Mas all¨¢ de la ley

Da la impresi¨®n de que la calidad de nuestra convivencia pol¨ªtica se halla en un nivel tan bajo que hemos decidido ejercer la cr¨ªtica p¨²blica parapetados tras una ¨²ltima muralla constituida por el b¨²nker de la legalidad. Nos conformamos con que las cosas sean legales, admitiendo que si algo se sit¨²a 'dentro de la legalidad' ya no queda nada por decir, que no hay reproche ni evaluaci¨®n posible; 'N¨¢ penal', como dicen que dec¨ªa un personaje de la picaresca pol¨ªtica sevillana de los a?os 80. ?D¨®nde quedan la eficacia, la eficiencia, la equidad, la ¨¦tica y la est¨¦tica como criterios de valoraci¨®n de la acci¨®n de los poderes pol¨ªticos? En el limbo.

Para criticar una decisi¨®n se intenta, antes que nada, su deslegitimaci¨®n jur¨ªdica a trav¨¦s de un recurso jurisdiccional, est¨¦ o no bien fundado. Es la denominada judicializaci¨®n de la vida pol¨ªtica. ?Qu¨¦ ocurre si, como frecuentemente sucede, los tribunales declaran, largo tiempo despu¨¦s, la conformidad a derecho de lo recurrido? Que el debate pol¨ªtico que hubiera sido necesario yace muerto y enterrado. Una preciosa ocasi¨®n perdida de remediar una barbaridad, una estupidez, un derroche, una injusticia, etc. Por no decir que, de este modo, al hacer entrar a los jueces a dirimir cuestiones que corresponden m¨¢s ajustadamente a la ¨®rbita del debate pol¨ªtico, conseguimos un segundo efecto perverso, la politizaci¨®n de la justicia, pues los que salgan trasquilados del improcedente pleito no dejar¨¢n de ver en la resoluci¨®n dictada la sumisi¨®n a oscuros intereses, la falta de ecuanimidad o, incluso, la pura y simple prevaricaci¨®n.

La legalidad positiva no es siempre una referencia absoluta de definici¨®n del bien com¨²n

El sistema funciona si todos, tambi¨¦n los delincuentes, asumen unas reglas compartidas

Por otra parte, si el ¨²nico par¨¢metro de control es la legalidad, su ejercicio cotidiano es relegado a instituciones especializadas (polic¨ªas, tribunales, sindicaturas de cuentas, etc.) y a la tarea de ¨¦lites profesionalizadas en relaci¨®n, sobre todo, con el mundo del derecho. ?D¨®nde queda la cr¨ªtica pol¨ªtica? Y, sobre todo, ?con qu¨¦ materiales se va a llevar a cabo?, ?c¨®mo va a forjarse una opini¨®n p¨²blica sobre lo mejor o lo peor, sobre lo conveniente o no, cuando lo que se ventila es nada menos que la posible ilegalidad de las acciones p¨²blicas?

En los debates electorales (que son casi todos, dentro o fuera de campa?a) lo habitual es encontrarnos con un rosario escalofriante de acusaciones mutuas de cohechos, corrupciones y todo tipo de cr¨ªmenes. Da la impresi¨®n de que los pol¨ªticos, o son unos hist¨¦ricos o, si hemos de creerles, son todos carne de presidio. ?Es que, adem¨¢s de ladrones, prevaricadores, corruptos o asesinos no tenemos pol¨ªticos bobos, fan¨¢ticos, incompetentes, injustos, derrochadores, o, sencillamente, equivocados desde nuestro particular punto de vista? ?Qu¨¦ clase de opini¨®n puede tener la ciudadan¨ªa respecto de una clase pol¨ªtica cotidianamente tratada de delincuente? ?Con qu¨¦ moral afrontaran los gestores p¨²blicos su trabajo? ?Qui¨¦n decidir¨¢, en su sano juicio, meterse en pol¨ªtica?

Adem¨¢s, no nos enga?emos, la legalidad, la legalidad vigente y positiva, no constituye siempre una referencia absoluta de definici¨®n del bien com¨²n. El ¨²nico legislador que tuvo la suerte de recibir, nada menos que de Dios, la 'ley perfecta' fue Mois¨¦s. En nuestros tiempos la legalidad, aunque formalmente represente la expresi¨®n democr¨¢tica de la voluntad colectiva, constituye en realidad la plasmaci¨®n de los intereses de los grupos de presi¨®n que influyen sobre las instituciones. Grupos de presi¨®n capitaneados por la propia burocracia, en cuyo seno es donde realmente se producen los programas presupuestarios, se dise?an las acciones administrativas y donde se escribe la legislaci¨®n que los pol¨ªticos someter¨¢n, con insignificantes aportaciones, a los cuerpos legislativos para ser aprobada despu¨¦s de una lectura superficial (si existe consenso) o no ser aprobada nunca, sea cual sea su contenido (igualmente ignoto) en caso contrario.

