El laboratorio de Uribe

'Pensando y analizando', dice reflexivo Antonio, un campesino de Arauca, provincia nororiental de Colombia, 'a la tierra le da?¨® el bendito tubo'. Se refiere a las compa?¨ªas petroleras que, a mediados de los a?os ochenta, llegaron a esta zona de ganaderos, pescadores y agricultores. No es el ¨²nico que piensa de este modo, es una idea que repiten campesinos, empleados y comerciantes de Arauca, Arauquita y Saravena, los afectados por las medidas de control impuestas por el Gobierno de ?lvaro Uribe. Desde el 3 de octubre, estos tres municipios se convirtieron, debido al estado de emergencia, en zona especial de rehabilitaci¨®n.

All¨ª, donde se entrecruzan corrupci¨®n, guerrilla, paramilitares, petr¨®leo y coca¨ªna, los militares tiene atribuciones judiciales y est¨¢ prohibido el paso de extranjeros sin un permiso especial. La zona tiene un comandante militar; destituido el gobernador elegido en las urnas, el Gobierno nombr¨® un coronel reci¨¦n retirado. En enero, 60 marines estadounidenses entrenar¨¢n un batall¨®n encargado de proteger la infraestructura petrolera de los ataques guerrilleros.

'?sta es tierra de mudos; los armados nos tienen humillados y arrodillados'

Muchos justifican que 3.000 familias se hayan refugiado en la coca. No hay alternativas

En Arauca se liga al tubo con el poder de los grupos guerrilleros y se asocian las regal¨ªas con la corrupci¨®n: en los ¨²ltimos 10 a?os se evaporaron unos 800 millones de d¨®lares procedentes del petr¨®leo, seg¨²n las cifras oficiales.

Sin tapujos, pero callando su nombre, un hombre dice: '?sta es tierra de mudos; los armados nos tienen humillados y arrodillados'. Hombres y mujeres de este departamento de 250.000 habitantes se?alan al Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) -la guerrilla que durante a?os estuvo dirigida por el cura espa?ol Manuel P¨¦rez- de haber infiltrado la gobernaci¨®n y las alcald¨ªas, y de haber participado en el fest¨ªn de las regal¨ªas. 'En el monte se defin¨ªan los contratos, los candidatos y los presupuestos. Las regal¨ªas alimentaron la guerra y los bolsillos de los pol¨ªticos', dice. Hoy, en un acto de reflexi¨®n colectiva, muchos araucanos miran hacia atr¨¢s: 'Como no hubo vigilancia del Estado, ocurri¨® lo que ocurri¨®. Los jefes de los partidos se hacen los inocentes, pero avalaron lo que aqu¨ª suced¨ªa'.

Por eso, muchos aceptan, aunque con reservas, las medidas adoptadas por el Gobierno de Uribe: 'Hemos vivido tantos a?os en la dolorosa... Vendr¨¢n d¨ªas de m¨¢s dolorosa pues nos controlar¨¢n hasta el mercado; pero es posible que despu¨¦s nos lleguen los gloriosos', afirma un campesino tratando de ser optimista ante el futuro. 'Nos tocar¨¢ resignarnos a llevar la c¨¦dula [de identidad] en la mano', agrega. No portar el documento ya es un motivo de detenci¨®n. Esa c¨¦lula es una de las obligaciones impuestas por los militares.

Dos semanas despu¨¦s de haber implantado las medidas, muchas preguntas siguen esperando su respuesta para este llanero de m¨¢s de 70 a?os. 'No entiendo bien lo que pasar¨¢; har¨¢n un censo y nos dar¨¢n un carn¨¦, pero pienso: ?no ser¨¢ peligroso? La guerrilla, en algunas zonas, tambi¨¦n carnetiza. ?Y si lo ven a uno con el carn¨¦ del Gobierno? ?ste es un pa¨ªs de locos'.

