El azar y la Generalitat

La paradoja de que lo improbable es posible, e incluso inevitable, es una de las facetas del juego de azar. El ganador es, a pesar de su rareza, tan poco extra?o como los miles de perdedores. Unos y otros se necesitan para que la rueda gire sin cesar, y esa din¨¢mica engulle, destroza econom¨ªas dom¨¦sticas, pero tambi¨¦n genera beneficios y puestos de trabajo... Mientras tanto, la Administraci¨®n observa. Sigue atenta a la evoluci¨®n de las mil caras del juego. Interviene en la mayor¨ªa de sus ¨¢mbitos, recauda, reglamenta, decreta, regula, inspecciona, sanciona y, a veces -?por qu¨¦ no decirlo con claridad?-, elude su responsabilidad como instituci¨®n y sucumbe a los intereses de alg¨²n que otro poderoso bien relacionado.

En Catalu?a las aguas del juego de azar bajan turbias y no es la primera vez que esto ocurre. La comunidad aut¨®noma catalana es la ¨²nica de Espa?a que no se ha sacado de encima la m¨¢cula del amiguismo y el tr¨¢fico de influencias. El Gobierno de la Generalitat y el grupo parlamentario de CiU se han negado sistem¨¢ticamente a dar v¨ªa libre a una comisi¨®n de control, ponencia o grupo de trabajo que se encargue, en la C¨¢mara catalana, de regular adecuadamente este sector, tanto desde una variante empresarial y tributaria como desde la perspectiva de la protecci¨®n del ciudadano y del tratamiento de la ludopat¨ªa. Y no ha sido as¨ª a sabiendas de que en el propio auto de archivo del caso Casinos, sin ir m¨¢s lejos, se indicaba con claridad y como probada la financiaci¨®n de determinado partido pol¨ªtico. Todos sabemos que el caso result¨® improcedente por falta de tipificaci¨®n, pero que exist¨ªan responsabilidades pol¨ªticas que nunca se saldaron. Por si ello fuera poco bagaje, m¨¢s tarde llegaron otros affaires, como los aplazamientos tributarios a determinadas empresas afines al poder. La bonanza de la climatolog¨ªa les permiti¨® competir ventajosamente con los dem¨¢s hasta conseguir la hegemon¨ªa de la que disfrutan hoy. O bien, por qu¨¦ no recordar la controvertida adjudicaci¨®n de loter¨ªas a la empresa Luditec, etc¨¦tera. Hemos vivido m¨¢s de 20 a?os de sospechas fundadas alrededor del juego de azar. Durante esta ¨¦poca el Gobierno ha hecho o¨ªdos sordos a las exigencias parlamentarias que pugnaban por corregir la situaci¨®n. Hoy de nuevo el juego ha saltado a la palestra, en pleno ep¨ªlogo pujoliano (v¨¦ase EL PA?S del pasado 23 de septiembre). El Gobierno catal¨¢n intentaba dar a luz un anteproyecto de reglamento de m¨¢quinas tragaperras que ha soliviantado a diversos sectores. Asociaciones contra la ludopat¨ªa, operadores, maquineros, grueros han clamado contra lo que consideraban un acto de rendici¨®n, de entreguismo a las exigencias de los que pretenden monopolizar el sector. La Direcci¨®n General del Juego impuls¨® en pleno mes de agosto una nueva normativa con nocturnidad y la excusa de modernizar los anteriores reglamentos, y lo hizo francamente mal, tanto desde la perspectiva empresarial como desde la social. La entrada en vigor de este decreto hubiera implicado beneficios inmediatos para algunas de las empresas hegem¨®nicas del sector (CIRSA), en detrimento de gran n¨²mero de medios y peque?os operadores que hubieran tenido que recurrir a dicha empresa para adecuar su tecnolog¨ªa a la nueva situaci¨®n. Hace unos seis meses tuvieron que modificar sus m¨¢quinas para adecuarlas al euro efectuando considerables inversiones. Tanto es as¨ª que la aprobaci¨®n de este nuevo decreto supon¨ªa para muchas de estas empresas la obligaci¨®n de realizar nuevamente inversiones y quedar, una vez m¨¢s, a merced de los grandes tiburones del juego. A¨²n eran m¨¢s graves las repercusiones en el ¨¢mbito social puesto que hablamos de personas. El texto del Gobierno permit¨ªa el aumento en las velocidades de ejecuci¨®n de las partidas (de cinco a tres segundos), con lo que se hubiera incrementando el riesgo de dependencia en el jugador compulsivo. Todo ello es una incitaci¨®n al juego en un pa¨ªs que tiene uno de los ¨ªndices de ludopat¨ªa m¨¢s altos de Europa. Resulta del todo incomprensible que una Administraci¨®n, que supuestamente ha de velar por la salud de sus administrados, pasara por alto esta circunstancia. Como tambi¨¦n resulta dif¨ªcil creer que esta misma Administraci¨®n pretendiera fijar las partidas en las tragaperras a 25 c¨¦ntimos de euro cuando esta moneda no existe en el mercado y fuerza a la utilizaci¨®n de una de 50 c¨¦ntimos. Estos aspectos, combinados con la reducci¨®n de devoluci¨®n en premios y con la nueva velocidad de la partida, supon¨ªan para el usuario un gasto potencial que es 3,3 veces mayor que antes de la implantaci¨®n del euro. Resumiendo: una persona apostada ante una m¨¢quina tragaperras a principios de 2002 pod¨ªa gastar durante una hora un m¨¢ximo de 27 euros (4.500 pesetas); desde la entrada del euro, se pas¨® a una cifra que rondaba los 36 euros (5.980 pesetas), y de haberse aprobado el decreto, esta cifra hubiera ascendido a 90 euros (unas 15.000 pesetas). La opci¨®n reglamentaria de la Direcci¨®n General de Juegos y Apuestas de la Generalitat no respond¨ªa, pues, a criterios de inter¨¦s social ni a criterios empresariales. Hemos padecido una actuaci¨®n arbitraria dictada por el inter¨¦s particular de determinados fabricantes vinculados al poder convergente que pasan hoy dificultades econ¨®micas. Ante tanto estropicio, no es de extra?ar que asociaciones contra la ludopat¨ªa, partidos pol¨ªticos y la mayor parte del empresariado hayan reaccionado contundentemente. Sorprende a todos que la Generalitat potenciara un reglamento que induce a la gente a apostar m¨¢s en las tragaperras. Afortunadamente, una resoluci¨®n parlamentaria ha puesto freno a tanto desprop¨®sito. La cr¨ªtica al Gobierno aqu¨ª expuesta no se basa en un discurso moralizante -por otra parte leg¨ªtimo y necesario-, sino en la reivindicaci¨®n de una Administraci¨®n ecu¨¢nime al servicio del ciudadano y no de los grupos de presi¨®n. Porque, sinceramente, una cosa es aceptar que el ciudadano juegue y otra muy distinta multiplicar los peligros de la adicci¨®n. La mayor¨ªa de los empresarios del sector no desean esta situaci¨®n. Las asociaciones contra la ludopat¨ªa se sienten enga?adas. Desde la oposici¨®n creemos que, una vez m¨¢s, el Gobierno de Pujol est¨¢ atrapado en la red que ¨¦l mismo ayud¨® a tejer.

Joan Ferran es diputado del PSC en el Parlament.