600 afectados de la CPV protestan por el fraude y buscan abogados comunes
Los damnificados, que volver¨¢n a manifestarse hoy, exigen que les reciba Ruiz-Gallard¨®n
Unas 600 de las 1.200 familias afectadas por el supuesto fraude de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) en los nuevos barrios de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro se concentraron ayer en un hotel de Madrid para protestar por su situaci¨®n y buscar abogados comunes. Los afectados, que est¨¢n recogiendo firmas para exigir que les reciba el presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, volver¨¢n a concentrarse hoy a las cuatro de la tarde en el PAU de Las Tablas.
Dos juzgados de Madrid, uno de lo civil y otro de instrucci¨®n, investigan en la actualidad el supuesto fraude cometido por la promotora. Los afectados afirman que en 1998 anticiparon sus ahorros a CPV -una media de 18.000 euros- a cambio de una vivienda en los citados barrios. Y se quejan de que ahora, cuatro a?os despu¨¦s, la inmobiliaria ha devuelto el dinero a 940 familias, sin inter¨¦s alguno y despu¨¦s de muchos mareos, tras reconocer que no dispone de terreno para construir las casas. En otros casos, la CPV ha devuelto las sumas ingresadas, pero con pagar¨¦s sin fondos. En estos barrios el suelo cuesta hoy m¨¢s del doble que en el a?o 1998.
La candidata socialista a la alcald¨ªa de Madrid, Trinidad Jim¨¦nez, responsabiliz¨® ayer al alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, y al presidente Alberto Ruiz-Gallard¨®n de la 'dram¨¢tica situaci¨®n' por la que atraviesan las 1.200 personas que anticiparon su dinero a CPV. Durante una rueda de prensa, Jim¨¦nez se refiri¨® a las 1.200 familias madrile?as que han dedicado 'su dinero y su esfuerzo a comprar una vivienda y ahora se les dice que nunca se van a construir'. 'Esto es consecuencia de la pol¨ªtica urban¨ªstica del se?or Manzano y de Gallard¨®n, que han dejado la ciudad en manos de los promotores sin ning¨²n tipo de control p¨²blico', dijo.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Ignacio del R¨ªo, sali¨® ayer al paso de las acusaciones lanzadas por Rafael Simancas, candidato del PSOE a la Comunidad. Simancas asegura que la culpa de la gran especulaci¨®n que soporta el suelo de los nuevos barrios se debe a que desde el Ayuntamiento se practica la f¨®rmula de la junta de compensaci¨®n para los desarrollos urban¨ªsticos. El PSOE apuesta por el consorcio, que deja actuar a la iniciativa privada pero manteniendo un control p¨²blico del suelo. 'Para hacer consorcios hay que expropiar suelo, y eso supone un coste que debe asumir la Administraci¨®n y un retraso en los desarrollos urban¨ªsticos', se?ala del R¨ªo. Seg¨²n este edil, la figura de la junta de compensaci¨®n es tan legal como la del consorcio y es la que ha propiciado que ya 'haya 15.000 viviendas en los nuevos PAU'.
Actuaciones
Mientras, los abogados que ya han emprendido acciones judiciales contra CPV informaron ayer a los afectados de las ventajas e inconvenientes de actuar por la v¨ªa civil o penal contra los directivos de esta promotora. Luis Botella, letrado de 30 de los inversores, advirti¨® de que s¨®lo la promotora conoce la cuant¨ªa a la que asciende el supuesto fraude, si bien aventur¨® que ¨¦ste puede rondar los 30 millones de euros, que es la cantidad por la que CPV constituy¨® el aval bancario con los dep¨®sitos entregados a cuenta. Avales que CPV suscribi¨® con una empresa italiana semifantasma. Botella avanz¨® que ma?ana, lunes, ir¨¢ al juzgado para pedir el embargo de dos fincas descubiertas a CPV.
Botella se?al¨® que estudia la posibilidad de solicitar al juez que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sean declarados responsables subsidiarios de este supuesto fraude, puesto que en el origen del problema, dijo, pudo estar 'el retraso en la concesi¨®n de las licencias urban¨ªsticas', lo que ha derivado en un 'encarecimiento brutal del precio del suelo' sobre el que se iban a construir los pisos. Explic¨® que hubo empresas que comenzaron a vender los pisos en 1998 pensando en empezar a construir al a?o siguiente, y que no ha sido as¨ª porque las correspondientes licencias se concedieron en el a?o 2001 o incluso en el 2002, cuando resultaba mucho m¨¢s caro construir las viviendas.
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