Seguros m¨¢s transparentes

Carme Benet, que vive en la localidad leridana de Son del Pi, lleva dos a?os intentando averiguar si su ex marido, que falleci¨® en el verano de 2000, suscribi¨® antes de morir un seguro de vida a nombre de alguno de sus tres hijos. El 'calvario', como ella lo define, todav¨ªa no ha terminado. Y aunque le est¨¢ costando 'sudor y l¨¢grimas', no pierde la esperanza.

El esfuerzo de Benet puede resolverse en breve si el Gobierno, tal como le ha instado el Senado esta semana, impulsa la creaci¨®n de un registro de seguros de vida al que puedan acceder los ciudadanos para saber si son beneficiarios de alguna p¨®liza de vida. Actualmente, la ley no obliga a las compa?¨ªas aseguradoras a comunicar la existencia de esas p¨®lizas a los beneficiarios cuando el titular ha fallecido. As¨ª las cosas, puede que no lleguen a percibir el capital asegurado por el tomador.

El tema no es balad¨ª. Los espa?oles destinan 1.815 millones de euros a la cobertura de seguros por fallecimiento, seg¨²n datos de la patronal de compa?¨ªas aseguradoras, Unespa. La mayor parte de las p¨®lizas suscritas -seis de cada 10- tienen cobertura por fallecimiento. En estos casos, los titulares del seguro suelen nombrar como beneficiarios a los familiares m¨¢s pr¨®ximos, como la pareja o los hijos, que normalmente saben que se ha suscrito esa p¨®liza y que raramente tendr¨¢n problemas para percibir la prestaci¨®n correspondiente.

Cinco a?os para reclamar

Pero otras veces s¨®lo el tomador del seguro conoce su existencia. Y en ocasiones se designa como beneficiaria a una persona que nadie imagina -la nieta, un amigo... En estas circunstancias, los beneficiarios quedan en manos de las compa?¨ªas aseguradoras, que pueden avisarles y desembolsarles el capital asegurado. Pero si no es as¨ª y no lo descubren en un plazo m¨¢ximo de cinco a?os, perder¨¢n el derecho a reclamar esa cantidad.

Y en ¨¦stas se encuentra Carme. Intuye y sospecha que su ex marido Jaume, del que ya estaba divorciada cuando muri¨®, suscribi¨® alg¨²n seguro a nombre de sus hijos, pero asegura que la actual esposa del fallecido se ha negado en rotundo a facilitarle informaci¨®n. No ha tenido otro remedio que recorrer bancos y compa?¨ªas aseguradoras -'una por una', enfatiza- con el objetivo de aclarar sus sospechas. Por ello, a esta mujer la idea de crear un registro de seguros de vida se le aparece como el fin del 'calvario' que, adem¨¢s, podr¨ªa ahorrar este mal trago a las personas que puedan encontrarse en una situaci¨®n similar, a?ade.

La creaci¨®n de este registro ha sido impulsada por los socialistas catalanes, que han abierto distintos frentes para que su propuesta llegara a buen puerto, aunque la ¨²ltima palabra la tiene el Gobierno. El diputado del PSC-CpC ?lex Masllorens present¨® una proposici¨®n no de ley en el Parlamento catal¨¢n que todos los grupos aprobaron por unanimidad y que insta al Ejecutivo catal¨¢n a proponer al Gobierno espa?ol la creaci¨®n de este registro de seguros de vida.

Paralelamente, la iniciativa lleg¨® al Congreso de los Diputados -CiU y PP abortaron la propuesta con sus votos en contra- y tambi¨¦n al Senado, el pasado martes, donde la resistencia desapareci¨® y todos los grupos se mostraron partidarios de la moci¨®n presentada por el diputado socialista Ramon Espasa, de Entesa Catalana de Progr¨¦s -que agrupa al PSC-CpC, ERC e ICV-, que tambi¨¦n persigue la creaci¨®n de este registro.

El Senado aprob¨® finalmente una nueva versi¨®n de la iniciativa con el matiz introducido por el Partido Popular y que insta al Gobierno a estudiar, en el plazo de seis meses, la viabilidad de este registro.

Conjugar derechos

El principal obst¨¢culo que objetan el Gobierno y la patronal de las aseguradoras para llevar adelante la creaci¨®n de este instrumento -aunque no se oponen tajantemente a la propuesta- radica en conjugar el derecho a la informaci¨®n de los beneficiarios y el derecho a la intimidad de los titulares.

El registro, que ser¨ªa informatizado, contendr¨ªa los datos del titular y de los beneficiarios del seguro, adem¨¢s de la cantidad de dinero depositada. Los socialistas proponen que los datos deber¨ªan ser accesibles a las personas que pudieran ostentar un 'inter¨¦s leg¨ªtimo' en conocer sus posibles derechos como beneficiarios de seguros de vida, tras el fallecimiento del titular de esa p¨®liza.

Los expertos consultados creen que es factible salvar esos obst¨¢culos. El profesor de Derecho Mercantil de ESADE Miguel Trias considera que es posible garantizar el derecho a la informaci¨®n de los beneficiarios sin atentar contra la privacidad de los titulares. Trias alude a un precedente an¨¢logo y que suscita el mismo dilema, el Registro de ?ltimas Voluntades, para dar luz verde a la iniciativa socialista. En todo caso, el Ejecutivo dir¨¢. Tiene de plazo hasta abril del a?o que viene.