El gui?o de Plat¨®n

CINCO A?OS DESPU?S de que el diputado socialista Eguiagaray viese rechazada por la Mesa del Congreso su solicitud de comparecencia del entonces presidente de Telef¨®nica -Juan Villalonga- ante la Comisi¨®n de Infraestructuras, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha puesto en marcha los mecanismos parlamentarios necesarios para iluminar el oscuro proceso de privatizaci¨®n de las empresas p¨²blicas realizado por el Gobierno de Aznar a partir de 1996. A petici¨®n nuevamente del PSOE, la Mesa de la C¨¢mara dio luz verde el martes a las comparecencias en comisi¨®n de cinco ministros (Econom¨ªa, Hacienda, Ciencia y Tecnolog¨ªa, Fomento y Defensa) y de nueve presidentes o ex presidentes de siete empresas privatizadas (Telef¨®nica, Endesa, Repsol, Iberia, Tabacalera, Indra y Argentaria). Si la reacci¨®n incial del Gobierno marcase la pauta de su futura estrategia, las esperanzas de esclarecimiento quedar¨ªan frustradas. Obligado el PP a abandonar de mala gana su primera trinchera obstruccionista en la Mesa del Congreso tras el amparo dado por el TC a Eguiagaray (y tambi¨¦n a Borrell, que solicit¨® in¨²tilmente un a?o despu¨¦s la comparecencia de Rodolfo Mart¨ªn Villa como presidente de Endesa ante la Comisi¨®n de Industria), el grupo parlamentario del partido del Gobierno parece dispuesto a proseguir sus boicoteadoras pr¨¢cticas filibusteras en las comisiones de la C¨¢mara.

Tras la sentencia del Constitucional que ampar¨® el derecho de los diputados a controlar al Ejecutivo, el PP intenta frenar las comparecencias de los presidentes de las empresas privatizadas

La sentencia del TC anul¨® los acuerdos de 1997 y 1998 adoptados por la Mesa del Congreso para impedir la comparecencia de Villalonga y Mart¨ªn Villa por considerar que el ¨®rgano de gobierno de la C¨¢mara lesion¨® el derecho de los diputados -su ius in officium- al pleno desempe?o de sus funciones parlamentarias, incluida la tarea de controlar al Ejecutivo. El TC rechaza la restrictiva interpretaci¨®n de la empresa p¨²blica defendida por el Gobierno; el criterio definitorio no debe ser la participaci¨®n mayoritaria del Estado en el capital social, sino el control real ejercido por los poderes p¨²blicos 'directa o indirectamente' a trav¨¦s de 'una influencia dominante en raz¨®n de la propiedad, de la participaci¨®n financiera o de las normas que la rigen'.

S¨®lo la incontinencia verbal - sobre materias sometidas a su jurisdicci¨®n-del presidente del TC, que suele competir con el presidente del Supremo a la hora de adelantarse a los deseos del Gobierno, podr¨ªa explicar su indiscreto gui?o c¨®mplice dirigido al PP para aguar la nueva doctrina del tribunal sobre el control parlamentario del Ejecutivo, Seg¨²n Jim¨¦nez de Parga, la sentencia -de la que fue ponente tal vez como fil¨®sofo-rey (si se quiere dar sentido a su culta referencia griega)- tiene un alcance meramente 'plat¨®nico', ya que los amparos se pronuncian sobre casos particulares y las resoluciones anuladas fueron adoptadas por la Mesa del Congreso durante la anterior legislatura.

Con la coartada regalada por el presidente del TC en la mano, el portavoz popular Luis de Grandes -un basurero vocacional acostumbrado a verter todo tipo de productos excrementicios sobre la oposici¨®n socialista- anunci¨® con escandalizado aire virginal que su grupo parlamentario (mayoritario en las comisiones encargadas de dar el visto bueno final a las comparecencias pedidas por los socialistas) impedir¨¢ 'que el PSOE ponga en duda la acrisolada honorabilidad' de los presidentes convocados o 'ponga en solfa' el proceso de privatizaci¨®n del Gobierno. El programa del PP de 1996 criticaba las privatizaciones socialistas por haber sido realizadas 'sin transparencia, con oportunismo y al margen del control parlamentario'; de ah¨ª su promesa de que 'el control parlamentario de las enajenaciones garantizar¨¢ la transparencia de los mecanismos utilizados'. Los objetivos del PP, a ese respecto, eran 'intensificar el control de la acci¨®n del Gobierno' y fijar 'l¨ªmites temporales razonables con exclusi¨®n de la discrecionalidad' para la comparecencia de ministros y autoridades. Sin duda, la embriagez producida por el ejercicio del poder produce desverg¨¹enza o amnesia.