Los ecologistas exigen cerrar todas las azulejeras sin licencia

El plan de inspecciones realizado por la Consejer¨ªa de Medio Ambiente entre 150 firmas azulejeras valencianas revel¨® que la irregularidad m¨¢s frecuente, que afectaba a 51 empresas, era la carencia de licencia municipal. En la mitad de los casos, eran los ayuntamientos los que ten¨ªan abiertos expedientes para solventar la deficiencia. Pero los ecologistas aseguran que la Administraci¨®n est¨¢ obligada al cierre inmediato al tratarse de actividades calificadas.

Un tercio de las empresas del sector cer¨¢mico inspeccionadas por el departamento que dirige Fernando Modrego presentaban irregularidades administrativas. En concreto, carec¨ªan de licencia municipal 33 azulejeras y 18 fabricantes de fritas y colores. A juicio de Modrego se trata de problemas no muy graves que 'tienen una soluci¨®n razonable'. Y si en la mitad de los casos no se hizo nada porque los ayuntamientos ya hab¨ªan abierto expedientes, en el resto de los casos fue la consejer¨ªa la que inicio un procedimiento sancionador. As¨ª lo hizo con 17 azulejeras (tres de Almassora, dos de Castell¨®n y una de la Pobla de Vallbona, L'Alc¨²dia de Crespins, Carlet, X¨¤tiva, L'Alcora, Sant Joan de Mor¨®, Borriol, Lucena, Potries, Onda y Ribesalbes) y cuatro firmas de fritas y colores (Almassora, Vilafam¨¦s, Vila-real y Sant Joan de Mor¨®).

Pero eso no basta, los ecologistas afirman que las azulejeras constituyen, seg¨²n la legislaci¨®n actual, actividades calificadas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y que hay numerosa jurisprudencia que determina que este tipo de actividades han de cerrarse cuando carezcan de permiso. La responsabilidad corresponde, seg¨²n el art¨ªculo 17 de la ley valenciana de Actividades Calificadas, al ayuntamiento y, en los caso que ¨¦ste no lo haga, a la consejer¨ªa responsable.

El abogado de Ecologistas en Acci¨®n, Jos¨¦ Luis Ramos explica que reglamento determina que 'una instalaci¨®n que no tiene el correspondiente permiso municipal debe calificarse de clandestina a efectos del derecho y deber de la administraci¨®n de ordenar su clausura'. As¨ª, en 1994 el Tribunal Supremo determin¨® que 'las actividades sujetas al RAM [Reglamento de Actividades molestas] ejercidas sin licencia se concept¨²an como clandestinas y como una situaci¨®n irregular de duraci¨®n indefinida, que no legitima el transcurso del tiempo, pudiendo ser acordado su cese por la autoridad en cualquier momento'. Otra sentencia de 1993 establece que 'si se carece del permiso necesario para desarrollar la actividad, ¨¦sta no puede continuar desempe?¨¢ndose hasta tanto se obtenga la pertinente licencia, pues la Administraci¨®n, tutelando el inter¨¦s p¨²blico por el cual la actividad en cuesti¨®n se encuentra intervenida administrativamente, no s¨®lo puede, sino que debe, poner fin a la actividad il¨ªcita'.

Igualmente, hay otra sentencia de 1987 que determina que 'la carencia de licencia municipal no puede ser suplida por el paso del tiempo, la tolerancia municipal, el pago de las tasas e impuestos o cualquier otra autorizaci¨®n administrativa'. Para estos casos, los ecologistas piden el cierre.

'Eso, lo del cierre, lo dicen ellos. Que las empresas nunca debieron abrirse es otra cuesti¨®n'. El secretario general de la consejer¨ªa, Jorge Lamparero, discrepa de los ecologistas. As¨ª, explic¨® el jueves que 'ser¨ªa desproporcionado que toda actividad econ¨®mica que hay en la Comunidad Valenciana sin licencia de actividades se cerrara de la noche a la ma?ana'.

A su entender, hay que 'regularizar una situaci¨®n que viene de muy antiguo', y 'no es inter¨¦s de la consejer¨ªa cerrar nada, a no ser que se trate de un empresario recalcitrante empe?ado en contaminar', cosa que a su juicio no pasa.

Seg¨²n Lamparero, hay muchos casos de empresas que producen limpiamente desde hace 20 o 30 a?os y que a pesar de pagar el impuesto de actividades econ¨®micas (IAE) el de bienes inmuebles (IBI) carecen de licencia, 'bien porque est¨¢ todav¨ªa en tr¨¢mite, porque est¨¢n pendientes de una declaraci¨®n de inter¨¦s comunitario o de la modificaci¨®n del plan general de ordenaci¨®n urbana'. 'Si les das un recibo del IAE reconoces que est¨¢n funcionando', afirma Lamparero, que es partidario de solventar los casos por v¨ªa administrativa.