La Comunidad contrat¨® cursos por 700.000 euros a las mismas empresas del 'caso Imefe'
El Gobierno asegura que todas las adjudicaciones se realizaron por concurso p¨²blico
La Comunidad de Madrid contrat¨® entre 1995 y 2000 decenas de cursos de formaci¨®n para desempleados, por valor de 697.560 euros, con las mismas empresas relacionadas con el denominado caso Imefe. Estas empresas cobraron del Instituto Municipal de Empleo (Imefe), dependiente del Ayuntamiento de Madrid, cursos que luego no impartieron, les fueron adjudicados concursos sin tener casi plantilla y pertenecen a militantes del PP. Estos cursos est¨¢n sufragados en parte por la Uni¨®n Europea. El Gobierno regional, del PP, asegur¨® ayer que todos los cursos fueron adjudicados en concurso abierto y que control¨® que todos fueran impartidos seg¨²n las condiciones acordadas.
'Hemos comprobado que las mismas empresas que acumularon irregularidades en el caso Imefe fueron contratadas por el Gobierno regional para impartir cursos casi iguales durante el mismo periodo de tiempo', denuncia Antonio Carmona, diputado regional del PSOE.
Estos cursos fueron contratados por el Instituto Madrile?o de Empleo (Imaf), una instituci¨®n que ya no existe. Hasta septiembre de 2001, la Consejer¨ªa de Econom¨ªa gestionaba las competencias de empleo. En esa fecha, fue creada la Consejer¨ªa de Trabajo, que asumi¨® la gesti¨®n de las pol¨ªticas de empleo y decidi¨® disolver el Imaf.
Los socialistas no han podido demostrar que estas empresas cometieran con el Gobierno regional las irregularidades demostradas en el caso Imefe: cobrar cursos no realizados e hinchar el n¨²mero de alumnos que asist¨ªan a ellos para cobrar m¨¢s dinero. La directora general de Empleo, Mar¨ªa Luisa Garc¨ªa L¨®pez, explic¨® ayer que 'el Imaf comprob¨® en todos los casos que los cursos se realizaron en las condiciones acordadas'.
Pese a eso, los socialistas ven 'preocupante que empresas de militantes del PP, sin apenas plantilla, e implicadas en un asunto tan grave hayan estado trabajando para la Comunidad. El PP debe explicar por qu¨¦', a?adi¨® Carmona.
Las compa?¨ªas a las que hace referencia el PSOE son grupos de empresas muy peque?as (en alg¨²n caso sin ning¨²n trabajador) que se presentaban a los concursos con distintos nombres, pese a tener la misma sede social y los mismos due?os.
Compa?¨ªas relacionadas
Uno de estos grupos es el formado por las firmas Prevec¨®n, Ifomar -sancionada por cobrar un curso no impartido a reclusos-, Incof y Defoco. Entre los administradores de estas empresas figuran dos militantes del PP, uno de ellos Javier Alvear Fern¨¢ndez Segado.
En total, el Grupo Prevec¨®n imparti¨® cursos de la Comunidad por valor de 427.920 euros entre 1996 y 2000, seg¨²n la documentaci¨®n aportada por la Consejer¨ªa de Trabajo. Tres de estos cursos fueron contratados por la Agencia Antidroga. 'Se cumplieron en los tres casos las condiciones fijadas en el concurso', explic¨® un portavoz de la Agencia Antidroga. Esta empresa ingres¨® 1,69 millones de euros del Imefe.
Otro de los grupos est¨¢ formado por Eteca y Protec, que comparten la misma sede y cinco consejeros, entre ellos un militante del PP (?ngel Hern¨¢ndez Fern¨¢ndez). Eteca y Protec impartieron cursos para el Imaf por valor de 84.142 euros entre 1995 y 1996. En el caso Imefe, su facturaci¨®n ascendi¨® a 1.478.500 euros entre los a?os 1996 y 2001.
