Una ley prev¨¦ multar hasta con 60.000 euros el fraude en viviendas protegidas

Despu¨¦s de a?os de fraude en la compra y venta de viviendas de protecci¨®n oficial, destinadas a los ciudadanos con menos recursos, el Gobierno regional pretende afrontar este esc¨¢ndalo que ha enriquecido a promotores, propietarios de suelo y a quienes han logrado uno de estos pisos sin cumplir los requisitos. La Consejer¨ªa de Urbanismo tiene un anteproyecto de ley que prev¨¦ multas de hasta 60.000 euros. Pero el problema sigue siendo la falta de denuncias.

El Gobierno regional tiene intenci¨®n de acabar con el fraude en la compraventa de viviendas de protecci¨®n oficial, un esc¨¢ndalo que, a pesar de ser vox p¨®puli, es de dif¨ªcil comprobaci¨®n en la pr¨¢ctica por la escasez de denuncias de los particulares afectados. Dinero negro, sobreprecios, mejoras no deseadas que encarecen el precio final, compradores que falsean sus datos para acceder a una de estas viviendas... La lista de infracciones es larga. Y en vista de que el precio de la vivienda libre no cesa de aumentar (un 42% desde el a?o 2000), el fraude para acceder a este tipo de viviendas, reservadas a los ciudadanos con menos recursos, no tiene visos de desaparecer.

El Gobierno regional est¨¢ preparando una ley ( por el momento s¨®lo un borrador), con la intenci¨®n de que sea aprobada antes del final de la legislatura y, por tanto, antes de las elecciones de mayo de 2003. La norma, que divide las infracciones en leves, graves y muy graves, re¨²ne por primera vez en un mismo texto legal las sanciones a imponer a todo aquel que incumpla las normas de compra, venta, uso o construcci¨®n de este tipo de edificaci¨®n, ya sea promotor, constructor o comprador de la vivienda. 'Hasta el momento s¨®lo hab¨ªa normas estatales y a cada caso se aplicaba una norma distinta', se?alaron fuentes de la Consejer¨ªa de Urbanismo y Obras P¨²blicas.

Entre las infracciones, la norma contempla, por ejemplo, el que no se empleen los materiales previstos en el proyecto inicial.

El borrador de la ley, sobre la que a¨²n trabajan los servicios t¨¦cnicos de varias consejer¨ªas, endurece las sanciones. Si antes, las multas m¨¢ximas eran de 6.000 euros, la nueva norma prev¨¦ sanciones de hasta 60.000. ?sta cantidad se impondr¨¢ a quienes cometan infracciones muy graves, como por ejemplo pedir al comprador m¨¢s dinero del que por ley puede costar una vivienda de protecci¨®n oficial (¨¦sta suele rondar en torno a 120.000 euros).

Son muchos los casos de ciudadanos a los que los promotores piden hasta miles de euros en dinero negro para venderles el piso. Si el comprador se niega a pagar, no obtiene la vivienda. El problema, reconocido por algunos promotores, es que incluso pagando ese extra, la vivienda es mucho m¨¢s barata que en el mercado libre. Una de las novedades principales del borrador es que el mero hecho de pedir ese sobreprecio ser¨¢ sancionado, aunque con multas de entre 1.500 y 6.000 euros. Hasta ahora, el comprador deb¨ªa demostrar que hab¨ªa pagado ese dinero, generalmente en negro, lo cual dificultaba mucho la prueba y la sanci¨®n.

Tambi¨¦n ser¨¢n sancionados los ciudadanos que falseen sus datos para acceder a un piso protegido (tener un nivel de ingresos bajo, cumplir determinados requisitos familiares y no tener otra vivienda protegida en propiedad, entre otros). Tambi¨¦n se multar¨¢ a quienes, a sabiendas, vendan la vivienda a quien no re¨²ne las caracter¨ªsticas necesarias para ello.

No salen las cuentas

Una de las razones por las que algunos promotores piden ese sobreprecio, seg¨²n explican ellos mismos (por ejemplo, la Asociaci¨®n de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, que denuncia este fen¨®meno), es que no les salen las cuentas. En teor¨ªa, el suelo debe costar como m¨¢ximo el 15% del precio final de la vivienda, establecido por ley. Pero los propietarios del suelo, cuando se trata de promociones de vivienda de protecci¨®n oficial que no se hacen a trav¨¦s de consorcios, especulan con ¨¦l y lo venden a precios desorbitados.Para rentabilizar la inversi¨®n, el promotor repercute ese sobreprecio en los compradores.En cambio, cuando es la Comunidad quien pone a la venta el suelo a un precio fijado, no hay sobreprecio para los adquirientes de las viviendas.

Para luchar contra la especulaci¨®n, la ley establecer¨¢ una sanci¨®n para el vendedor del suelo igual al sobreprecio percibido y un 20% m¨¢s. 'Esta previsi¨®n', dice el texto del borrador, 'tiene por objetivo evitar que el sobreprecio obtenido por el vendedor sea superior a la multa que se le impondr¨ªa por realizar tal conducta'.

Pero la nueva ley corre el peligro de ser poco efectiva porque es de dif¨ªcil aplicaci¨®n. Para actuar contra los que defraudan, la Consejer¨ªa, que es el ¨®rgano sancionador, puede iniciar ella misma una investigaci¨®n a trav¨¦s de sus servicios de inspecci¨®n. Pero para descubrir la inmensa mayor¨ªa de los casos, es necesario que los afectados lo denuncien, cosa que no hacen por temor a quedarse sin la vivienda que desean. Sancionar, por ejemplo, al propietario de suelo que vende a un constructor a un precio superior al legal puede resultar imposible porque, presumiblemente, ni uno ni otro lo denunciar¨¢n.

El borrador de la ley no prev¨¦ incrementar el n¨²mero de inspectores dedicados a destapar el fraude en este tipo de viviendas, aunque fuentes de la consejer¨ªa recuerdan que 'a¨²n queda mucho por matizar'. Las inspecciones peri¨®dicas s¨ª podr¨ªan descubrir, por ejemplo, a los compradores de viviendas protegidas que no re¨²nen los requisitos para ello, investigando su patrimonio y sus condiciones familiares. Tambi¨¦n a aquellos que las adquieren como segunda residencia, algo considerado por la norma como una infracci¨®n muy grave.

El consejero de Obras P¨²blicas, Luis Eduardo Cort¨¦s, animaba el pasado julio a los ciudadanos a denunciar las infracciones, despu¨¦s de que EL PA?S comprobara que en una promoci¨®n de Sanchinarro, en el norte de la capital, una promotora vend¨ªa pisos al doble de su precio y ped¨ªa 78.000 euros en dinero negro. Pero las asociaciones de consumidores revelaban entonces que no hay pr¨¢cticamente ninguna denuncia sobre viviendas protegidas. Tampoco en el Ayuntamiento de Madrid.