De nuevo contra el 'decretazo'

El Consejo de Ministros aprobaba hace unos meses el Real Decreto Ley 5/2002 por el que se limitaban, entre otros, el acceso al desempleo a determinados colectivos con contratos precarios, y se eliminaban los salarios de tramitaci¨®n en los despidos improcedentes. Aquel recorte premeditado de derechos b¨¢sicos de los trabajadores fue contestado con una huelga general (20-J) que, m¨¢s all¨¢ de las guerras de cifras, signific¨® una clara respuesta de las trabajadoras y los trabajadores a una actuaci¨®n parcial, por parte del Gobierno, contra sus intereses.

Ahora aquellas medidas tienen que ratificarse en el Parlamento, sin que en este periodo el Gobierno haya intentado reconducir esta situaci¨®n. Es m¨¢s, contin¨²a anunciando, por boca de su nuevo ministro de Trabajo, otros posibles objetivos, como la disminuci¨®n de la indemnizaci¨®n por despido o la reforma de la negociaci¨®n colectiva. Por todo ello, este mismo s¨¢bado est¨¢ convocada una concentraci¨®n en Madrid, porque seguimos estando absolutamente en contra, en la forma y en el fondo, de estas medidas que atentan claramente contra los derechos b¨¢sicos de las trabajadoras y los trabajadores.

'Estamos absolutamente en contra de medidas que atentan a los derechos de los trabajadores'

Las ¨²ltimas declaraciones de Eduardo Zaplana condicionan la posible modificaci¨®n de algunas medidas, por v¨ªa parlamentaria, a la existencia de una actitud flexible de los sindicatos. Declaraciones que hacen hincapi¨¦ en los salarios de tramitaci¨®n, y que no dejan de ser contradictorias, cuando dichas medidas precisamente se imponen de forma unilateral, sin negociaci¨®n alguna, lo que, evidentemente, provoca una respuesta firme de los sindicatos frente a este recorte de derechos.

No conviene olvidar, y menos todav¨ªa en un momento en el que se est¨¢ preparando la negociaci¨®n colectiva para el pr¨®ximo a?o, que esta actuaci¨®n ha supuesto, 'por decreto' y de forma inmediata, una reducci¨®n del salario diferido de las trabajadoras y trabajadores y un cambio del entorno normativo del sistema de relaciones laborales, favorable a los intereses de los empresarios.

El sistema de protecci¨®n por desempleo se financia con nuestras aportaciones (nos financiamos nuestro propio desempleo) y, en estos momentos, en los que presenta un claro super¨¢vit, se endurece el acceso a ciertos colectivos de trabajadoras y trabajadores (fijos discontinuos, desempleo rural...). Es m¨¢s, la modificaci¨®n de los salarios de tramitaci¨®n supone no s¨®lo una p¨¦rdida de salario (diferido) y cotizaciones, o un incentivo al despido improcedente, sino que conlleva una transferencia de rentas a los empresarios.

Y estas medidas se desarrollan, adem¨¢s, en un entorno de reducci¨®n del volumen de empleo, que adem¨¢s presenta elevadas tasas de temporalidad, y de un repunte de la tasa de inflaci¨®n. Es decir, a la p¨¦rdida salarial directa y diferida que supone el decretazo, debemos unir, con el benepl¨¢cito del Gobierno, el crecimiento de los niveles de desempleo y de temporalidad. Todo ello es fruto no s¨®lo de un proceso de ralentizaci¨®n econ¨®mica, sino de estrategias empresariales a corto plazo que deterioran de forma constante las condiciones de trabajo, as¨ª como la p¨¦rdida de poder adquisitivo. Una p¨¦rdida que a su vez es consecuencia de un aumento en el nivel de los precios debido, entre otros, al comportamiento de ciertos grupos empresariales.

La negociaci¨®n colectiva para el a?o 2003 deber¨¢, por lo tanto, hacer frente a este nuevo entorno. Es necesaria una reflexi¨®n sobre el Acuerdo Interconfederal para la Negociaci¨®n Colectiva 2002 y de todos los factores que en este per¨ªodo han marcado la evoluci¨®n del sistema de relaciones laborales. El acuerdo para la negociaci¨®n colectiva del a?o 2002, firmado entre los sindicatos y las organizaciones empresariales, ha sido contestado por el Gobierno, sin negociaci¨®n ni aviso, con un ataque unilateral a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. As¨ª han visto empeorada su situaci¨®n en el mercado de trabajo y reorientado a favor de los empresarios el marco de relaciones laborales.

En cualquier caso, por seriedad, responsabilidad y coherencia, los sindicatos llevaremos a miles de manifestantes a Madrid para pedir la derogaci¨®n o el cambio sustantivo de este Real Decreto, y m¨¢s todav¨ªa, con las posibilidades de modificaci¨®n que aparecen en la v¨ªa parlamentaria.

Joan Sifre Mart¨ªnez es secretario general de CC OO-PV.