El tercero de los grupos relacionados con el caso Imefe que tambi¨¦n ha sido contratado por el Gobierno regional es I3 Ingenier¨ªa Medioambiental, fundada por un ex militante del PP. Esta empresa fue contratada por la Consejer¨ªa de Medio Ambiente en 1996 y 1999 para redactar dos proyectos de obras en Villamantilla y Chinch¨®n, con un coste de 90.820 euros.
Un portavoz de Medio Ambiente explic¨® ayer: 'Esta empresa redact¨® los dos proyectos tras serles adjudicados sendos concursos en los que participaron otras empresas [17 en un caso y ocho en el otro] y que siguieron todos los cauces establecidos por la Ley de Contratos de las Administraciones p¨²blicas'.
En total, I3 Ingenier¨ªa Medioambiental y una empresa gemela, Laka, impartieron en el caso Imefe cursos por valor de 1,55 millones de euros cuando s¨®lo contaban con tres empleados: un ingeniero / licenciado y dos auxiliares. La formaci¨®n no constaba entre el objeto social de ninguna de estas dos compa?¨ªas.
Bruselas sanciona a Madrid
El caso Imefe sali¨® a la luz en enero de 2001, cuando EL PA?S public¨® que varias empresas participadas por militantes del PP hab¨ªan acaparado entre 1995 y 2000 unos 1.400 millones de pesetas en cursos de formaci¨®n para desempleados. Estas empresas apenas contaban con plantilla y en los concursos p¨²blicos compet¨ªan con prestigiosas academias de formaci¨®n. En los meses siguientes fueron haci¨¦ndose p¨²blicas m¨¢s irregularidades: algunos de estos cursos ni siquiera se hab¨ªan impartido y en otros las empresas cobraban dinero por m¨¢s alumnos de los que en realidad asist¨ªan a clase. Adem¨¢s, se demostr¨® que a veces los alumnos poco ten¨ªan que ver con el perfil profesional al que oficialmente iban dirigidas las clases. El propio Imefe sancion¨® posteriormente a una de estas empresas, Ifomar, por haber cobrado por impartir cursos de reinserci¨®n a reclusos que en realidad nunca existieron. Estos cursos estaban pagados parcialmente (entre un 30% y un 50% de su coste) por los fondos de la Uni¨®n Europea. Bruselas ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a devolverle 4,1 millones de euros por estas irregularidades. Una investigaci¨®n de la C¨¢mara de Cuentas de la Comunidad -el organismo encargado de fiscalizar el dinero que gastan las administraciones p¨²blicas en la regi¨®n- alert¨® en mayo de este a?o de que el Imefe no hab¨ªa controlado adecuadamente a las empresas implicadas para que llevaran a cabo los cursos en las mismas condiciones fijadas en los contratos de adjudicaci¨®n. Adem¨¢s, la C¨¢mara alert¨® de otras irregularidades en la gesti¨®n del Imefe, como el excesivo gasto en protocolo. El PSOE present¨® una denuncia ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n el pasado 23 de abril inst¨¢ndole a investigar estos hechos. La investigaci¨®n a¨²n no ha concluido. El caso Imefe cost¨® el cargo a dos altos cargos municipales, aunque su presidenta, Mar¨ªa Antonia Su¨¢rez, sigue el el cargo pese a las reiteradas demandas de la oposici¨®n para que sea relevada. El gerente del organismo, Ricardo Pey-dr¨®, s¨ª dimiti¨®. Abandon¨® el cargo en mayo de 2001 y fue sustituido por Jorge Travesero. Cuatro meses antes, el 2 de febrero, el Ayuntamiento de Madrid destituy¨® a un alto cargo adjunto a Pey-dr¨®, Jos¨¦ Luis Solana, por su presunta relaci¨®n de amistad con uno de los propietarios de las empresas beneficiadas en las adjudicaciones.
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