Cuando se habla de la situaci¨®n se manejan palabras como desorden, caos y mezcolanza. 'Nos abandonaron muchos a?os, y no pueden reconquistarnos a la fuerza', sostiene otro hombre que describe Arauca en t¨¦rminos brutales: aqu¨ª, durante a?os, lo 'ilegal' fue lo normal. All¨ª, sobre todo en la d¨¦cada pasada, fueron a parar muchos veh¨ªculos robados; all¨ª, a falta de Estado, los pleitos, hasta los conyugales, se dirim¨ªan en el monte ante los comandantes guerrilleros. Por esto, cuando ahora les exigen papeles -ya comenzaron los registros de veh¨ªculos- algunos piden plazos. 'En un d¨ªa no se puede ordenar lo que se permiti¨® crecer desordenado por d¨¦cadas', dice sin ocultar su angustia.

En los tres municipios que forman esta zona de rehabilitaci¨®n se palpa la tensi¨®n. Se siente ese vac¨ªo absoluto que genera el no saber lo que vendr¨¢. Por doquier deambulan ce?os fruncidos, miradas esquivas y rostros duros, marcados por la desesperanza.

El mayor temor es que los militares los califiquen de colaboradores de la guerrilla, como sucede en las zonas donde los armados han creado un paraestado. 'Lo importante es que el pueblo vuelva a creer en las instituciones. Pero para creer en ella, debemos sentirnos seguros. ?C¨®mo puedo creer en el que duda de m¨ª y me sindica?', se pregunta una l¨ªder regional. 'El Ej¨¦rcito debe juntarse con el pueblo, no ir contra ¨¦l'.

Un campesino cuenta una an¨¦cdota, que refleja la situaci¨®n: 'Usted tambi¨¦n colabora con la guerrilla', le espet¨® ese campesino a un soldado en medio de una discusi¨®n. '?No ve que cuando se toma una cerveza les paga impuestos?'. Todas las bebidas est¨¢n gravadas con un impuesto de guerra, que sale del bolsillo del consumidor. El soldado qued¨® desconcertado, sin saber qu¨¦ responder.

En la base de la Brigada XVIII, con sede en Arauca, creada hace cinco a?os para proteger la infraestructura petrolera, el coronel Rico, encargado de atender a la prensa, responde lac¨®nicamente cuando se le pregunta si el Ej¨¦rcito estaba preparado para las nuevas funciones. Tras mucho insistir, se explica: 'Se nos triplic¨® el trabajo; nos dieron funciones nuevas'. Sobre su escritorio, y subrayado con marcador, tiene una copia del decreto del estado de emergencia, que crea las zonas de rehabilitaci¨®n y consolidaci¨®n. 'Los ojos del mundo est¨¢n puestos en nosotros; vamos a cumplir con la ley, letra a letra. Vamos a trabajar en perfecta coordinaci¨®n con las entidades de control [fiscal¨ªa y procuradur¨ªa]', asegura el militar.

Ya han estallado protestas por detenciones arbitrarias en Arauquita. Su alcalde, Orlando Ardila, afirma que tres de los capturados son personas de bien. 'Me da miedo que paguen justos por pecadores. Se pueden cometer excesos; el espionaje militar es d¨¦bil', asegura. Ardila, como todos los alcaldes de la provincia, est¨¢ amenazado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que controla las ¨¢reas rurales del departamento. A las cinco de la tarde sale de su oficina. Teme un ataque con cilindros (morteros caseros) repletos de metralla. Jam¨¢s duerme en la misma casa y viaja constantemente a la capital, Bogot¨¢, donde tiene escolta policial permanente. Al d¨ªa siguiente de nuestra visita fue asesinado en medio de la calle el inspector de polic¨ªa de este pueblo de 10.000 habitantes. La alcald¨ªa declar¨® el luto y cerr¨® las puertas; nadie se atrev¨ªa a se?alar culpables. Igual que el alcalde de Arauquita, muchos creen que la clave es el dinero: 'Si hay inversi¨®n social valen la pena las medidas', y hablan de carreteras (las pocas existentes est¨¢n en p¨¦simo estado), cr¨¦ditos y alternativas de producci¨®n.