Otra limitaci¨®n del uso del criterio de legalidad como par¨¢metro sustancial, casi ¨²nico, de control pol¨ªtico deriva del hecho, ya definido por Prot¨¢goras, de que, para sustentarse, el edificio jur¨ªdico-institucional necesita de una actitud, de una virtud c¨ªvica ejercida por la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos, de un generalizado sentido del respeto y de la justicia. Dicho en otras palabras: que la ley se cumple pr¨¢cticamente sola, o no se cumple y no hay manera de remediarlo. Que el monopolio leg¨ªtimo en el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden jur¨ªdico solo es eficaz en dosis m¨ªnimas. Que si una poblaci¨®n, por las razones que fueren, decide faltar al respeto a la ley descubrir¨¢ (lamentablemente tarde) lo f¨¢cil que resulta derribar el Estado de Derecho, lo injusto del caos subsiguiente y lo duro de su reconstrucci¨®n.

Las sociedades en la medida en que se normalizan (como gusta ahora de decirse) delegan en sus instituciones la definici¨®n y la gesti¨®n cotidiana del bien com¨²n, pudiendo dedicarse los ciudadanos a sus cosas, a la vida privada. El sistema funciona si todos, tambi¨¦n los delincuentes, comparten un m¨ªnimo consenso sobre las normas de convivencia (El ladr¨®n procurar¨¢ que no le cojan, pero sabe que roba. Aunque sea en el bando contrario, comparte el c¨®digo, el c¨®digo penal en este caso, con jueces y polic¨ªas).

Los vascos, por ejemplo, cometer¨ªamos un grave error al suponer que el fascismo de corte nacionalista que late, desgraciadamente, en una parte no despreciable de nuestros convecinos puede ser afrontado, sin m¨¢s, desde el entramado jur¨ªdico-institucional, mientras la gente mira hacia otro lado y atiende a sus negocios como si fu¨¦semos una sociedad normal.

Ante la falta de madurez pol¨ªtica (y ¨¦tica) que demuestran las cosas que pasan aqu¨ª, resulta necesario que los vascos hagan algo m¨¢s que esperar y desear la 'soluci¨®n'. Es imprescindible tomar parte y parte activa, tomar partido, por la libertad, la igualdad y la paz.

La legalidad es un criterio insuficiente para afrontar esta consolidaci¨®n de la convivencia. Perseverar en este ¨²nico mecanismo solo nos lleva a forzar las interpretaciones jur¨ªdicas hasta donde no pueden llegar, a producir normas ad hoc contra todo principio de generalidad (caso de la Ley de Partidos) o a dejar de aplicar, por desmoralizaci¨®n pol¨ªtica, las normas adecuadas y disponibles (que las hay) para atender situaciones meridianamente ilegales pero excesivamente generalizadas (kale borroka).

El agresivo y peligroso totalitarismo debe ser, por tanto, derrotado, adem¨¢s de jur¨ªdicamente mediante su l¨®gica ilegalizaci¨®n, pol¨ªtica, social y ¨¦tica por la sociedad vasca. Debe ser nuestro sentido del respeto y la justicia lo que nos lleve a proscribir cualquier fuerza pol¨ªtica o social fascista, aun cuando muchos compartan con ella su ideario te¨®rico (o parte del mismo, pues resultar¨ªa sorprendente una coincidencia generalizada entre los fines democr¨¢ticos y los totalitarios).

Para una fuerza parlamentaria deber¨ªa suponer un alt¨ªsimo coste, en t¨¦rminos de prestigio pol¨ªtico, cualquier tipo de pacto o connivencia con Batasuna, desprestigio consecuencia de un rechazo ¨¦tico, pol¨ªtico y social, antes y prioritariamente que jur¨ªdico. Los terroristas han de ser, a diferencia de lo que ocurri¨® en el pasado, sobre todo en el fanatizado siglo XX, los apestados del siglo XXI. Mientras no seamos conscientes de ello, mientras consideremos que todo aquel que se encuentra formalmente en la zona de legalidad puede ser un socio aceptable para el tr¨¢fico pol¨ªtico sin mayores n¨¢useas, estaremos comport¨¢ndonos como los alemanes que compraban -legalmente, por supuesto-, alhajas incautadas por el r¨¦gimen nazi a los jud¨ªos deportados. Era legal, pero todos sab¨ªan el origen, el porqu¨¦ y el destino del lucro de semejante comercio.

Rafael Iturriaga Nieva es consejero del Tribunal Vasco de Cuentas.