Pulso en Euskadi
La polic¨ªa vasca carg¨® ayer en Bilbao contra la manifestaci¨®n que la Consejer¨ªa de Interior hab¨ªa autorizado en principio, y que el juez Garz¨®n hab¨ªa declarado ilegal; m¨¢s tarde, la Ertzaintza negoci¨® con dirigentes de Batasuna un acuerdo por el que se autorizaba adelantar el acto pol¨ªtico previsto para el final de la marcha a cambio de dar ¨¦sta por finalizada. Los incidentes fueron graves, y numerosa la participaci¨®n. Su desenlace refleja la situaci¨®n confusa creada por las actitudes poco claras del Gobierno vasco, pero tambi¨¦n las dificultades objetivas de la aplicaci¨®n del auto de Garz¨®n. Y refleja, sobre todo, el dilema al que se enfrenta el nacionalismo democr¨¢tico vasco, empujado por el violento hacia la ruptura con la legalidad.
El consejero vasco de Interior hab¨ªa justificado la tolerancia con que actu¨® la Ertzaintza el pasado domingo en San Sebasti¨¢n por la excepcionalidad del d¨ªa -regatas, mucha gente en las calles- y por el deseo de evitar 'males mayores'. En principio, es a los profesionales de la polic¨ªa a quienes corresponde apreciar los riesgos de una determinada actuaci¨®n, por lo que puede aceptarse el criterio seguido, siempre que se considere excepcional. Sin embargo, las posteriores justificaciones de la propia consejer¨ªa y, sobre todo, del lehendakari crearon una confusi¨®n considerable. El criterio de condicionar la aplicaci¨®n de la ley al de no provocar crispaci¨®n (se supone que en los simpatizantes de Batasuna) o al de evitar 'rompernos la cara' (se entiende: entre nacionalistas) es no ya predemocr¨¢tico, sino prepol¨ªtico: los gobernantes tienen la obligaci¨®n de defender la legalidad, si es preciso mediante la fuerza leg¨ªtima.
Tambi¨¦n hay una cierta confusi¨®n respecto a qui¨¦n es competente para considerar delictiva una manifestaci¨®n. Si es convocada por Batasuna, o suced¨¢neos, entra en el ¨¢mbito del juez instructor, y a ¨¦l le corresponde declararla ilegal. Pero puede haber situaciones en las que la ilegalidad no dependa de los convocantes, sino de la razonable previsi¨®n de que los asistentes van a alterar el orden p¨²blico, causar destrozos o incurrir en apolog¨ªa del terrorismo. En este caso, la decisi¨®n corresponde a las autoridades, con posible recurso al juez. Conviene deslindar claramente ambos supuestos para evitar situaciones como la que ha precedido a la marcha de ayer, en la que no se sab¨ªa si el Gobierno vasco la prohib¨ªa o no.
Pero hay otros factores m¨¢s determinantes. Desde la suspensi¨®n cautelar de Batasuna, ETA ha intentado asesinar a una patrulla de la Ertzaintza en Bilbao y a no se sabe cu¨¢ntas personas m¨¢s en Zierbana. Aunque el azar lo haya evitado, est¨¢ claro que, si de ETA dependiera, la actual discusi¨®n sobre la eventual ilegalizaci¨®n de Batasuna o sobre la prohibici¨®n de manifestaciones se estar¨ªa produciendo entre funerales.
Los diputados de Batasuna votaron el viernes contra la presentaci¨®n por el Parlamento vasco de un recurso contra la ley que permitir¨ªa su propia ilegalizaci¨®n. En la propuesta se inclu¨ªa, a petici¨®n de Izquierda Unida, la exigencia a ETA de que abandonase la violencia. Al oponerse a una iniciativa en su favor, Batasuna actuaba m¨¢s en la l¨ªnea de brazo pol¨ªtico de ETA que nunca: se limitaba a aplicar la doctrina expresada por la banda en el comunicado en que se hac¨ªa responsable del atentado de Santa Pola: 'El asunto', advert¨ªa el escrito, 'no es cu¨¢ndo se va a aplicar [la ley] o con qu¨¦ inteligencia va a responder la izquierda aberzale, sino la respuesta que es preciso dar en Euskal Herria para dejar sin fuerza esa situaci¨®n injusta y opresora'. Para ETA no se trata de defender la legitimidad de un partido, sino la de la lucha armada; o, al menos, la de un partido que acepta la legitimidad de la lucha armada; de imponer esa legitimidad por v¨ªa de hecho, ignorando la ley.
Otegi exigi¨® a los nacionalistas 'insumisi¨®n' frente a la ley espa?ola, tras acusarles de ser quienes 'aplican el estado de excepci¨®n'. Es una referencia a la expresi¨®n utilizada por Arzalluz el d¨ªa 6 para definir la situaci¨®n creada por la suspensi¨®n de Batasuna. Un d¨ªa despu¨¦s, un colectivo de decenas de personas, relacionadas en su mayor¨ªa con el mundo de la izquierda aberzale, convocaba la manifestaci¨®n de ayer en protesta por el 'estado de excepci¨®n encubierto'. El d¨ªa 9 Otegi ya hab¨ªa recordado al PNV que el soberanismo exige 'poner en riesgo' la autonom¨ªa de Euskadi, repitiendo la idea adelantada poco antes por el sindicato nacionalista ELA: 'Un proceso soberanista no puede avanzar sin confrontar con el Estado y asumir, por tanto, la p¨¦rdida del estatus institucional'.
El nacionalismo vasco democr¨¢tico est¨¢ siendo empujado a romper con las instituciones y la legalidad. La actuaci¨®n de ayer de la Ertzaintza indica que el Gobierno vasco se resiste a ello, asumiendo riesgos. ?stos ser¨ªan menores si el discurso de los dirigentes nacionalistas fuera coherente con esa defensa de la legalidad.
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