'El Gobierno nunca ha tenido una pol¨ªtica para nosotros, los del campo', sostiene un hombre que se dedica al cultivo de cacao. Muestra los papeles que certifican que un pr¨¦stamo oficial de 1997 se le sextuplic¨®. Sembr¨® pl¨¢tano pero la cosecha, como le pas¨® a otros, se perdi¨® por culpa de una plaga. Nadie responde las cartas y reclamos que manda. El rosario de quejas de los labriegos es extenso. La apertura quebr¨® a los ganaderos, pues la regi¨®n se inund¨® de leche venezolana. Son muchos los que justifican que m¨¢s de 3.000 familias araucanas se hayan refugiado en el cultivo de la coca... No hay m¨¢s alternativas.

Antonio, el campesino, se desvela pensando en lo que ocurre en su tierra, y dice: 'La violencia no es la salida de un pa¨ªs que quiere progresar'. ?l es uno de los beneficiarios del proyecto El Alcarab¨¢n, patrocinado desde hace cuatro a?os por la Occidental de Colombia y la estatal Ecopetrol . 'La violencia nos desmotiva', asegura, y explica que su sue?o es criar pollos, 'pero vuelan dos o tres torres, nos dejan sin luz, y se frena el proyecto'.

Para algunos, el peor de los males de la regi¨®n es la coca: encareci¨® todo; no hay quien trabaje como jornalero en los cultivos de cacao o pl¨¢tano. 'No podemos pagar lo que se paga por raspar la hoja'. Es una queja generalizada.

Se calculan que las hect¨¢reas sembradas de coca en la regi¨®n superan las 12.000. Las FARC controlan el mercado, aunque paramilitares (autodefensas) y elenos tratan de ganar tajada en el negocio.

Los que abandonaron sus cultivos de yuca y pl¨¢tano y cambiaron los potreros de ganado por coca est¨¢n preocupados. No s¨®lo sienten que trabajan para los armados -que les cobran impuestos y, en definitiva, son los ¨²nicos que ganan-, saben que, tarde o temprano, llegar¨¢ la fumigaci¨®n y con ella la hambruna. 'Nadie plantea alternativas', denuncian.

Ya se sienten los efectos de la ca¨ªda del negocio. Hace dos semanas detuvieron a l7 personas, entre ellas pol¨ªticos y pilotos. Se les acusa de formar parte de una red de narcotraficantes. La noticia de esta masiva detenci¨®n aliment¨® las charlas del fin de semana. 'La ocasi¨®n hace al ladr¨®n', afirma alguien dando a entender que ¨¦ste, como todos los males, crecieron sin oposici¨®n alguna del Estado ante los ojos de Ej¨¦rcito, polic¨ªa y con la bendici¨®n de los dirigentes pol¨ªticos nacionales.

'Estoy de acuerdo con las medidas, pero de la misma mano deben llegar soluciones', dice un hombre de negocios de Saravena. El comercio ha ca¨ªdo en un 70%. Entre otras razones porque la decisi¨®n de acabar con el contrabandeo de gasolina tambi¨¦n es radical. Como todos los departamentos fronterizos con Venezuela, Arauca ha vivido durante a?os de la gasolina trapicheada desde el pa¨ªs vecino. Las autoridades persiguen a los pimpineros, como llaman a los negociantes ilegales de combustible, pero no llega gasolina nacional. El transporte subi¨®, la gasolina escasea y todos saben que la poca que entra sigue para atr¨¢s -como llaman lo que est¨¢ al sur del tubo-, es decir, que es ilegal. El Ej¨¦rcito, que encabeza la campa?a contra el contrabando, tambi¨¦n se abastece de ese combustible venezolano; no hay otra alternativa en Arauca.

'?Usted cree que podemos estar de acuerdo con esto?', pregunta un habitante de Saravena, mientras sirve de gu¨ªa por las calles centrales de esta poblaci¨®n recostada contra la cordillera oriental. A cada lado s¨®lo se ven construcciones en ruinas: hierros retorcidos, veh¨ªculos convertidos en chatarra; ventanas y portones de lo que qued¨® en pie con anuncios escritos a la carrera. 'No trasladamos a...'.

