Cese de un asesor de Monteseir¨ªn por presunta corrupci¨®n inmobiliaria

El alcalde de Sevilla, Alfredo S¨¢nchez Monteseir¨ªn, firm¨® ayer mismo el decreto de destituci¨®n de Juan Jos¨¦ Conde como personal de confianza del grupo socialista del Ayuntamiento. Conde fue se?alado el martes por el diario Abc como responsable de un caso de corrupci¨®n urban¨ªstica. Seg¨²n el citado peri¨®dico, una cooperativa de viviendas presidida por el ya ex asesor municipal, Vecinos del Alamillo, vend¨ªa viviendas de protecci¨®n oficial, construidas en terrenos adjudicados por la Gerencia de Urbanismo, a precios superiores a los fijados en el expediente municipal.

La informaci¨®n publicada el martes indicaba que, mientras las condiciones legales de la promoci¨®n impon¨ªan un precio m¨¢ximo de unos 577 euros (96.033 pesetas) por metro cuadrado ¨²til, la cooperativa de Conde estaba firmando precontratos de venta de las viviendas a algo m¨¢s de 676 euros (112.500 pesetas) el metro cuadrado.

La diferencia de precio se debe a que en los precontratos se fija un precio conforme al decreto que establece los m¨®dulos de vivienda de protecci¨®n oficial de febrero de 2001, mientras que el expediente de adjudicaci¨®n por parte de Urbanismo utiliza los de junio de 1998. El beneficio generado por esa diferencia podr¨ªa alcanzar el mill¨®n de euros.

Seg¨²n fuentes municipales, la decisi¨®n de Monteseir¨ªn de destituir a Conde no se debe a la acusaci¨®n de corrupci¨®n urban¨ªstica, que a¨²n est¨¢ por demostrar, sino porque el alcalde considera incompatible con el cargo que ten¨ªa en el Ayuntamiento su condici¨®n de presidente de una cooperativa de viviendas. Las irregularidades que se le imputan deber¨¢n ahora ser aclaradas por una investigaci¨®n interna que Urbanismo ya a abierto.

Jes¨²s Mart¨ªn de Prado, presidente de Larcovi, la constructora que gestiona la promoci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial concedida a la cooperativa de Conde, asegur¨® ayer que 'no ha habido irregularidades', neg¨® que se haya pretendido cobrar m¨¢s a los 96 cooperativistas y atribuy¨® la pol¨¦mica que se ha suscitado a que se tom¨® como definitivo un contrato previo a la adjudicaci¨®n del suelo.