Burda injerencia

La decisi¨®n de la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, de conceder el tercer grado y la libertad condicional a un preso etarra ha derivado en una burda injerencia del Gobierno en el campo de la justicia, m¨¢s da?ina para el Estado de derecho y la democracia que cualquier dislate judicial, por aberrante que sea. La decisi¨®n equivocada o err¨®nea de un juez tiene cauces reglados para su correcci¨®n en el sistema judicial. Y en este sentido, el ministerio fiscal ha recurrido la decisi¨®n de la juez de Bilbao por considerarla jur¨ªdicamente endeble.

Lo que es dif¨ªcilmente enmendable es el deterioro institucional que se produce siempre que desde el Gobierno se cuestiona p¨²blicamente la actuaci¨®n de los jueces y se pretende condicionar sus decisiones. Ver a todo un vicepresidente primero del Gobierno dedicar una buena parte de la conferencia de prensa tras la reuni¨®n del Consejo de Ministros a poner en entredicho el proceder profesional de una juez no deja de ser lamentable. No s¨®lo no se guardan las m¨¢s m¨ªnimas formas de respeto institucional exigibles, sino que se desciende al ataque directo y desconsiderado del proceder jurisdiccional de un miembro de la judicatura.

Hace tiempo que el Gobierno del PP se olvid¨® de su inicial promesa de abstenerse de criticar las resoluciones judiciales. Las descalifica siempre que dicen algo distinto de lo que quiere que digan en asuntos que le interesan. Pero ahora ha dado un paso si cabe m¨¢s grave: poner en entredicho ante la opini¨®n p¨²blica los fundamentos mismos de una decisi¨®n judicial. Si el Gobierno cree que la actuaci¨®n de la juez de Bilbao vulnera la ley, lo procedente es instar al fiscal del Estado a querellarse contra ella por prevaricaci¨®n.

Pero en este asunto no hay que olvidar la actuaci¨®n del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Jos¨¦ Hernando, al poner en marcha una investigaci¨®n que, seg¨²n han denunciado siete vocales del Consejo, transciende el ¨¢mbito informativo y alcanza car¨¢cter de 'causa general' contra la actuaci¨®n de la juez de Bilbao en la excarcelaci¨®n de presos etarras. Si una decisi¨®n judicial plantea problemas de comprensi¨®n social, el CGPJ debe esclarecerla. Y la de excarcelar a un preso etarra condenado a casi tres siglos de c¨¢rcel por seis asesinatos los plantea. Pero flaco favor se hace a la independencia judicial si el presidente del ¨®rgano que tiene la tarea de ampararla se pone del lado del Gobierno cuando ¨¦ste descalifica a una juez.