Ante el desaf¨ªo del nacionalismo vasco

No apagados los ecos de la respuesta del nacionalismo moderado a la decisi¨®n del juez Garz¨®n y a la nueva Ley de Partidos Pol¨ªticos, se ha producido el pronunciamiento de Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria en defensa de un proyecto de reforma del marco estatutario vasco que desborda las previsiones constitucionales y apunta un proyecto pol¨ªtico para el Pa¨ªs Vasco dentro de la m¨¢s estricta ortodoxia nacionalista. La campa?a del PNV-EA en contra del proceso de ilegalizaci¨®n de Batasuna ha podido sorprender a algunos sectores de la opini¨®n espa?ola. Menos, a aquellos sectores de la opini¨®n vasca conocedores de una estrategia peneuvista consciente de los riesgos que una eliminaci¨®n del terrorismo implica para su hegemon¨ªa pol¨ªtica.

Quienes pensamos que una derrota de ETA supondr¨¢ la eclosi¨®n del pluralismo pol¨ªtico en el Pa¨ªs Vasco y, con esta eclosi¨®n, la resituaci¨®n del nacionalismo vasco en la posici¨®n pol¨ªtica relativamente modesta que le ha deparado la historia del Pa¨ªs Vasco en el primer tercio del siglo XX, no nos podemos sorprender demasiado de los temores que despiertan en el PNV unas decisiones judicial y pol¨ªtica que amenazan con debilitar las bases pol¨ªticas y sociales del terrorismo. El nacionalismo moderado se mueve entre un rechazo, que hay que estimar sincero, de los efectos sangrientos del terrorismo y una intuici¨®n acerca de los riesgos que para su hegemon¨ªa pol¨ªtica supondr¨ªa su eliminaci¨®n sin alcanzar previamente unas ventajas pol¨ªticas. Aqu¨ª radica la base de toda la confusi¨®n y ambig¨¹edad ante el tema de ETA por parte del complejo PNV-EA.

El pronunciamiento de Ibarretxe culmina una estrategia peneuvista que lleva tiempo incub¨¢ndose y en la que forma parte importante la hip¨®tesis de alcanzar logros pol¨ªticos inmediatos a cambio del fin del terrorismo. Ante esta estrategia es indispensable organizar una respuesta desde dentro y desde fuera de la sociedad vasca. La estrategia desde dentro no puede ser otra que la preparaci¨®n de un frente electoral de los partidos constitucionalistas que tenga como base una movilizaci¨®n social capaz de traducirse en unas candidaturas electorales que den el espacio que merecen a las voces que estos ¨²ltimos a?os se han hecho o¨ªr en Euskadi. Esta es la estrategia pol¨ªtica fundamental. Es la que puede conducir a un triunfo electoral capaz de desalojar al nacionalismo del poder y, en un segundo momento, de permitir un acuerdo con ¨¦l una vez que lleve a cabo su reconversi¨®n ideol¨®gica en el marco de la oposici¨®n pol¨ªtica. Esta es una estrategia, sin embargo, que necesita tiempo, que no puede ser acelerada, y que debe ir madurando en las pr¨®ximas elecciones municipales, si es que se dan las condiciones m¨ªnimas para que estas elecciones puedan celebrarse. Se trata de un camino pol¨ªtico que necesita del acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista tanto en el Pa¨ªs Vasco como en el conjunto de Espa?a y que requiere un proceso de movilizaci¨®n social en el Pa¨ªs Vasco similar al llevado a cabo en determinados procesos de transici¨®n a la democracia en la vida europea.

La respuesta desde fuera tiene que ver con reacciones de tipo institucional y de tipo ideol¨®gico. Ser¨ªan las primeras aquellas medidas que el Gobierno central puede adoptar en el marco legal ante el desaf¨ªo nacionalista. Es innecesario subrayar la necesidad de prudencia y de calma en esta reacci¨®n. Pero, pese a ello, no puede descartarse el recurso a las previsiones constitucionales en defensa de la legalidad. Contra los comentarios que se han podido escuchar a lo largo de estos d¨ªas sobre la improcedencia de recurrir a estas medidas de excepci¨®n, parece conveniente una meditaci¨®n sobre su oportunidad. La atrofia de una previsi¨®n constitucional no parece una decisi¨®n razonable. Pero m¨¢s all¨¢ de esta constataci¨®n, habr¨ªa que valorar los costes y beneficios que un recurso a medidas de esta naturaleza habr¨ªan de tener en la pol¨ªtica vasca.

