Los sindicatos de prisiones piden personal y medios para afrontar el aumento de reclusos

Barrer las calles de peque?os delincuentes, como asegura que quiere hacer Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, implica llevarlos a la c¨¢rcel. Los funcionarios de prisiones solicitan que el plan gubernamental de lucha contra la delincuencia, presentado la semana pasada, se acompa?e de m¨¢s personal y medios para las penitenciar¨ªas, ya que, en su opini¨®n, las medidas anunciadas por el Ejecutivo saturar¨¢n a¨²n m¨¢s las c¨¢rceles. Los sindicatos critican que se endurezcan las condiciones de cumplimiento y abogan por la expulsi¨®n de extranjeros 's¨®lo si es buena para el interno'.

La Agrupaci¨®n del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y la Central Sindical Independiente (CSI-CSIF), los sindicatos m¨¢s representativos en las prisiones espa?olas, se niegan a valorar si el plan gubernamental contra la delincuencia acabar¨¢ o no con los peque?os delitos, pero aseguran que implicar¨¢ irremisiblemente un incremento a¨²n mayor de la poblaci¨®n penitenciaria. Esta es la posici¨®n de los sindicatos respecto de las medidas propuestas:

- Endurecimiento del acceso al tercer grado. El Gobierno propone que los condenados a m¨¢s de cinco a?os s¨®lo puedan acceder a la semilibertad una vez cumplida la mitad de la condena y evitar que puedan hacerlo desde el primer d¨ªa.

Para los sindicatos, este endurecimiento de las condiciones de cumplimiento no tiene demasiado sentido porque son muy pocos los que acceden desde el primer d¨ªa. 'Para que se conceda, generalmente se exige que el interno haya disfrutado antes de varios permisos, para lo que es necesario que haya cumplido al menos un cuarto de la condena', asegura Francisco Alonso jurista de la prisi¨®n de Topas (Salamanca).

Desde CSI-CSIF se quejan del incremento de trabajo que para los funcionarios supondr¨¢ la medida. 'Los presos en tercer grado no suelen dar problemas porque ven que la condicional est¨¢ pr¨®xima', asegura un dirigente de la rama de prisiones que no quiere dar su nombre.

'El problema es que el Gobierno no crea nuevos Centros de Inserci¨®n Social', establecimiento situados en las ciudades para el cumplimiento de las penas en r¨¦gimen abierto', explica Juan Figueroa, vicepresidente de ACAIP. 'Cuando Mayor Oreja era ministro del Interior se solicit¨® la construcci¨®n de 24 centros de este tipo, con 25 o 30 plazas cada uno, pero el proyecto no sali¨® adelante'.

De los 51.178 presos que hab¨ªa el 9 de septiembre en Espa?a, 4.185 estaban en tercer grado. El a?o pasado Instituciones Penitenciarias permiti¨® a 6.289 reclusos llegar a la semilibertad. A 1.428 de ellos, desde el primer d¨ªa de condena. Desde la propia administraci¨®n se asegura que 's¨®lo se concedi¨® en contad¨ªsimas ocasiones' a los presos con penas superiores a cinco a?os.

- Supresi¨®n de los arrestos de fin de semana. El Gobierno pretende sustituirlos por penas de prisi¨®n de tres a seis meses. Entre los sindicatos existe unanimidad en cuanto al fracaso de los arrestos de fin de semana. Los funcionarios de prisiones aseguran que su sustituci¨®n por penas de prisi¨®n aumentar¨¢ a corto plazo la poblaci¨®n reclusa. 'La mayor¨ªa de los internos incumpl¨ªa sistem¨¢ticamente los arrestos, ya que los pospon¨ªan hasta que la pena prescrib¨ªa', asegura el vicepresidente de ACAIP, que a?ade: 'Ahora bien, si hablamos de poblaci¨®n reclusa, su sustituci¨®n por penas de prisi¨®n est¨¢ claro que implicar¨¢ mayor masificaci¨®n'.

- Agravamiento de las penas. Se quiere imponer la pena superior en grado cuando existan dos agravantes y considerar delito la reincidencia en las faltas. 'No tiene por qu¨¦ incidir en la saturaci¨®n de las c¨¢rceles', asegura Francisco Alonso, que no coincide con CSI-CSIF, contrario a esta medida por considerar que 'empeorar¨¢ la situaci¨®n'.

- Expulsi¨®n de extranjeros. Todos coinciden en que ser¨ªa una buena medida para aligerar las prisiones, ya que un cuarto de los reclusos procede de otros pa¨ªses. 'Es una medida prevista en el C¨®digo Penal, pero los jueces no la quieren aplicar', aseguran desde ambos sindicatos. 'El problema es que los extranjeros no son aceptados por sus pa¨ªses porque no existe acuerdo internacional con ellos o sencillamente porque el interno no tiene documentaci¨®n o no se conoce cual es su procedencia', asegura Juan Figueroa.

Por su parte, Francisco Alonso cree que la expulsi¨®n es una buena soluci¨®n 'siempre que sea buena para el interno'. A su juicio deber¨ªa existir la posibilidad de que los extranjeros condenados en Espa?a cumplieran la pena en sus pa¨ªses de origen. 'Es algo que podr¨ªa acordarse con los pa¨ªses de la UE', concluye.