El fiscal dice que la funeraria fue vendida aunque el municipio pod¨ªa salir perjudicado
El fiscal acusa a tres ediles del PP de obrar 'aceptando el perjuicio para el Ayuntamiento'
El 'principal beneficiado' por la privatizaci¨®n del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid en 1992 no fue el Ayuntamiento que preside Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, que recibi¨® 0,60 euros, sino el asesor del equipo de gobierno del PP en tal proceso, Jos¨¦ Ignacio Rodrigo, seg¨²n concluyen el juez y el fiscal del caso. El fiscal calcula que Rodrigo, actual presidente de Funespa?a, logr¨® unos ingresos de 10,1 millones de euros a trav¨¦s de su participaci¨®n accionarial desde 1993 en la adjudicataria y en las sociedades que cre¨® para cobrar la gesti¨®n de la empresa mixta.
La investigaci¨®n judicial del caso funeraria, en el que est¨¢n imputados los concejales Antonio Moreno, Sim¨®n Vi?als y el hoy diputado regional Luis Mar¨ªa Huete (los tres del PP) parte de una querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n presentada en 1999. El fiscal solicita para los tres un a?o de prisi¨®n por maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y cinco a?os m¨¢s por malversaci¨®n, as¨ª como 25 a?os de inhabilitaci¨®n. El acusador pide para Rodrigo seis a?os de prisi¨®n por los mismos delitos.
Seg¨²n el fiscal, los tres ediles concibieron 'poner cuanto antes la gesti¨®n de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su agrado y confianza, aceptando el perjuicio econ¨®mico que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento'. La portavoz municipal de IU, In¨¦s Saban¨¦s, exige la dimisi¨®n de los acusados y que la direcci¨®n nacional del PP 'explique de una vez si avala o reprueba el proceso de privatizaci¨®n de la funeraria, porque las responsabilidades van m¨¢s all¨¢ del Gobierno municipal', informa Susana Hidalgo.
La instrucci¨®n disecciona c¨®mo se fragu¨® una venta tan ruinosa para las arcas municipales -'pr¨¢cticamente gratuita', dice el fiscal- como beneficiosa para Funespa?a, y para su presunto cerebro, Jos¨¦ Ignacio Rodrigo: la privatizaci¨®n del 49% de la Empresa de Servicios Funerarios por el ayuntamiento en 1992. El PP aprob¨® la operaci¨®n, con informes contrarios del interventor y favorables de Rodrigo y de las concejal¨ªas de Vi?als y Moreno.
Tanto el juez Jos¨¦ Luis Quesada, en el auto del pasado 15 de abril en el que cerraba su investigaci¨®n, como el fiscal, en su escrito del 30 de julio, no dudan del papel 'decisivo' o 'director' desempe?ado por Rodrigo en la venta. 'Rodrigo se puso de acuerdo con el acusado Juan Antonio Valdivia, representante legal de una de las empresas oficiosamente consultadas, Funespa?a, para asegurarse una importante participaci¨®n lucrativa en tal operaci¨®n'.
10 millones para Rodrigo
Seg¨²n la fiscal¨ªa, si la venta de la funeraria le proporcion¨® al Ayuntamiento 0,60 euros, Rodrigo obtuvo 10,1 millones a trav¨¦s de su presencia accionarial en Funespa?a y de sus sociedades relacionadas con la gesti¨®n de la misma. Supera incluso a quien concurri¨® como representante legal de Funespa?a, Juan Antonio Valdivia, que ingres¨® 9 millones.
'El acuerdo entre Rodrigo y Valdivia', seg¨²n el fiscal, 'consisti¨® en que el primero aportar¨ªa los fondos necesarios para hacerse con la funeraria, haciendo valer su capacidad de influencia en los concejales acusados para que la adjudicaci¨®n se hiciera a favor de Funespa?a'. A cambio, Rodrigo se aseguraba 'una importante participaci¨®n en el capital social de Funespa?a, participaci¨®n que deber¨ªa permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de la enajenaci¨®n, dada su condici¨®n de asesor de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid'.
