Admitida a tr¨¢mite una querella por prevaricaci¨®n contra el alcalde andalucista de San Fernando

La magistrada del juzgado n¨²mero 6 de C¨¢diz, Concepci¨®n Carranza, ha aceptado a tr¨¢mite la querella criminal presentada por el Partido Socialista (PSOE) contra el alcalde de San Fernando (C¨¢diz), Antonio Moreno, del Partido Andalucista (PA), al que se acusa de realizar contrataciones 'a dedo'. Las plazas fueron creadas para dotar de personal las instalaciones del punto de informaci¨®n europea, Info-Point, instalado en la ciudad con fondos del pacto territorial de empleo, gestionados por la Mancomunidad de Municipios de la Bah¨ªa de C¨¢diz.

Las contrataciones denunciadas se realizaron en marzo de 1999 cuando Antonio Moreno compatibilizaba su cargo de alcalde con la presidencia rotatoria del ente supramunicipal.

Seg¨²n la denuncia, Moreno coloc¨® en las oficinas de Info-Point a tres personas de su entorno: el yerno del secretario general del Ayuntamiento, el hijo de un amigo personal y la hija de su conductor municipal. Las contrataciones se realizaron sin previa convocatoria de concurso p¨²blico y sin el preceptivo proceso de selecci¨®n.

Dos meses m¨¢s tarde, en mayo de 1999, la portavoz socialista, Mar¨ªa Jes¨²s Castro, advirti¨® sobre la presunta ilegalidad del caso y se iniciaron dos v¨ªas de investigaci¨®n. La primera en el seno de la Mancomunidad de Municipios de la Bah¨ªa de C¨¢diz, con la elaboraci¨®n de una auditor¨ªa que desarroll¨® la empresa CAP Auditores, cuyas conclusiones, hechas p¨²blicas en el a?o 2001, advert¨ªan de defectos de forma en el modo de contrataci¨®n. A pesar de ello, los auditores se?alaban en su escrito que no se hab¨ªan apreciado acciones contrarias a la ley 'con consecuencias materiales o significativas'.

La segunda, por la v¨ªa judicial a instancias del PSOE, ha sido ahora atendida por la juez que, en un auto del pasado 15 de julio publicado ayer por Diario de C¨¢diz, concluye que los hechos 'pueden ser constitutivos de un delito de prevaricaci¨®n'. En su denuncia, los socialistas, representados por el abogado Gabriel Escalante, consideran probado que las contrataciones 'se llevaron a cabo deliberadamente, sin tener en cuenta las m¨¢s m¨ªnimas normas de procedimiento, sin respetar los principios de igualdad, m¨¦rito y capacidad y sin cubrir las garant¨ªas en cuanto a la selecci¨®n del personal que en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n se deben cumplir'.

Documentaci¨®n

En la documentaci¨®n aportada figura el convenio que firmaron el 22 de marzo de 1999 Antonio Moreno, en calidad de presidente de la Mancomunidad, y el entonces concejal de Programas Europeos de su Ayuntamiento, Jos¨¦ Quintero, por el que se formalizaban las contrataciones.

Asimismo, se constata que en la tramitaci¨®n llevada a cabo en la Mancomunidad para la creaci¨®n de la oficina de informaci¨®n no figuran documentos que acrediten la apertura y publicidad de un concurso p¨²blico, como es preceptivo, a pesar de que las contrataciones se realizaron con fondos obtenidos por el Pacto Territorial de Empleo gracias a la financiaci¨®n de las administraciones p¨²blicas.

El alcalde de San Fernando declin¨® ayer hacer declaraciones sobre la decisi¨®n de la juez y los pormenores del caso. Antonio Moreno se limit¨® a asegurar que est¨¢ 'tranquilo' y se remiti¨® al informe de la empresa auditora en el que se conclu¨ªa que no se hab¨ªa cometido ilegalidad alguna en el proceso para la realizaci¨®n de las contrataciones.

Tras ser creados por la Mancomunidad de Municipios de la Bah¨ªa de C¨¢diz, los contratos fueron renovados en el a?o 2000 por el Ayuntamiento de San Fernando con cargo a los fondos municipales.

En la mesa de contrataci¨®n, el Partido Andalucista de Moreno emple¨® su mayor¨ªa absoluta para la aprobaci¨®n del punto, contra el criterio del resto de partidos, que se opusieron a que saliera adelante.