?Por qu¨¦ una causa general contra las privatizaciones?

En las ¨²ltimas semanas asistimos a un conjunto de declaraciones, manifestaciones e iniciativas pol¨ªticas que pretenden abrir una especie de causa general contra las privatizaciones. Resulta de inter¨¦s analizar las bases sobre las que los acusadores pueden sustentar su pliego de acusaci¨®n. Desde mi experiencia de veinte a?os de gestor de intereses p¨²blicos, y desde el conocimiento derivado de mi actual funci¨®n, tratar¨¦ de aportar algunas claves para situar la cuesti¨®n.

Una primera motivaci¨®n posible para abrir esta causa obedecer¨ªa a cuestiones estrictamente ideol¨®gicas. Si desde planteamientos estatalizadores se fuese contrario a la reducci¨®n del sector p¨²blico empresarial, la apertura de la causa estar¨ªa plenamente justificada. Afortunadamente, la inmensa mayor¨ªa de la sociedad espa?ola y de sus representantes no son estatalistas y convergen con la tendencia privatizadora desarrollada en todos los pa¨ªses europeos desde principios de la d¨¦cada de los a?os noventa.

Afortunadamente, la mayor¨ªa de la sociedad y de sus representantes no son estatalistas

Descartada la anterior como causa para abrir la causa, es preciso analizar si existen razones vinculadas a la manera de hacer las privatizaciones. Ah¨ª aparecen hasta cuatro posibles motivos que legitimar¨ªan la formulaci¨®n de la acusaci¨®n.

En primer t¨¦rmino, la definici¨®n de la pol¨ªtica de privatizaciones. Sin duda ser¨ªa criticable la existencia de actuaciones privatizadoras sin la previa elaboraci¨®n y explicitaci¨®n de un plan de acci¨®n para las mismas. No es el caso. A diferencia de lo ocurrido en las experiencias precedentes, ahora existe un compromiso del Gobierno plasmado en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 1996. En ¨¦l, de modo global y coherente, se establecen los ejes de la pol¨ªtica de privatizaciones: mejorar la eficiencia del sector p¨²blico empresarial, extender la propiedad accionarial entre los espa?oles, ensanchar nuestros mercados de capitales, consolidar el empleo y, con todo ello, contribuir a hacer m¨¢s din¨¢mica la econom¨ªa espa?ola y m¨¢s vigoroso su tejido industrial.

En segundo lugar, el procedimiento aplicado en las privatizaciones. No ser¨ªa admisible que el m¨¦todo con el que se privatiza careciera del rigor y de las garant¨ªas exigibles.

Sobre esta cuesti¨®n, una perspectiva temporal permite apreciar que se han cumplido los presupuestos hegelianos, toda vez que la historia (de las privatizaciones) es heredera y consecuencia de su pasado. As¨ª, a partir de 1996 se han incorporado elementos que han primado notablemente las garant¨ªas del procedimiento. Entre otros, pueden citarse los siguientes:

1. La publicidad, la concurrencia y la transparencia se convierten en los principios rectores del procedimiento.

2. Es absoluta la separaci¨®n entre el equipo directivo de la compa?¨ªa privatizada y el agente gestor de la privatizaci¨®n.

3. Existe una entidad asesora independiente para cada privatizaci¨®n. Son seleccionadas de forma objetiva y por concurso.

4. Es preceptivo disponer de una valoraci¨®n independiente de cada sociedad privatizada. La valoraci¨®n es previa a la privatizaci¨®n.

5. Se formulan previamente una bases que rigen cada proceso de privatizaci¨®n.

Con el conjunto de estas y otras medidas se ha configurado un procedimiento reglado, objetivo y eficaz como debe predicarse y, m¨¢s aun, hacerse en la actividad del sector p¨²blico.

En tercer orden, el control sobre las privatizaciones. Deber¨ªa rechazarse cualquier proceso que no incorporara el necesario y suficiente grado de control p¨²blico. Ciertamente, en este punto la realidad revela n¨ªtidamente lo que es una voluntad clara y decidida. Adem¨¢s de mantener los sistemas ordinarios y habituales, el control se ha reforzado significativamente con la incorporaci¨®n desde 1996 de tres nuevos e importantes instrumentos.