Rodrigo 'emiti¨® un informe sobre las distintas ofertas y concluy¨® a favor de la presentada por Funespa?a, de la que habr¨ªa de adquirir un importante n¨²mero de acciones pocas fechas despu¨¦s y en ejecuci¨®n de un acuerdo anterior en el tiempo'. Funespa?a carec¨ªa de la suma con la que hab¨ªa garantizado ampliar el capital de la empresa mixta (1,2 millones de euros). Tanto el juez como el fiscal tienen claro qui¨¦n aport¨® esa suma en febrero de 1993, dos meses despu¨¦s de que el Ayuntamiento declarase vencedora a Funespa?a: 'Provino en su mayor parte de una cuenta en el extranjero de Rodrigo'. A cambio ¨¦ste se convirti¨®, seg¨²n juez y fiscal, en destacado accionista de Funespa?a, de la que es presidente desde 1995.
Ambos sostienen que, para 'ocultar' su participaci¨®n en Funespa?a, Rodrigo simul¨® que la compra de acciones se produjo en 1998, y no en 1993, y utiliz¨® empresas pantalla. El juez resume los indicios: Rodrigo mantuvo contactos previos al concurso con Funespa?a, aport¨® su ampliaci¨®n de capital, compr¨® gran n¨²mero de acciones de Funespa?a tanto simult¨¢neamente como posteriormente a la privatizaci¨®n y lo ocult¨® mientras era consejero de la empresa mixta, y cobr¨® por la gesti¨®n a trav¨¦s de empresas pantalla en para¨ªsos fiscales. El juez relata que Huete y Vi?als, entonces presidentes de la funeraria, decidieron privatizar en 1992 la mitad de las acciones, cuyo capital y gesti¨®n eran ¨ªntegramente municipales. (El fiscal incluye a Moreno en este n¨²cleo privatizador). Huete y Vi?als para justificar la venta de la funeraria, invocaron 'su mala situaci¨®n econ¨®mica, a sabiendas de las muy favorables expectativas de la empresa'.
El decisivo papel de los concejales
Los tres concejales imputados en el caso Funeraria, seg¨²n el fiscal, obviaron las peticiones del gerente de la empresa, Francisco Y¨¢?ez, para mejorar la situaci¨®n financiera de la misma. De todas las iniciativas aprobadas en el pleno del 28 de julio de 1992, el edil Moreno eligi¨® una y dict¨® un decreto 'de manera caprichosa y parcial', en septiembre de 1992, descartando las dem¨¢s sin justificaci¨®n. Eso permit¨ªa vender el 49% de las acciones al capital privado mediante concurso p¨²blico. 'Mientras tanto, y ya durante el verano de 1992, Huete hab¨ªa iniciado contactos personales y directos, al margen de cualquier previsi¨®n legal o reglamentaria, con los representantes de una serie de empresas que, seg¨²n su particular opini¨®n, podr¨ªan estar interesadas en hacerse cargo del monopolio funerario en Madrid', seg¨²n el fiscal. Vi?als y Rodrigo 'colaboraron activamente en el establecimiento y desarrollo de estos contactos que, obviamente, permitieron a los concejales acusados tantear y prefigurar las condiciones en que cabr¨ªa asegurar el aparente ¨¦xito de la operaci¨®n de cesi¨®n, eliminando en realidad cualquier posibilidad efectiva de libre competencia'. Durante esos contactos, o antes, 'pero en todo caso no despu¨¦s de ellos', Rodrigo alcanz¨® su pacto con los responsables de Funespa?a. Estos contactos le posibilitaron, adem¨¢s, 'una posici¨®n de ventaja'. En octubre de 1992, Moreno logr¨® que el grupo del PP aprobara el pliego de condiciones que, seg¨²n el fiscal, 'vulneraba de manera frontal y palmaria los art¨ªculos 11 y 12 de la Ley de Contratos del Estado del 8 de abril de 1965'. La propuesta fue aprobada 'por mayor¨ªa gracias a la disciplina de voto del grupo popular', a?ade. El precio orientativo fijado de la funeraria era de unos 8,8 millones de euros. Pero, se?ala el juez, el contenido era tan ambiguo que en realidad permit¨ªa cualquier oferta. Ni estaba claro el objeto enajenado ni su precio. Y se tramit¨® por v¨ªa de urgencia, cosa que 'carec¨ªa de justificaci¨®n legal'. Seg¨²n el fiscal, los concejales imputados necesitaban tal premura para 'acabar cuanto antes el proceso que, adem¨¢s, ya daban por resuelto a partir de los contactos privados'.
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