Un conflicto de cuentas y cartas
La gesti¨®n y financiaci¨®n del UPV enturbian sus relaciones con el Gobierno
Cuesta comprender la serie de desencuentros que vienen manteniendo la consejer¨ªa de Educaci¨®n y la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV) durante los ¨²ltimos meses a cuenta de la gesti¨®n y de los presupuestos de la instituci¨®n dirigida por Manuel Montero. Resulta complicado explicar el que dos entidades p¨²blicas que persiguen el mismo fin, la oferta de una ense?anza superior de calidad, y que est¨¢n condenadas a entenderse tengan tantas dificultades para ponerse de acuerdo. M¨¢s a¨²n cuando las discrepancias se escenifican, como ha ocurrido esta ¨²ltima semana, mediante un cruce de misivas que se dicen enviadas por una parte y no recibidas por la otra.
Los problemas comenzaron a presentarse con la pr¨®rroga presupuestaria del Gobierno vasco, que afecta de manera directa a la UPV pues, aunque es un organismo aut¨®nomo, el 80% de su presupuesto se nutre de la partida que le destina el Ejecutivo de Vitoria.
"En ning¨²n caso la UPV va a salir como quiere", aseguran fuentes de Educaci¨®n
Esta decisi¨®n, y en eso est¨¢n de acuerdo las dos partes enfrentadas, se traduce en un problema de financiaci¨®n para la universidad, algo sobre lo que insisten una y otra vez los responsables de la UPV -el rector compareci¨® a petici¨®n propia en el Parlamento vasco el 28 de junio para explicar este asunto-, ya que no se tienen en cuenta el aumento en los gastos de la plantilla de la UPV en ese periodo.
El resultado es que se genera un d¨¦ficit que, seg¨²n estimaciones de un informe del Departamento de Hacienda concluido en septiembre, asciende a algo m¨¢s de ocho millones de euros por ejercicio. Sobre dos millones no se tiene una justificaci¨®n clara de su uso, seg¨²n fuentes del departamento de Anjeles Iztueta. No obstante, la comisi¨®n paritaria universidad-consejer¨ªa, formada para tratar de solventar esta dificultad, redacta un convenio que firman ambas partes el 3 de octubre, por el que el departamento se compromete a pagar los 16,7 millones de euros de deuda y la universidad, a concretar una serie de datos que le son reclamados.
El 11 de noviembre, Iztueta acusa a la UPV en la comisi¨®n de Educaci¨®n del Parlamento de incumplir el acuerdo, no remitir los datos requeridos y ocultarlos, lo que se niega de forma categ¨®rica desde la instituci¨®n acad¨¦mica. Fuentes del equipo rectoral aseguran que buena parte de esos datos se trasladan al departamento cada mes. En el caso de otros registros, como los costes medios de personal docente, de administraci¨®n y de alumno por titulaci¨®n, el convenio recoge en su segunda cl¨¢usula que "se establecer¨¢ reglamentariamente el procedimiento de c¨¢lculo previa audiencia de la UPV y el Consejo Social e informe del Consejo de Coordinaci¨®n de la Ense?anza P¨²blica Universitaria", lo que no se ha hecho hasta el momento.
A finales de la pasada semana, se conoce que la consejer¨ªa de Educaci¨®n ha enviado una misiva al Rectorado en la que le exige de nuevo los datos requeridos con anterioridad y asegura que, mientras esto no sea as¨ª, las negociaciones para solucionar el pago del d¨¦ficit causado por el pago de complementos de productividad al profesorado, la otra deuda pendiente entre UPV y Gobierno vasco, cuyo montante asciende a cerca de nueve millones de euros entre 2001 y 2002, se suspenden.
Seg¨²n fuentes del departamento, la decisi¨®n de pagar estos incentivos la tom¨® el equipo de Manuel Montero en diciembre de 2000 de forma unilateral y haciendo caso omiso a la exigencia de una existencia previa de cr¨¦dito presupuestario que establec¨ªa el Consejo Social de la UPV cuando dio el visto bueno a esta iniciativa. Fuentes del equipo rectoral, tras insistir en que Montero todav¨ªa no ha recibido la carta de Iztueta, rechazan esta interpretaci¨®n y acusan a la consejera y a su viceconsjero de Universidades, Jon Barrutia, catedr¨¢tico de la UPV y antiguo vicerrector de Asuntos Econ¨®micos con Pello Salaburu, de deslealtad institucional.
"Quieren dejar ver que dimos este paso a escondidas, ocult¨¢ndolo, y de buenas a primeras. Y se olvidan que se empez¨® a trabajar en esta medida en el a?o 1995, se olvidan que aparece recogida en el acuerdo de Gobierno de la legislatura 1998-2002 y que ya se hab¨ªa consignado una partida presupuestaria en el a?o 2000 para este fin que no se ha renovado y actualizado por la pr¨®rroga presupuestaria", afirman estas mismas fuentes.
En cualquier caso, los miembros del ¨®rgano rector de la UPV conf¨ªan en que pronto se pueda aparcar esta pol¨¦mica que aseguran "no entender", se hable en una mesa sobre este asunto y se pueda alcanzar un acuerdo. Desde la consejer¨ªa de Educaci¨®n se asegura, sin embargo, que "en ning¨²n caso la UPV va a salir como quiere". "Va a tener que presentar cosas", subrayan.
Un presupuesto sin liquidar
Mientras que la pol¨¦mica y el deterioro de las relaciones entre la consejer¨ªa de Educaci¨®n y la UPV se agudiza, el presupuesto de 2001 de la instituci¨®n dirigida por Manuel Montero se mantiene a¨²n sin liquidar, algo que se le echa en cara desde el departamento de Anjeles Iztueta y que se pone como uno de los ejemplos de mala gesti¨®n de la universidad.La UPV, tal y como explican miembros del equipo rectoral, tiene razones para estirar al m¨¢ximo el plazo de liquidaci¨®n, que concluye el pr¨®ximo 30 de noviembre. La meta es evitar que se registre un d¨¦ficit, como suceder¨¢ si no se alcanza un acuerdo para sufragar la deuda abierta por el pago de los complementos de productividad al profesorado, deuda que ascendi¨® en ese ejercicio a cerca de seis millones de euros.Si la UPV se ve obligada a cerrar el presupuesto as¨ª, no s¨®lo tendr¨¢ pendiente de pago esos seis millones. Tambi¨¦n deber¨¢ afrontar el pago de una cantidad similar al Ministerio de Educaci¨®n. El departamento que actualmente dirige Pilar del Castillo firm¨® en 2000 con el Gobierno vasco y la UPV, as¨ª como hizo con el resto de universidades p¨²blicas espa?olas, un acuerdo para fomentar el equilibrio presupuestario.En virtud de este documento, el ministerio ha entregado desde ese a?o una cantidad anual de dos millones de euros a la UPV con la condici¨®n de que ese equilibrio presupuestario se mantenga. En caso de no ser as¨ª, la universidad p¨²blica vasca se encuentra obligada a devolver el dinero recibido desde la firma del convenio, es decir, otros seis millones de euros, lo que, sin lugar a dudas, supondr¨ªa un problema a?adido para el equipo de Manuel Montero.
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