Primero, tras concluir cada privatizaci¨®n, la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado, m¨¢ximo ¨®rgano del control interno del Sector P¨²blico, realiza una auditor¨ªa espec¨ªfica para ejercer monogr¨¢ficamente el control financiero y de legalidad que son de su competencia. Son evidentes las ventajas que supone haber generalizado para todas las privatizaciones la elaboraci¨®n de una auditor¨ªa ad hoc, frente a la etapa en la que esto era excepci¨®n en vez de norma.

Segundo, se ha creado el Consejo Consultivo de Privatizaciones, como ¨®rgano independiente de la Administraci¨®n y responsable de vigilar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia. El Consejo, integrado por profesionales con experiencia y prestigio, examina en profundidad cada expediente de privatizaci¨®n y emite un informe individual con car¨¢cter previo a la decisi¨®n ¨²ltima del Consejo de Ministros. Es destacable que su trabajo es intenso, que sus informes son ciertamente completos, y que ¨¦stos se ponen inmediatamente a disposici¨®n de la sociedad espa?ola a trav¨¦s de la p¨¢gina web del propio Consejo.

Tercero, todas y cada una de las privatizaciones llevadas a cabo desde 1996 son conocidas y estudiadas por el Parlamento a trav¨¦s de la Subcomisi¨®n de Privatizaciones, que analiza y valora las que se han concluido dentro del periodo que en cada caso se fija por las Cortes para la realizaci¨®n de sus trabajos. La Subcomisi¨®n recibe un completo dossier informativo aportado por SEPI, referido a cada privatizaci¨®n, y convoca durante numerosas sesiones a todos los comparecientes que considera oportuno: responsables de SEPI, responsables de otros ¨®rganos de control, presidentes de compa?¨ªas. La existencia de este control parlamentario espec¨ªfico representa una aut¨¦ntica novedad en la historia de nuestras privatizaciones, y gracias a ello la instituci¨®n que representa la soberan¨ªa nacional conoce en detalle los procesos y dictamina sobre los mismos. Adicionalmente, la Subcomisi¨®n formula aquellas recomendaciones para el futuro que considera convenientes. Esta pr¨¢ctica, tambi¨¦n seguida por el Consejo Consultivo de Privatizaciones y por la IGAE, est¨¢ permitiendo una interesante interactividad entre la gesti¨®n y el control, que est¨¢ resultando ciertamente fruct¨ªfera para futuros procesos.

Un cuarto motivo para abrir una causa general podr¨ªan ser los resultados obtenidos en las privatizaciones. Todo lo expuesto hasta ahora tendr¨ªa menos valor si el proceso estuviera resultando ineficaz, si no se estuvieran logrando los resultados positivos esperados. Sin embargo, lejos de darse estas circunstancias, es conocido y p¨²blico que los procesos se est¨¢n desarrollando con orden, que los compradores asumen proyectos industriales que dan continuidad a las empresas privatizadas, que se est¨¢ consolidando y aumentando el empleo, que se logran acuerdos sindicales y que, globalmente considerados los primeros ejercicios de la andadura privada de las antiguas empresas p¨²blicas, ¨¦stas han aumentado sus respectivas cifras de ingresos, de inversi¨®n y de plantilla.

Pues bien, visto lo visto, si el actual proceso de privatizaciones se lleva a cabo, por primera vez, de acuerdo con un plan global, articulado y coherente; si el procedimiento aplicado ha incorporado por fin las garant¨ªas y la objetividad que no exist¨ªan en el pasado; si al reforzarlo en varias direcciones se ha logrado un sistema de control m¨²ltiple y eficaz; y si los resultados empresariales y sociales est¨¢n siendo satisfactorios para los intereses generales, ?qu¨¦ agenda oculta de los acusadores les lleva a intentar abrir una causa general contra las privatizaciones?

Puede que los acusadores respondan al estereotipo del personaje de Cocteau que no se rend¨ªa nunca ni siquiera ante la evidencia, o puede que lleven intr¨ªnsecamente interiorizado el esp¨ªritu de Torquemada, o puede que pretendan hacernos creer que est¨¢ oculta la cara iluminada de la Luna o puede que...

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer es presidente de SEPI.