El Supremo pide a la UCO un informe sobre la situaci¨®n econ¨®mica de ?balos y su hijo

El magistrado Leopoldo Puente, que investiga a Jos¨¦ Luis ?balos por favorecer presuntamente contratos p¨²blicos a determinadas empresas a cambio de comisiones, ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la situaci¨®n econ¨®mica y patrimonial del exministro y de su hijo V¨ªctor. El juez pide a la UCO que haga el informe ¡°a la mayor brevedad¡± mediante la consulta de fuentes abiertas de las cuentas o dep¨®sitos bancarios de los que ambos pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o veh¨ªculos que est¨¦n registrados a nombre de uno u otro; y de su posible participaci¨®n en entidades mercantiles como administradores, socios o part¨ªcipes. El instructor, que investiga la supuesta trama liderada por el empresario V¨ªctor de Aldama y el exasesor de ?balos Koldo Garc¨ªa, reclama tambi¨¦n a la UCO que busque mensajes intercambiados por Aldama con el ministro ?ngel V¨ªctor Torres, el secretario de Organizaci¨®n del PSOE, Santos Cerd¨¢n, y ¡°cualquier otra persona aforada en el Tribunal Supremo¡±.

El paso dado este martes por el instructor supone el inicio oficial de la investigaci¨®n al exministro de Transportes y ex secretario de Organizaci¨®n del PSOE, despu¨¦s de que el Congreso le levantara por unanimidad el pasado 22 de enero la inmunidad de la que gozaba como diputado. El Supremo abri¨® una causa a ?balos el pasado 7 de noviembre por su actuaci¨®n en el llamado caso Koldo al apreciar indicios de delitos de tr¨¢fico de influencias, organizaci¨®n criminal, cohecho y malversaci¨®n. Unas semanas despu¨¦s, el instructor del Supremo asumi¨® tambi¨¦n parte de la investigaci¨®n de la Audiencia Nacional a los dos presuntos cabecillas de la trama que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes, el empresario Aldama y el exasesor de ?balos. El alto tribunal considera que ?balos y Koldo favorecieron la adjudicaci¨®n de contratos de compraventa de material sanitario a empresas vinculadas a Aldama aprovechando la laxitud de los controles durante la pandemia y que, posiblemente, se adjudicaron tambi¨¦n otros contratos p¨²blicos a cambio de comisiones.

En el auto dictado este martes, el magistrado acuerda varias diligencias y vuelve a citar a ?balos para el pr¨®ximo el 18 de febrero, ya con el estatus propio de investigado y con la posibilidad, advierte el juez, de que se le impongan medidas cautelares. El exministro declar¨® en la causa el pasado mes de diciembre de forma voluntaria, pero al estar todav¨ªa protegido por la inmunidad parlamentaria no se le pudieron poner medidas cautelares ni el instructor pudo pedir a la UCO que investigara su patrimonio, como ha hecho ahora. En aquella ocasi¨®n, ?balos neg¨® los hechos que se le atribuyen y puso el foco en Aldama y Koldo Garc¨ªa.

Adem¨¢s del informe sobre su situaci¨®n econ¨®mica, el juez requiere a la UCO otro sobre las ¡°comunicaciones telef¨®nicas¡± y otros v¨ªnculos que pueda encontrar la Guardia Civil sobre ?balos en lo instruido hasta ahora respecto a su exasesor y el empresario, a los que, al no estar aforados, ya se le han intervenido los t¨¦l¨¦fonos y se ha analizado su patrimonio. El instructor reclama a los agentes que detallen todos los terminales y dispositivos intervenidos a Aldama y Koldo, ¡°con especial referencia a los mensajes¡± que pudiera haber intercambiado Aldama con ?balos, su hijo V¨ªctor, el ministro ?ngel V¨ªctor Torres o subordinados de ¨¦ste, el secretario de Organizaci¨®n del PSOE Santos Cerd¨¢n, o ¡°con cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo¡±.

