El Gobierno demanda a la Junta por el parador de Cazorla

El Gobierno central, a trav¨¦s del Instituto de Turismo de Espa?a, Turespa?a, ha presentado una demanda civil en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Ja¨¦n contra la Consejer¨ªa de Medio Ambiente de la Junta de Andaluc¨ªa por la titularidad del parador nacional de Cazorla El Adelantado. La Junta andaluza decidi¨® inscribir este centro en el registro de la propiedad a su nombre al adquirir las compretencias sobre Cazorla y ahora el Gobierno reclama su propiedad mediante demanda.

Seg¨²n informaron fuentes de la Abogac¨ªa del Estado, en 1963 se segreg¨® una parcela de los montes de Cazorla y se entreg¨® al entonces Ministerio de Informaci¨®n y Turismo, del que depend¨ªa, para construir en 1965 en dos hect¨¢reas de superficie el citado parador de turismo, que sigue siendo gestionado por el Estado a trav¨¦s del instituto Turespa?a.

Las fuentes judiciales apuntaron que actualmente "aduciendo transferencias de competencias, la Junta andaluza ha inscrito el parador a su nombre en el registro de la propiedad" correspondiente, a lo que el Estado ha planteado dicha demanda civil, ya admitida a tr¨¢mite y pendiente de la contestaci¨®n judicial de la Junta andaluza, en la que reivindica el citado parador como propiedad estatal y exige a la Junta andaluza la anulaci¨®n de la inscripci¨®n en el registro y que se reinscriba a nombre del Estado.

Montes si, hotel no

Los abogados del Estado argumentan que las transferencias competenciales realizadas en 1984 al gobierno de la comunidad aut¨®noma "se refieren a los montes pero no a un edificio dedicado a la explotaci¨®n tur¨ªstica y hotelera, y adem¨¢s ese terreno y esa superficie, que no es monte y afecta inicialmente a Informaci¨®n y Turismo, se segreg¨® de todo su entorno, que s¨ª es propiedad de la Junta"

Los abogados explicaron que la explotaci¨®n hotelera de Cazorla "est¨¢ clara, y corresponde a Turespa?a" y apostillaron que la disputa en esta demanda se refiere a la propiedad del parador, tras lo que reconocieron que este edificio no estaba inscrito en el registro de la propiedad hasta que la Junta de Andaluc¨ªa no lo ha hecho.

Asimismo, indicaron que "hubiera sido conveniente" que el Estado hubiera inscrito a su nombre en el registro correspondiente este centro, aunque "realmente no es obligatorio", concluyeron.