Otros cinco vecinos piden ahora el derribo de parte de la iglesia de Fuencarral

El caso de la iglesia sobre la que pesa una orden judicial de derribo ha dado otro giro radical. El tribunal que lleva el caso ha convocado para el pr¨®ximo 16 de octubre a los 45 magistrados de la Sala de lo Contencioso para debatir varias cuestiones procesales. Del resultado del debate depender¨¢ si se demuele o no definitivamente la parte del templo que cubre el altar mayor. Una de las cuestiones a debatir es si, a estas alturas del proceso, cabe admitir la personaci¨®n en la causa de otros cinco vecinos del bloque de pisos cuya luz natural tapa la iglesia. ?stos exigen el derribo.

La petici¨®n de estos cinco vecinos se produce despu¨¦s de que los dos inquilinos que denunciaron hace m¨¢s de 10 a?os la ilegalidad urban¨ªstica de la iglesia hayan desistido de un pleito que les era favorable. Y lo han hecho tras recibir del arzobispado 541.000 euros (90 millones de pesetas) por retirar su demanda.

El arzobispado, propietario de la iglesia Nuestra Se?ora de las Fuentes (situada en la calle de Villa de Mar¨ªn, Fuencarral), cre¨ªa tenerlo todo atado para frenar definitivamente la orden judicial de demolici¨®n. ?sa era su convicci¨®n tras haber llegado a ese acuerdo econ¨®mico con los dos litigantes iniciales (Mar¨ªa Teresa M. y Abd¨®n R.), quienes hab¨ªan denunciado que la fachada de la iglesia est¨¢ a s¨®lo 7 metros de sus casas y, por tanto, que vulneraba la separaci¨®n m¨ªnima.

Pero cuando el Tribunal Superior estudiaba si aceptaba o no la renuncia de los vecinos, ha sucedido un imprevisto: otros cinco vecinos han presentado un escrito el que afirman que la ubicaci¨®n de la iglesia tambi¨¦n afecta a sus casas y que, por tanto, la sentencia de demolici¨®n parcial debe cumplirse de inmediato.

Sala especial

As¨ª las cosas, los cinco jueces que componen la Secci¨®n Primera del Tribunal Superior, que es la que lleva el caso, han decidido convocar para el pr¨®ximo d¨ªa 16 a la Sala Especial del Tribunal Superior, integrada por sus 45 magistrados. ?stos deber¨¢n pronunciarse sobre las siguientes cuestiones: ?cabe a estas alturas del pleito aceptar la personaci¨®n de nuevos afectados? y ?cabe a estas alturas aceptar la petici¨®n de desestimiento del pleito formulada por los dos litigantes iniciales? Oficialmente, el tribunal ignora que ambos litigantes hayan cobrado 541.000 euros por desistir de su demanda.

Otra cuesti¨®n que deber¨¢n resolver los 45 jueces es la siguiente: ?En caso de que se aceptase el desestimiento de los dos vecinos, paralizar¨ªa ello la orden de derribo? Fuentes jur¨ªdicas recuerdan que la fase judicial consistente en estudiar si la ubicaci¨®n de la iglesia cumple la ley ya est¨¢ resuelta y superada con una sentencia firme de derribo y que, adem¨¢s, ha sido validada por el Tribunal Supremo y el Constitucional. 'Lo que ahora se discute es, pues, la ejecuci¨®n de una sentencia dictada en 1993', se?alan.

Los citados medios interpretan que el hecho de que los litigantes iniciales hayan desistido no implica la paralizaci¨®n del derribo, ya que en este asunto tambi¨¦n subyace una cuesti¨®n urban¨ªstica; es decir, que la ubicaci¨®n de la iglesia incumple el planeamiento urban¨ªstico de Madrid. Al menos as¨ª lo entienden los jueces que llevan el caso.

Ante la iniciativa de convocar a la Sala Especial del Tribunal Superior, Nicol¨¢s Perez-Serrano, abogado del arzobispado de Madrid, asegura que en este supuesto no se dan los requisitos legales que regula el art¨ªculo 264 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y que permiten convocar a la citada sala. 'S¨®lo cabe convocarla para unificar criterios o para coordinar pr¨¢cticas procesales, pero despu¨¦s de que distintas secciones hayan sentado criterios diferentes sobre asuntos similares, y s¨®lo con vistas a temas futuros, y ¨¦ste no es el caso', destaca.

La Secci¨®n Primera ha vuelto a retomar el caso despu¨¦s de que otros jueces hayan desestimado definitivamente la recusaci¨®n planteada por el arzobispado contra los magistrados de la citada secci¨®n. Los jueces que han desestimado la recusaci¨®n han impuesto, adem¨¢s, una multa de 450 euros al abogado del arzobispado, al entender que la petici¨®n de recusaci¨®n se bas¨® en 'mala fe'. 'La pagar¨¦ de mi bolsillo, puesto que se trata de una multa que se impone a la parte procesal', indica P¨¦rez-Serrano.

El letrado cree que debe ser la propia Secci¨®n Primera del Tribunal Superior, y no su sala especial, 'porque no se cumplen los requisitos', la que se pronuncie sobre el desestimiento de los dos vecinos y tambi¨¦n sobre la eventual aceptaci¨®n en el proceso de los otros cinco inquilinos.

Antes de llegar a esta situaci¨®n, el Tribunal Superior dedujo testimonio por supuestos delitos de desobediencia contra el gerente de Urbanismo, Luis Armada, y contra 23 concejales, 21 del PP, incluido el alcalde, y dos de IU. Los jueces de la Secci¨®n Primera interpretaron que los 23 ediles pudieron incurrir en un delito de desobediencia por aprobar en un pleno el inicio de los tr¨¢mites para legalizar la situaci¨®n urban¨ªstica de la iglesia a sabiendas de que exist¨ªa una orden judicial de derribo de la misma. La investigaci¨®n de este supuesto delito la lleva un juzgado penal. Otro juzgado similar investiga a Armada tambi¨¦n por desobediencia.