El fiscal pide c¨¢rcel para tres cargos del PP por la venta de la funeraria de Madrid

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid Sim¨®n Vi?als y Antonio Moreno y el diputado auton¨®mico Luis Mar¨ªa Huete se sentar¨¢n el pr¨®ximo oto?o en el banquillo acusados por el fiscal de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas al adjudicar el 49% de la empresa funeraria municipal por 100 pesetas a la empresa privada Funespa?a. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide para Vi?als, Moreno y Huete penas de seis a?os de c¨¢rcel y 25 de inhabilitaci¨®n. El juez encargado de la instrucci¨®n de este caso, Jos¨¦ Luis Quesada, ha preparado ya el escrito en el que solicita la apertura de juicio oral.

Junto a Vi?als, concejal de Sanidad de Madrid; Antonio Moreno, responsable del ¨¢rea de Patrimonio, y Luis Mar¨ªa Huete, actualmente diputado y primer teniente de alcalde cuando en 1993 se adjudic¨® por concurso el 49% de la funeraria municipal a la empresa Funespa?a, se sentar¨¢n tambi¨¦n en el banquillo de los acusados los tres beneficiarios de la operaci¨®n: Jos¨¦ Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administraci¨®n de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y presidente de Funespa?a; ?ngel Valdivia, consejero delegado de Funespa?a, y su hermano Juan Antonio Valdivia, vicepresidente.

Jos¨¦ Ignacio Rodrigo fue contratado por Vi?als como asesor del Gobierno municipal en el proceso de privatizaci¨®n de la funeraria. Al mismo tiempo, Rodrigo estaba involucrado en la oferta que present¨® Funespa?a y ten¨ªa 'los pertinentes acuerdos con los hermanos Valdivia para participar accionarialmente en la misma tras la adjudicaci¨®n del contrato', seg¨²n se recoge en los escritos de conclusiones provisionales presentados por el fiscal Anticorrupci¨®n, IU (personado como acusaci¨®n popular) y PSOE.

Juicio oral

Con base a esas conclusiones, el magistrado Jos¨¦ Luis Quesada, ponente de una causa abierta hace nueve a?os ante los indicios de irregularidades en la venta de la funeraria municipal, ha elaborado ya el escrito en el que solicita a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Madrid la apertura de juicio oral a lo seis imputados en el proceso, seg¨²n fuentes municipales.

Los tres cargos del PP se enfrentar¨¢n a penas de seis a?os de prisi¨®n por tres presuntos delitos: prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas.

Adem¨¢s de esas penas, los concejales y el diputado regional podr¨ªan ser inhabilitados durante 25 a?os para el ejercicio de cargo p¨²blico. El fiscal solicita asimismo que los seis imputados abonen solidariamente una fianza de 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas). Esa cifra es el triple de la cantidad supuestamente defraudada m¨¢s el 20% de los beneficios obtenidos en los nueve a?os trascurridos desde que se vendi¨® la empresa.

Fuentes del juzgado afirmaron ayer que el escrito de Quesada en el que solicita la apertura de juicio oral coincide con el presentado el pasado jueves por el fiscal. ?ste solicita prisi¨®n provisional para todos los imputados. A los hermanos Valdivia y a Jos¨¦ Ignacio Rodrigo les imputa seis delitos: falsedad en documento p¨²blico, fraude contable, apropiaci¨®n indebida, fraude fiscal, manipulaci¨®n para alterar el precio de las cosas y ser cooperadores necesarios para la prevaricaci¨®n. Se enfrentan a una pena global de 17 a?os de c¨¢rcel.

Adem¨¢s, en el escrito del fiscal aparece por primera vez en los nueve a?os que ha durado la instrucci¨®n de la causa la petici¨®n de que Funespa?a devuelva al ayuntamiento su paquete accionarial en la empresa as¨ª como los beneficios obtenidos por la gesti¨®n de la misma.

El edil de Sanidad, Sim¨®n Vi?als, ha manifestado su intenci¨®n de permanecer en el Gobierno municipal hasta que concluya la legislatura a pesar de la gravedad de las acusaciones a las que se enfrenta.

In¨¦s Saban¨¦s, portavoz de IU, pidi¨® al PP que act¨²e contra los acusados: 'Si los concejales para los que se pide c¨¢rcel no dimiten, el PP incumplir¨ªa una vez m¨¢s toda la teor¨ªa de que las responsabilidades pol¨ªticas deben anteceder a las judiciales. El esc¨¢ndalo de la funeraria es el primero que vincula al PP de manera clara con irregularidades en la gesti¨®n. El proceso de privatizaci¨®n de la funeraria no fue una actuaci¨®n particular de tres imputados, sino del PP en su conjunto, y en nueve a?os no ha tomado ninguna medida a pesar de los informes del Tribunal de Cuentas y del fiscal'.