Reforzar la confianza en la justicia

Creo no errar si aseguro que, en estos momentos, nos encontramos ante unas circunstancias extraordinarias. Desde la aprobaci¨®n del texto constitucional, es la primera vez en la historia de la joven democracia que se ponen en marcha mecanismos para ilegalizar una fuerza pol¨ªtica con notable representaci¨®n institucional, a la vez que desde una instancia judicial se adoptan medidas especiales para suspender la actividad de ese mismo partido. No parece, por tanto, fuera de lugar concluir que, ante estos acontecimientos sin precedentes, los representantes de los poderes p¨²blicos puedan y deban expresar su opini¨®n.

El problema se suscita, al parecer, cuando la opini¨®n no coincide con el discurso dominante y ¨²nico que se procura imponer, a base de un probado apoyo medi¨¢tico y una gran dosis de desprecio hacia el discurso del adversario pol¨ªtico. El problema radica, tambi¨¦n al parecer, en que cualquiera de las reflexiones que en estos momentos no avalen las posiciones que defienden el PP y el PSOE, o que cuestionen una resoluci¨®n judicial, se transforman en directa herej¨ªa e, incluso, en flagrante ataque a la independencia del Poder Judicial.

No sorprenden ya los m¨²ltiples insultos -y ¨¦stos s¨ª que son en demasiadas ocasiones injuriosos- que la derecha prodiga, de forma habitual, cuando alude a las formaciones del nacionalismo democr¨¢tico y a sus portavoces o integrantes. Han logrado transformar la palabra en un arma cargada de veneno y, lo que es a¨²n peor, demuestran haber renegado ya a utilizarla como eje del entendimiento entre los que leg¨ªtimamente piensan de forma diferente. Rechazan y condenan a los que discrepan pol¨ªticamente porque, entre otras razones, desconf¨ªan del pluralismo si es que alguna vez han cre¨ªdo en ¨¦l.

Otra cuesti¨®n es la que plantean las cr¨ªticas a las decisiones que pueda adoptar un juez. Que se sepa, la democracia no consolida ninguna teor¨ªa seg¨²n la cual las resoluciones judiciales est¨¢n exentas del juicio social. Que se conozca, ninguna doctrina determina un obligado silencio ante las espec¨ªficas decisiones que un juez toma. Lo que s¨ª exige una democracia es la independencia de poderes. Lo que trata de garantizar un sistema democr¨¢tico es que el Poder Ejecutivo no interfiera en el Poder Judicial y que cualquier opini¨®n, por cr¨ªtica que ¨¦sta sea, se manifieste dentro de las debidas pautas del respeto.

Me temo que no hubo tal respeto en la censura socialista a la actuaci¨®n de los jueces, como resumiera la imagen de aquellos publicitados tristes aplausos a las puertas de la prisi¨®n de Guadalajara. Y tampoco hubo tal respeto cuando Aznar exhibi¨® su enfado cuando el Tribunal Supremo decidi¨® no procesar al portavoz de Batasuna, el pasado mes de mayo. ?D¨®nde est¨¢ su autoridad para repartir credencial democr¨¢tica y respeto a la justicia?

La independencia del Poder Judicial no es un principio absoluto y desconectado de todos los dem¨¢s, como el principio de legalidad, el de separaci¨®n de poderes o la garant¨ªa de los derechos de las personas. Independencia y responsabilidad no son caracter¨ªsticas excluyentes, sino caracter¨ªsticas complementarias de la buena justicia. Y viene lo que digo al caso porque se ha tratado de presentar mis consideraciones sobre el auto que el titular del Juzgado de Instrucci¨®n Central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional firm¨® el 26 de agosto como un ataque a la independencia del Poder Judicial. O, al menos, as¨ª lo ha trasladado, entre otros, el propio Baltasar Garz¨®n en un nuevo auto rubricado el pasado 6 de septiembre, resoluci¨®n que, por cierto, en absoluto es aclaratoria sobre el anterior, sino una rectificaci¨®n en toda regla. A la lectura de ambos invito a quienes pudieran tener alguna duda.

