200 perjudicados por el 'caso CPV' planean su batalla legal para intentar recuperar su dinero

Trabar, recusar, embargar, avalar, estafar... A la angustia por haber perdido unos 18.000 euros de media, los afectados del caso CPV tienen que a?adir ahora la que les produce un lenguaje desconocido para la mayor¨ªa. ?Qu¨¦ deben hacer ahora las 1.200 personas que han visto esfumarse su dinero? El terreno que compraron ya no existe. El dinero que entregaron no est¨¢, aparentemente, donde deb¨ªa. Algunos pagan todav¨ªa las letras que firmaron con la empresa que les vendi¨® la casa so?ada. La asociaci¨®n de afectados se reuni¨® ayer para desenmara?ar las v¨ªas legales. Rein¨® el desconcierto.

'?Podremos construir alg¨²n d¨ªa nuestras casas?', pregunt¨® ayer uno de los damnificados del caso CPV (Comercializadora Peninsular de Viviendas) en la reuni¨®n que 200 de ellos mantuvieron en un hotel de la calle de O'Donnell, en la que no pararon de plantear dudas durante dos horas. Jubilados, j¨®venes y amas de casa ocupaban las sillas. 'No hay terreno. Eso es definitivo', afirm¨® tajante el abogado Pedro L¨®pez Arias, quien hab¨ªa acudido a petici¨®n de la asociaci¨®n creada hace dos d¨ªas por los afectados para explicar qu¨¦ hacer ante la situaci¨®n de indefensi¨®n e impotencia que sufren.

Un total de 1.200 familias se sienten estafadas por CPV, al descubrir que el dinero que hab¨ªan pagado desde 1998 (unos 18.000 euros de media) se ha esfumado sin que nadie sepa nada ni de casas, ni de terrenos (la CPV ha vendido una parcela a terceros en una operaci¨®n rel¨¢mpago que le permiti¨® ganar 1,4 millones de euros).

L¨®pez Arias ya interpuso una querella a primeros de mes en nombre de seis de los damnificados (admitida a tr¨¢mite por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Madrid). 'El suelo no nos lo podemos sacar de la chistera', conclu¨ªa el abogado ante las caras desoladas de sus interlocutores, que un d¨ªa so?aron con una casa en los nuevos barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas.

'?Se han investigado los bienes de los administradores?', cuestionaba otra de las personas, que se identific¨® como abogado amigo de un perjudicado. 'Si resulta que durante todo el procedimiento les da tiempo a hacer desaparecer todos sus bienes..., entonces ser¨ªa muy dificil cobrar alg¨²n dinero', respond¨ªa L¨®pez Arias ante el silencio de los presentes. '?Se han tomado medidas?', insist¨ªa un tercero. 'S¨ª, hemos solicitado algunas investigaciones y la traba de bienes de la sociedad y personales, adem¨¢s de un posible embargo preventivo de los terrenos'. Caras de alivio.

Preguntas sin respuesta

'?Pero nos devolver¨¢n el dinero y tendremos nuestras casas?', se oye de nuevo. Es la pregunta sin respuesta. Y as¨ª, una, dos, varias veces. L¨®pez Arias habl¨®, hipot¨¦ticamente, de c¨®mo se puede ir desarrollando el asunto y record¨®, para calmar los ¨¢nimos y sin mucho entusiasmo, el caso PSV (una cooperativa que agrupaba a unos 20.000 socios; algunos miles consiguieron sus viviendas con el paso del tiempo) ocurrido hace casi ya una d¨¦cada. Luego se detuvo a explicar con profusi¨®n de detalles las razones por las que en el caso CPV se debe usar preferentemente la v¨ªa penal, y no la civil (a ¨¦sta ya han recurrido un centenar de perjudicados). 'Las demandas civiles s¨®lo sirven para colgarlas en un marco', afirm¨® el letrado. 'Pero ambas son igual de leg¨ªtimas', a?adi¨®. Hay, sin embargo, indicios de delito, sigui¨® el letrado. 'Los responsables de la empresa promotora no est¨¢n cumpliendo lo prometido, no hay casas ni dinero...'.

Ahora, los afectados que se adhieran a la demanda penal deben probar con documento original la existencia de un contrato con CPV; aportar los documentos de pago, o las letras, o en su defecto, la certificaci¨®n del banco que acredite los ingresos realizados, para interponer una querella 'por delito de estafa y alzamiento de bienes' contra Francisco Javier Garc¨ªa S¨¢nchez, Miguel ?ngel Garc¨ªa S¨¢nchez y Miguel ?ngel Morillo del Pozo, responsables de CPV. Los tres ya han sido citados, para el 13 de noviembre, por el juez de instrucci¨®n n¨²mero 8 como imputados en una supuesta estafa.

'?Los que estamos pagando letras debemos seguir haci¨¦ndolo?', inquiere uno de los que compraron suelo y proyecto en Montecarmelo. 'Depos¨ªtela en un juzgado; hay que solicitar al juez una medida cautelar para detener los pagos', responde el abogado L¨®pez Arias. As¨ª, entre dudas y esperanzas, entre el miedo a que los administradores de la promotora inmobiliaria se den a la fuga y entre la complicaci¨®n de esos documentos que hay que compulsar en el notario, pagos y confusiones sobre lenguaje jur¨ªdico, se cerr¨® la segunda reuni¨®n de la reci¨¦n creada Asociaci¨®n de Afectados de la CPV, que ya cuenta, incluso, con p¨¢gina web: www.usuarios.lycos.es/excpv.

Luis S., miembro de la asociaci¨®n, se encargaba de recoger los datos de los que deseaban formar parte de ella. 'No me cuadran las cuentas', se queja mostrando decenas de folios con datos. 'Aqu¨ª hay muchas personas apuntadas, quiz¨¢ m¨¢s de 1.000, podr¨ªan ser incluso m¨¢s de esos 1.200 que se supone est¨¢n perjudicados'.

Otro de los asociados convoc¨® a los dem¨¢s a concentrarse cada noche ante la sede de la CPV, en la calle de Orense, 36, en protesta por lo sucedido. El vicepresidente de la Asociaci¨®n General de Consumidores, Daniel Robles, anunci¨® que ¨¦sta se personar¨¢ como acusaci¨®n popular 'para que se busquen todas las responsabilidades'.