El juez pide una fianza de 9 millones para tres cargos del PP por vender la funeraria de Madrid

El caso funeraria (la venta por el Ayuntamiento madrile?o del 49% de la empresa de servicios funerarios municipales por 0,60 euros en 1992) ya est¨¢ servido para juicio. El juez instructor, Jos¨¦ Luis Quesada, ha decretado la apertura de juicio oral y una fianza multimillonaria para los implicados. Los tres pol¨ªticos del PP imputados (el ex primer teniente de alcalde y hoy diputado regional Luis Mar¨ªa Huete, y los concejales Sim¨®n Vi?als y Antonio Moreno), junto con los tres principales socios de la adjudicataria (Funespa?a) deber¨¢n aportar nueve millones de euros de fianza bajo amenaza de embargo.

La fianza para los imputados del caso funeraria alcanza 13 millones de euros al sumar los 4,5 millones adicionales impuestos a los principales socios de Funespa?a: Juan Ignacio Rodrigo, que fue asesor del Gobierno municipal del PP en el proceso privatizador y su 'm¨¢ximo beneficiario' seg¨²n juez y fiscal, y los hermanos Juan Antonio y ?ngel Valdivia Gerada. Ambas fianzas pueden acabar en un caj¨®n com¨²n: si pol¨ªticos y accionistas no logran reunir esa cantidad, deber¨¢ abonarla Funespa?a, declarada responsable civil subsidiaria, junto con las sociedades de Rodrigo (Itcon, Astaldo e Invafi).

La instrucci¨®n judicial ha arrojado abundantes indicios que corroboran que el Gobierno municipal del PP malvendi¨® en 1992 la funeraria por 0,60 euros -'gratuitamente', seg¨²n el fiscal- cuando val¨ªa al menos 6,5 millones de euros. Desde que se vendi¨®, ha dado 36 millones de euros de beneficios. Pero el juez no lleva a los ediles del PP a juicio por su torpeza pol¨ªtica o negligencia al perjudicar involuntariamente a las arcas municipales. Les sienta en el banquillo porque consintieron o propiciaron 'burdos artificios contables' para disminuir el valor aparente de la empresa municipal. Tambi¨¦n por deso¨ªr las advertencias de los t¨¦cnicos municipales. Invocaron 'su mala situaci¨®n econ¨®mica, a sabiendas de las muy favorables expectativas de la empresa'. Concejales del PP, asesor municipal y los entonces due?os de Funespa?a, seg¨²n la instrucci¨®n judicial, tejieron una red de contactos previos al concurso que les permiti¨® 'tantear y prefigurar las condiciones en que cabr¨ªa asegurar el aparente ¨¦xito de la cesi¨®n, eliminando en realidad cualquier posibilidad de libre competencia'.

Para entregar la funeraria a 'una empresa de su confianza', los concejales acusados aceptaron 'cualquier perjuicio econ¨®mico que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento, y con evidente desprecio de las garant¨ªas y requisitos que la legislaci¨®n exig¨ªa para un proceso privatizador de esa naturaleza en cuanto dicha normativa pudiera suponer un obst¨¢culo para sus intenciones'. A caballo de ambos frentes, municipal y empresarial, la investigaci¨®n destaca el papel del asesor en la privatizaci¨®n. El sumario explica con cifras por qu¨¦ Rodrigo es su 'm¨¢ximo beneficiario': la privatizaci¨®n le ha proporcionado m¨¢s de diez millones de euros. El juez le define como presunto cerebro de la trama: mantuvo contactos previos al concurso con Funespa?a, compr¨® gran n¨²mero de sus acciones tanto simult¨¢neamente como posteriormente a la privatizaci¨®n y lo ocult¨® mientras era consejero de la empresa mixta, aport¨® el dinero para la ampliaci¨®n de capital, y cobr¨® por la gesti¨®n a trav¨¦s de sociedades instrumentales radicadas en para¨ªsos fiscales. Funespa?a, si prospera la petici¨®n fiscal, deber¨¢ devolver las acciones y sus 'frutos' desde 1992.