Togas en la picota

LA JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA de Bilbao ha pasado a formar parte de la ominosa lista gubernamental de magistrados puestos bajo sospecha por sus resoluciones contrarias a la correcci¨®n pol¨ªtica o a la sensibilidad mayoritaria de la opini¨®n p¨²blica. Como ocurri¨® ya con otras decisiones de los tribunales aparentemente tibias con la persecuci¨®n o castigo de los cr¨ªmenes terroristas, la reinserci¨®n social de un condenado de ETA dictada por Ruth Alonso (que hab¨ªa tomado casi 90 medidas semejantes a la largo de 12 a?os) ha desatado una tormenta s¨®lo comparable con los temporales capeados por Elisabeth Huerta en el caso Linaza (a causa de una rueda de identificaci¨®n de presuntos torturadores en un cuartel de la Guardia Civil de Bilbao) y por Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez (debido a la imposibilidad de perseguir en Espa?a un delito de apolog¨ªa del terrorismo cometido en Francia por Arnaldo Otegi).

La concesi¨®n de la libertad condicional a un etarra condenado a 298 a?os de c¨¢rcel por seis asesinatos desata una campa?a del Gobierno contra la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso

La libertad condicional del etarra F¨¦lix Ram¨®n Gil Ostoaga -condenado por seis asesinatos a 298 a?os de c¨¢rcel (de los que lleva cumplidos s¨®lo 13)- ha sido la oportunidad encontrada por el vicepresidente Rajoy y los ministros de Justicia y de Interior para poner en la picota -con la ayuda del d¨®cil presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los medios de comunicaci¨®n afines- a Ruth Alonso; algunos gacetilleros han reprochado con tonillo inquisitorial a la juez su pertenencia a una confesi¨®n cristiana diferente a la cat¨®lica. Pero el rechazo moral a los crueles cr¨ªmenes perpetrados en 1978 por Ostoaga no es monopolio de los pol¨ªticos y periodistas que juegan demag¨®gicamente con el dolor de los familiares de sus v¨ªctimas: Ruth Alonso ha declarado que 'si leyese las sentencias de violadores, de asesinos, no dar¨ªa terceros grados'. M¨¢s all¨¢ de esas emociones compartidas, el art¨ªculo 25.2 de la Constituci¨®n ordena que las penas 'estar¨¢n orientadas hacia la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social' de los condenados y que los presos conservar¨¢n sus derechos fundamentales 'a excepci¨®n de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria'.

Para explicar que un asesino condenado a 298 a?os pueda salir de la c¨¢rcel s¨®lo 13 a?os despu¨¦s de su internamiento se necesita recurrir a citas legales. El art¨ªculo 76 del C¨®digo Penal de 1995 establece que el plazo m¨¢ximo de cumplimiento efectivo de una condena -sean cuales sean las penas impuestas por la sentencia- son 30 a?os; su art¨ªculo 90 concede la libertad condicional a los presos que hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena, se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario, observen buena conducta y reciban 'un pron¨®stico individualizado y favorable de reinserci¨®n social' de los expertos. Debido a que Ostoaga fue juzgado seg¨²n el antiguo C¨®digo Penal, la redenci¨®n de penas por el trabajo le hubiese dejado, de a?adidura, en total libertad dentro de dos a?os y pocos meses.

Es cierto que la Constituci¨®n y el C¨®digo Penal pueden ser reformados por el Parlamento; tambi¨¦n el Ejecutivo puede modificar el Reglamento Penitenciario de 1996 y los procedimientos para aplicar la progresi¨®n desde el primer grado (reservado a quienes contin¨²an sometidos a la disciplina interna de bandas armadas) hasta el tercer grado ('r¨¦gimen de vida en semilibertad'). Entretanto, el Gobierno debe cumplir al pie de la letra su compromiso ('dejemos trabajar a los jueces') y no acosar, de manera directa o a trav¨¦s del CGPJ y la prensa, a una magistrada que lleva escolta tras haber sido amenzada en 1994 por ETA. Necesario es reconocer, sin embargo, que el actual portavoz del Gobierno, el vicepresidente Rajoy, no ha llevado su ofensiva descalificadora contra la juez de vigilancia de Bilbao al nivel de miseria de su predecesor Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, que se pregunta ret¨®ricamente -con su inimitable ingenio y conocida elegancia- por qu¨¦ 'Cruella Ruth Alonso de Vil' sigue llevando escolta y cobrando un sueldo pagados 'por los impuestos de los espa?oles'.