El alcalde de Torres tiene dos causas abiertas en los tribunales

El alcalde de Torres de la Alameda, Francisco Acedo Jim¨¦nez, del PP, tiene dos causas abiertas en los juzgados de Arganda del Rey. En una de ellas, el PSOE acusa al regidor de un delito continuado contra la ordenaci¨®n del territorio en la urbanizaci¨®n de un pol¨ªgono industrial. Acedo tambi¨¦n est¨¢ imputado por un delito contra el patrimonio hist¨®rico por permitir la destrucci¨®n de una villa romana en el mismo pol¨ªgono.

Estas dos causas fueron abiertas en 1999 y son anteriores a las investigaciones abiertas por la Fiscal¨ªa de Madrid el pasado abril por un presunto cobro de comisiones ilegales. Estas ¨²ltimas se iniciaron despu¨¦s de que un constructor denunciase al regidor, al edil de Urbanismo y al abogado municipal de exigirle 3,5 millones de euros para que la Comisi¨®n de Urbanismo regional diera permiso para hacer 600 chal¨¦s y un campo de golf.

Esta ¨²ltima investigaci¨®n de la fiscal¨ªa ha agudizado el enfrentamiento que el gobierno municipal y la oposici¨®n socialista mantienen desde hace tres a?os, una disputa que se dirimir¨¢ en los tribunales y que tiene el pol¨ªgono industrial Pozo de la Fuente como origen del conflicto.

El PSOE acusa al alcalde de haber incumplido reiteradamente las normas municipales de 1993, que establec¨ªan el proceso de urbanizaci¨®n del pol¨ªgono, de 650.000 metros cuadrados, de los cuales casi la mitad son urbanizables.

'El Ayuntamiento era el propietario de casi el 79% del pol¨ªgono y, seg¨²n las normas municipales, ten¨ªa que expropiar el resto, urbanizarlo y vender luego las parcelas por promoci¨®n p¨²blica', explica Mercedes Polo, portavoz socialista en Torres de la Alameda. 'Pero, en lugar de expropiar, el Ayuntamiento permiti¨® que la empresa Obhisa comprara algunos terrenos a particulares. Luego entreg¨® a esta empresa parte del pol¨ªgono a cambio de que fuera ella la que lo urbanizara. El resultado ha sido que hoy Obhisa es propietaria de la mayor parte del pol¨ªgono', a?ade Polo.

El alcalde niega la ilegalidad de la operaci¨®n, y explica: 'No pudimos expropiar los terrenos porque el Ayuntamiento no ten¨ªa dinero. Este acuerdo ha servido para que el pol¨ªgono echara a andar y hoy tenga abierto un gran almac¨¦n de una empresa automovil¨ªstica que ha creado 200 puestos de trabajo. Se ha respetado la legalidad'.

El PSOE present¨® una denuncia, el 25 de mayo de 1999, ante la Fiscal¨ªa de Madrid, que remiti¨® el caso al Juzgado n¨²mero 2 de Arganda del Rey. 'Acedo ha cometido un delito continuado contra la ordenaci¨®n del territorio', explica el abogado de la acusaci¨®n, Jos¨¦ Mariano Ben¨ªtez de Lugo. Seg¨²n este letrado, 'Acedo fue a declarar como testigo el 28 de mayo, el fiscal ha apreciado indicios de delito y el juez lo ha citado el pr¨®ximo 14 de octubre para tomarle la declaraci¨®n previa a su imputaci¨®n'.

Yacimientos arqueol¨®gicos

?ste no ha sido el ¨²nico punto de fricci¨®n entre el PSOE y el PP. En los terrenos destinados a uso industrial hab¨ªa dos yacimientos arqueol¨®gicos estimables (uno de la edad de bronce y otro de la ¨¦poca romana). Este ¨²ltimo, 'casi con total seguridad, se trata de una villa romana', seg¨²n un informe de la Direcci¨®n General de Patrimonio.

Una ley regional establece que estos yacimientos deben ser excavados por arque¨®logos antes de emprender cualquier edificaci¨®n que pudiera da?arlos. Pero el Ayuntamiento de Torres de la Alameda dio luz verde al trabajo de las m¨¢quinas sin tomar ninguna medida de protecci¨®n contra los restos.

El resultado fueron 'da?os de gran magnitud, especialmente en el yacimiento de la ¨¦poca romana', seg¨²n Patrimonio. Este informe evaluaba los da?os en 90.000 euros, adem¨¢s de la 'p¨¦rdida definitiva de bienes arqueol¨®gicos de la Comunidad con un valor mucho mayor'.

El Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que investig¨® los da?os, denunci¨® el caso ante el Juzgado n¨²mero 1 de Arganda. En este proceso, Acedo 'est¨¢ imputado por presunto delito contra el patrimonio hist¨®rico', seg¨²n el abogado de la acusaci¨®n. Los socialistas piden en la denuncia que el alcalde sea condenado a dos a?os de c¨¢rcel, sancionado con una multa de 60 euros diarios durante 18 meses y una responsabilidad civil subsidiaria de 180.000 euros. El alcalde admite que 'hubo da?os y el Ayuntamiento podr¨ªa recibir una sanci¨®n', pero alega: 'Actuamos con todos los informes t¨¦cnicos necesarios'.

El director general de Patrimonio, Juan Jos¨¦ Echevarr¨ªa, explic¨® ayer que el Gobierno regional 'activ¨® el proceso sancionador administrativo contra el Ayuntamiento, pero ¨¦ste qued¨® paralizado cuando empez¨® el proceso judicial, que es de un rango legal superior'.