Con esta decisi¨®n, el instructor pretende esclarecer la veracidad de las denuncias que ha ido desgranando Aldama a lo largo de la investigaci¨®n que implican a altos cargos del PSOE, como su secretario de Organizaci¨®n, al que asegura haberle dado 15.000 euros en efectivo, o el ministro de Pol¨ªtica Territorial, quien, seg¨²n Aldama, reclam¨® 50.000 euros por contratos adjudicados a sus empresas durante su etapa como presidente de Canarias y acudi¨® a al menos una reuni¨®n en un piso alquilado por la trama. En el auto de este martes, el juez reclama a Aldama que aporte, en un plazo de diez d¨ªas, una relaci¨®n de los pisos de Madrid que asegura haber facilitado para encuentros en los que, seg¨²n expres¨®, participaron, adem¨¢s del ministro Torres, ?balos y Koldo Garc¨ªa El instructor pide tambi¨¦n las fechas de los contratos y de las estancias y pago de estos inmuebles, y que se indique si hubo alg¨²n pago a las ¡°se?oritas¡± a las que Aldama se refiri¨® en su declaraci¨®n y, en su caso, qui¨¦n lo abon¨®.

El juez vuelve a citar tambi¨¦n para el mismo 18 de febrero a Koldo Garc¨ªa, pero esta vez no para interrogarle (ya lo hizo en diciembre) sino para hacerle una prueba caligr¨¢fica de firma y escritura con objeto de contrastarlas con la letra que figura en una lista de supuestas obras p¨²blicas preadjudicadas que Aldama entreg¨® en el Supremo. El magistrado Puente reclama que se designe un perito para elaborar un informe sobre este la letra de Koldo y otro, agente de la propiedad inmobiliaria, para que informe sobre el valor de mercado de una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid para la que, seg¨²n Aldama, ?balos firm¨® con ¨¦l un contrato de alquiler con opci¨®n a compra como garant¨ªa de futuras comisiones. El exministro neg¨® estos hechos en el Supremo.

El juez cita adem¨¢s como testigos a 17 personas entre los d¨ªas 25 de febrero y 5 de marzo. Entre los citados est¨¢n tres exaltos cargos de Transportes Jes¨²s Manuel G¨®mez Garc¨ªa, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; y el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, a quien Aldama asegura haber entregado 25.000 euros a cambio de haber mediado para que le aplazaran el pago de la deuda fiscal de una de sus mercantiles, Pilot Real Estate, lo que Moreno y el Ejecutivo han negado. El magistrado cita tambi¨¦n como testigos a Joseba Garc¨ªa (hermano de Koldo), a V¨ªctor ?balos (hijo del exministro) y a Jessica R., quien fue pareja sentimental de ?balos y que estuvo contratada en dos empresas p¨²blicas, Ineco y Tragsa. En el auto dictado este martes, el juez pide quese identifique a las personas que la contrataron y que se reclame al Ministerio de Transportes un informe acerca de los viajes oficiales, tanto dentro de Espa?a como hacia el extranjero, en los que, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, Jessica R. pudiera haber acompa?ado a ?balos, as¨ª como la identidad de la persona o el n¨²mero de cuenta desde la que se abonaron los gastos de ella en el viaje.

Entre los citados como testigos se encuentran tambi¨¦n la empresaria Carmen Pano y su hija, due?as de Have Got Time, una sociedad comercializadora de hidrocarburos que fue usada para comprar un chal¨¦ de La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz) que supuestamente iba a disfrutar ?balos; y varios empresarios, entre ellos Claudio Rivas, quien, supuestamente, se encarg¨® de adquirir la casa de C¨¢dizr; y Alberto Escolano, colaborador de Aldama. Tanto Pano y su hija como Rivas y Escolano est¨¢n imputados en el fraude de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, por lo que el juez del Supremo, aunque les cita como testigos, pide que vayan con su abogado.