Contra lo que pudiera parecer en una primera aproximaci¨®n, el gran perdedor de un hipot¨¦tico recurso a medidas de defensa de la Constituci¨®n no ser¨ªa otro que el PNV. La intervenci¨®n por parte del Gobierno central en los recursos pol¨ªtico-administrativos de la Comunidad Aut¨®noma Vasca tendr¨ªa un efecto paralizador de la utilizaci¨®n que los partidos nacionalistas moderados hacen de su poder en Vitoria. La sociedad vasca no quiere recorrer otro camino que el que asegure la normalidad de su vida pol¨ªtica en un contexto de creciente desarrollo de sus niveles de bienestar. Una situaci¨®n de intervenci¨®n estatal en el Gobierno aut¨®nomo no puede traducirse sino en un incremento de la desconfianza de la sociedad vasca en el PNV como gestor de su vida p¨²blica. En definitiva, el recurso a una situaci¨®n de excepci¨®n habr¨¢ de traducirse normalmente en una erosi¨®n del poder nacionalista en el marco de una sociedad hambrienta de normalidad y estabilidad.

Hay buenas razones para demorar al m¨¢ximo el recurso a la intervenci¨®n. Deber¨¢n antes agotarse todos los medios pol¨ªticos capaces de garantizar las reglas de juego en la pol¨ªtica vasca. Pero, lejos de rechazarse como imposible ese recurso, habr¨¢ que tenerlo previsto por si las cosas se agravan mediante la asunci¨®n por los dirigentes del PNV de nuevos desaf¨ªos al orden constitucional. Se entiende que los dem¨®cratas espa?oles traten de evitar el recurso a una situaci¨®n que tiene innegables caracteres de excepcionalidad. Pero si las circunstancias hacen inevitable el envite, har¨¢ mal el sistema pol¨ªtico espa?ol en ignorar unos mecanismo constitucionales cuya aplicaci¨®n es en principio m¨¢s costosa para quienes no dudan en provocarlos que para quienes responden a la provocaci¨®n.

Lo que en todo caso nunca ser¨¢ funcional en la resoluci¨®n del contencioso vasco es transmitir una imagen de indecisi¨®n y temor a la asunci¨®n por parte del Estado de aquellos medios que sean necesarios para la defensa del orden constitucional. Los dirigentes del PNV deben saber que detr¨¢s del Gobierno de Espa?a est¨¢ el conjunto de la sociedad espa?ola dispuesto a respaldar aquellas decisiones que se estimen indispensables para el mantenimiento del Estado de Derecho y la normalidad constitucional. Que toda la voluntad de llegar a acuerdos con el nacionalismo vasco es compatible con el cumplimiento de la legalidad. Y que el Estado espa?ol no dudar¨¢ en adoptar todas aquellas medidas que aconsejen los acontecimientos. Ser¨ªa un lamentable error que el sentimiento sabiniano, la visi¨®n de Espa?a como un pa¨ªs de bailadores y toreros, inspirase a los dirigentes peneuvistas otra percepci¨®n de los hechos.

Hay otra reacci¨®n, en el terreno ideol¨®gico, por parte del Gobierno central que cabe esperar. Es la elaboraci¨®n de un discurso pol¨ªtico en positivo respecto al conjunto de la sociedad vasca. Los ciudadanos de Euskadi tienen que acostumbrarse a la acci¨®n de un Gobierno central que tambi¨¦n es el suyo, que se siente ¨ªntimamente preocupado por su pacificaci¨®n y su bienestar. Hay que hacer llegar al Pa¨ªs Vasco el convencimiento de que los sentimientos mayoritarios del conjunto de la sociedad espa?ola hacia ¨¦l son de solidaridad y de fraternidad. Que el objetivo de hacer de Euskadi una sociedad m¨¢s libre y m¨¢s pr¨®spera es un objetivo prioritario para Espa?a. Que el Estado espa?ol se considera un agente eficaz para la gesti¨®n de los intereses de los vascos en el actual momento de la vida europea e internacional. Que no son solamente razones de pasado, sino de futuro, las que justifican un encaje armonioso del Pa¨ªs Vasco en el conjunto espa?ol. Sin duda es dif¨ªcil compatibilizar este discurso con la defensa del orden constitucional, pero es indispensable hacerlo con decisi¨®n e imaginaci¨®n si queremos alcanzar la definitiva superaci¨®n de un contencioso cuyo mantenimiento no podemos aceptar como un dato inevitable. M¨¢xime cuando tenemos en cuenta la deriva que el mismo va adquiriendo y su 'vis' expansiva en el marco de nuestro Estado auton¨®mico.

Andr¨¦s de Blas Guerrero es catedr¨¢tico de Teor¨ªa del Estado de la UNED.