por el contrario una nueva cultura del respeto a la legalidad, poniendo fin al imperio de la impunidad?

Como se sabe, los terroristas con sus acciones esc¨¦nicas no s¨®lo buscan desmoralizar e intimidar sino algo m¨¢s, que es ganar la guerra psicol¨®gica imponiendo su sesgada definici¨®n de la realidad. Y su mensaje ret¨®rico es muy simple: matamos porque la injusticia del enemigo nos da derecho a ello. Por eso les respetan todos aquellos -educados en la tradici¨®n del nacionalismo vasco- predispuestos a creer en la injusticia espa?ola, y dispuestos por ello a disculpar los cr¨ªmenes de ETA. Para desarmar tan perverso mensaje resulta in¨²til insistir en la justicia de la causa espa?ola, y puede ser m¨¢s eficaz subrayar que los cr¨ªmenes son siempre injustificables, debiendo ser perseguidos de oficio. Por eso la ilegalizaci¨®n de Batasuna podr¨ªa tener una consecuencia imprevista positiva, como es la de ejercitar al PNV en el estricto cumplimento de la legalidad, si se ve obligado a imponer el imperio de la ley contra el nacionalismo radical.