El juez admite a tr¨¢mite la quiebra de la promotora de viviendas CPV

El Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid ha decidido tramitar la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). La demanda fue presentada el pasado d¨ªa 8. Este expediente judicial significa que, a priori, CPV es una empresa inviable y que s¨®lo cabe finiquitarla porque su activo es inferior al pasivo. Ahora, el juez nombrar¨¢ al comisario de la quiebra y ordenar¨¢ averiguar los activos de CPV. Despu¨¦s, el comisario convocar¨¢ una junta de acreedores que, a su vez, designar¨¢ a los s¨ªndicos que se encarguen de repatir los activos, si es que quedan.

La demanda de quiebra de CPV que ya tramita el Juzgado de lo Civil 9 de Madrid no tiene nada que ver con el sumario que investiga la juez Rosario Espinosa, del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8. Esta juez investiga por delitos de estafa y apropiaci¨®n indebida al director general de CPV, Francisco Garc¨ªa, a dos de sus hijos -Francisco Javier y Miguel ?ngel- y a su socio Miguel ?ngel Morillo del Pozo.

Los cuatro se hallan en prisi¨®n sin fianza desde la semana pasada por estafar y dejar en la estacada a las 1.200 familias de Madrid que en 1998 anticiparon dinero a CPV -una media de 18.000 euros- a cambio de casas en los nuevos barrios de Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro.

En lugar de hacer las casas prometidas, CPV vendi¨® los terrenos que pose¨ªa en esos barrios, obteniendo fuertes plusval¨ªas, y destin¨® una parte del dinero de sus clientes a otras promociones inmobiliarias y 'a fines desconocidos', seg¨²n el auto de prisi¨®n dictado por la juez Espinos. Esta juez ha pedido inhibirse de la investigaci¨®n de este sumario en favor del Juzgado de Instrucci¨®n 34, pues entiende que este ¨®rgano judicial fue el primero de los de Madrid que recibi¨® la primera denuncia de un afectado por el ahora llamado caso CPV.

S¨ªndicos

La petici¨®n de quiebra significa que la viabilidad econ¨®mica de CPV como empresa carece de todo cr¨¦dito y que la ¨²nica soluci¨®n factible para que sus acreedores puedan recuperar al menos una parte del dinero perdido es liquidarla y repartir sus activos. Fuentes jur¨ªdicas no pudieron precisar ayer qui¨¦n hab¨ªa instado la quiebra, si la propia CPV o alguno de lo acreedores. No obstante, esta solicitud pone en entredicho las declaraciones del director general de CPV, quien, antes de entrar en prisi¨®n, se?al¨® que su empresa pose¨ªa suficientes activos para devolver el dinero que adeudaba a sus clientes, los compradores de casas en los nuevos barrios del norte de Madrid.

Seg¨²n los citados medios, las empresas con graves problemas econ¨®micos suelen optar, en lugar de por la quiebra, por la suspensi¨®n de pagos. Este mecanismo permite que la empresa siga funcionando, que no se disuelva, y que, con la mediaci¨®n del juez, los acreedores otorguen un periodo de tiempo a la empresa mientras ¨¦sta se sanea y logra liquidarles. Al frente de la suspensi¨®n de pagos, el juez coloca a un interventor para que supervise las cuentas y bloquee cualquier operaci¨®n que perjudique a los acreedores. La quiebra es distinta: el juez nombra a un comisario y a un depositario. ?stos lo primero que hacen es ocupar todos los bienes. Hecho esto, el comisario convoca una junta de acreedores y de entre ellos se designa a los s¨ªndicos. ?stos son los que se encargan de distribuir los activos en proporci¨®n a la deuda de cada afectado. 'La quiebra es un proceso complejo y muy largo; no conozco ninguna que se haya resuelto en menos de un a?o', afirman expertos en la materia.