Entiendo que la situaci¨®n extraordinaria de la vida democr¨¢tica exige actitudes igualmente extraordinarias. Tambi¨¦n creo exigible un nivel de cortes¨ªa y sensibilidad, por parte de los titulares jurisdiccionales, ante la tramitaci¨®n de una causa como la que representa que, por primera vez en los ¨²ltimos 25 a?os de vida democr¨¢tica, se suspenden de forma cautelar todas las actividades de una fuerza pol¨ªtica. Atisbo que la historia, tambi¨¦n la del Derecho, someter¨¢ a estudio y an¨¢lisis contrastado todas las actuaciones que se vienen sucediendo sin poder eludir, entre ellas, que la evidente inclinaci¨®n medi¨¢tica del titular del Juzgado de Instrucci¨®n Central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional se ha traducido en una confusi¨®n, no exenta de cierta alarma social, que ha perjudicado a las instituciones leg¨ªtimas de este pa¨ªs.

Estas instituciones, que representan a la soberan¨ªa popular y que no constituyen parte en la causa, s¨ª son, sin embargo, actores directos en el proceso -cada una en funci¨®n de su competencia- en la aplicaci¨®n de una parte del auto emanado del citado Juzgado de la Audiencia Nacional, el pasado d¨ªa 26 de agosto. No obstante, esas instituciones han tenido conocimiento directo de la resoluci¨®n mencionada varios d¨ªas despu¨¦s de que la misma estuviera ya publicitada en los medios de comunicaci¨®n e, incluso, algunas de ellas se transforman en destinatarias de aclaraciones sobre el auto, que el propio instructor aporta en su resoluci¨®n posterior.

Se trata de una situaci¨®n que excede lo que pudiera considerarse una mera descortes¨ªa. La publicidad autom¨¢tica de las resoluciones afecta, en ese caso, a la confianza y legitimaci¨®n de algunas de las instituciones vascas. La forma en que se ha tramitado el auto de suspensi¨®n de actividades de Batasuna, y no su contenido, podr¨ªa merecer la intervenci¨®n del Consejo General del Poder Judicial. La Consejer¨ªa de Justicia del Gobierno vasco no ha pedido amparo del ¨®rgano de Gobierno de los jueces ni ha planteado que aborde cuestiones jurisdiccionales, que deben ser tratadas y resueltas en las instancias correspondientes. De lo que hablamos es de cuestiones que, sin duda, pueden estar en el ¨¢mbito de gesti¨®n del propio CGPJ.

Entiendo que el riesgo de equivocaci¨®n acompa?a a toda actuaci¨®n humana. Pero si los resultados de algunas de esas equivocaciones pueden ser m¨¢s o menos banales, otros, en cambio, resultan fatales. Y fatal ser¨ªa que errores en la Administraci¨®n de justicia hicieran perder la confianza en ella. Quiero que eso no ocurra jam¨¢s. Al contrario, apuesto de una forma activa por reforzar la confianza en la justicia.

Soy de los que creen que la persecuci¨®n del delito no lo justifica todo, como tampoco todo es v¨¢lido para luchar contra el terrorismo. Los derechos y libertades no pueden estar al albur de una causa justa, cual es la de situar ante los tribunales a quienes delinquen. Y hacerlo con las suficientes pruebas para que pueda materializarse el reproche social que el castigo conlleva. La justicia no puede ser vengativa porque entonces no ser¨ªa justicia. Me duelo de que en estos momentos se extienda por algunos, con un buscado efecto de asentimiento entre la ciudadan¨ªa, que la hora del desquite ya ha llegado y que es en esa v¨ªa donde se encontrar¨¢ la soluci¨®n, porque una democracia no puede responder con venganza a quienes la atacan. Y porque saben, adem¨¢s, que no es cierto que con ello lleguemos a la paz, que es lo que este pueblo reclama.

Joseba Azkarraga es consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco.