El enga?o de la reforma del IAE

Desde hace alg¨²n tiempo se ha extendido la creencia de que las promesas electorales se hacen para no ser cumplidas. El PP no se ha esforzado, al menos hasta la fecha, en desmentir esta opini¨®n. A tenor de lo que dijo el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, en la rueda de prensa del final del Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre, parecer¨ªa que el Gobierno hac¨ªa acto de enmienda y cumpl¨ªa una de las promesas electorales m¨¢s rimbombantes que el presidente Aznar hizo en las pasadas elecciones generales: suprimir el IAE. Pero esto no es en absoluto as¨ª. De nuevo nos enga?an. Lo que quieren hacer es reformar de manera chapucera este impuesto para que al final, como siempre, quienes tengan que pagar el desaguisado sean todos los ciudadanos, los que realicen actividades econ¨®micas y los que no.

El Partido Popular quiere reformar de manera chapucera este impuesto para que al final quienes paguen el desaguisado sean todos los ciudadanos, incluso los que no realizan actividades econ¨®micas

Pongamos como ejemplo los municipios de la provincia de Barcelona. El a?o pasado recaudaron a trav¨¦s de este impuesto unos 360 millones de euros, cerca de 60.000 millones de pesetas, lo que supone el 21% del total de sus ingresos a trav¨¦s de los impuestos directos. Este dinero sirvi¨® para crear y mantener los servicios que ofrecen a sus ciudadanos, servicios que no dan las otras administraciones, y a veces, incluso, servicios que son competencia de otras administraciones pero que no los realizan, por lo que obligan a los ayuntamientos a desarrollar una tarea supletoria nada despreciable, tal como ya se vio en un estudio hecho p¨²blico el a?o pasado por la Diputaci¨®n de Barcelona.

?Qu¨¦ va a pasar si al final se reforma, de la manera en que lo ha presentado el Gobierno, el IAE? Pues que los ayuntamientos tendr¨¢n b¨¢sicamente dos opciones. La primera ser¨¢ la de suprimir o cerrar servicios al no poder asumir su coste, con la consiguiente merma en la calidad de vida de los ciudadanos. Una segunda opci¨®n ser¨¢ la de aumentar la cuota de los otros impuestos directos que poseen, sobre todo el impuesto de bienes inmuebles, que pagamos todos los residentes en el municipio, seamos propietarios o vivamos en una vivienda alquilada.

Otra opci¨®n, por ahora no muy clara, es la de que el Ejecutivo proponga una compensaci¨®n econ¨®mica permanente a los ayuntamientos de la misma cuant¨ªa que la de los ingresos por el IAE que van a dejar de percibir. Veremos si esta v¨ªa se concreta ya que, por lo que sabemos hasta el momento, las contrapartidas que ofrece el Gobierno son confusas y arbitrarias.

Pero es que, adem¨¢s de ser discriminatoria y desigual, la reforma de la Ley de Haciendas Locales planteada podr¨ªa vulnerar, a mi entender, diversos principios constitucionales, entre otros los de igualdad ante la ley, del art¨ªculo 14, y de generalidad e igualdad tributaria, del art¨ªculo 31, ya que los contribuyentes ser¨¢n tratados de forma diferente y se dar¨¢ el caso de empresas con ganancias que no pagar¨¢n IAE porque facturan menos de un mill¨®n de euros, y de otras con p¨¦rdidas, pero que facturan m¨¢s de esta cantidad, que s¨ª tendr¨¢n que abonarlo. Tambi¨¦n dejar¨¢n de tributar todos los negocios y las empresas de personas f¨ªsicas, aunque tengan ganancias y facturen m¨¢s de un mill¨®n de euros como pasa en muchas ocasiones.

Por todo ello, si en la fase de discusi¨®n en el Parlamento no se corrige a fondo el proyecto de ley, quienes puedan hacerlo tendr¨¢n que plantearse la presentaci¨®n de un recurso ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar no solamente el futuro financiero de las administraciones locales, cada vez m¨¢s precario, sino tambi¨¦n los derechos que la Constituci¨®n nos garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas. La misma Constituci¨®n, hay que recordarlo, que ¨²ltimamente se encuentra tan en boca del Gobierno popular.

pero que facturan m¨¢s de esta cantidad, que s¨ª tendr¨¢n que abonarlo. Tambi¨¦n dejar¨¢n de tributar todos los negocios y las empresas de personas f¨ªsicas, aunque tengan ganancias y facturen m¨¢s de un mill¨®n de euros como pasa en muchas ocasiones.

Por todo ello, si en la fase de discusi¨®n en el Parlamento no se corrige a fondo el proyecto de ley, quienes puedan hacerlo tendr¨¢n que plantearse la presentaci¨®n de un recurso ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar no solamente el futuro financiero de las administraciones locales, cada vez m¨¢s precario, sino tambi¨¦n los derechos que la Constituci¨®n nos garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas. La misma Constituci¨®n, hay que recordarlo, que ¨²ltimamente se encuentra tan en boca del Gobierno popular.

Joan Rangel es diputado de Hacienda de la Diputaci¨®n de Barcelona.