Este a?o, las FARC, con sus pipetas de gas repletas de metralla, han destruido 40 edificaciones, entre ellas el aeropuerto, la alcald¨ªa, la fiscal¨ªa y el banco. El parque dej¨® de ser un lugar de citas; hoy todo el mundo evita pasar por all¨ª. 'La frontera de guerra se han ampliado', comenta el gu¨ªa. La trinchera hecha de costales y ramas para proteger el cuartel de la polic¨ªa se ha ido extendiendo en medio de las ruinas de las construcciones vecinas y ya cubre un costado del parque.

La rabia contra las FARC, la guerrilla m¨¢s antigua del pa¨ªs, aumenta con cada ataque. Este a?o llevan 57. Saravena est¨¢ inundada de cientos de caras esquivas. Los hombros se contraen cuando un extra?o pregunta. Hay quienes se atreven a confesar en voz baja: 'Las medidas son pocas; todo lo que les encubrimos [a la guerrilla] y miren c¨®mo nos tratan'.

Las FARC llegaron antes de la bonanza petrolera. Vivieron de los secuestros de ciudadanos venezolanos. Desde que se rompi¨® el proceso de paz, en febrero de este a?o, arreciaron los ataques en la regi¨®n y aumentaron los cultivos de coca. Los elenos llegaron poco despu¨¦s, a comienzos de los ochenta, y -lo sostienen historiadores- engordaron sus arcas y sobrevivieron gracias a la jugosa vacuna (peaje) que les pag¨® la empresa alemana Mannesman a cambio de permitirles construir el oleoducto. No se descartan otros pagos a la guerrilla por parte de las petroleras.

Y en esta reflexi¨®n colectiva en la que parece sumida Arauca, los m¨¢s viejos miran atr¨¢s y hablan de cuando la motivaci¨®n de la guerrilla era buena. 'La gente sal¨ªa a los paros que ellos organizaban para exigir carreteras, luz...'. Y concluyen, con un deje de nostalgia: 'Ya no miran ning¨²n futuro que defienda al pueblo. Las compa?¨ªas extranjeras est¨¢n mejor que nunca y nosotros, m¨¢s pobres'.

Los paramilitares aparecieron hace un a?o. Entraron por el sur, por los llanos de Casanare, zona tambi¨¦n petrolera. En ese tiempo asesinaron a m¨¢s de 100 personas en Tame, un municipio a pie del monte. Hoy est¨¢n en cuatro de los siete municipios de la regi¨®n: Arauca, Fortul, Tame y Cravo Norte.

Donde llegan aumentan tambi¨¦n los cultivos de coca. Donde no han llegado a¨²n se extiende el temor: 'Los paracos son el problema m¨¢s serio que tenemos... Se va la guerrilla y llegan ellos con sus listas y se da la mataz¨®n del siglo'. Ya circula una con m¨¢s de 300 nombres apuntados y divididos entre los sentenciados a pena de muerte y los que a¨²n tienen la posibilidad de rectificar. No se sabe si este listado de se?alados es cierto o no. O si es alguien que trata de aprovecharse en medio del r¨ªo revuelto.

Una l¨ªder de la regi¨®n se seca las l¨¢grimas cuando repasa los nombres de todos los muertos que han dejado en el camino los tres grupos armados. En la lista hay periodistas, pol¨ªticos, l¨ªderes sociales, campesinos... Y un obispo asesinado por el ELN hace 13 a?os. Hace dos, los elenos proh¨ªben la peregrinaci¨®n que, cada 2 de octubre, sale de 24 parroquias para recordar a este alto prelado.

En la larga lista de los muertos figura tambi¨¦n Octavio Sarmiento, pol¨ªtico de la Uni¨®n Patri¨®tica, grupo de izquierda, nacido de otro fallido proceso de paz en 1984 con las FARC. Los paras llegaron a la finca de este hombre de 69 a?os, le ordenaron recoger el ganado y cuando termin¨®, le mataron... Y figura el presidente de la C¨¢mara de Comercio, asesinado d¨ªas despu¨¦s de encabezar una marcha de antorchas contra las acciones violentas de las FARC que, a veces, han dejado la provincia sin luz.