Los afectados de CPV reclaman m¨¢s "agilidad" en el proceso penal

Los abogados de los afectados por el caso CPV que han presentado una querella contra la inmobiliaria pidieron ayer a la juez instructora de la causa, Coro Monreal Huerta, que agilice la resoluci¨®n de las 14 medidas cautelares solicitadas por los letrados. ?stos reclamaron, como medida urgente, que la magistrada designe a un interventor judicial que controle las cuentas y los movimientos financieros de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV).

Los representantes de las 10 acusaciones particulares personadas en la querella reiteraron ayer esta solicitud a Monreal, que se ha hecho cargo del caso tras inhibirse del mismo Rosario Espinosa, juez n¨²mero 8 de Madrid. Coro Monreal, juez de Instrucci¨®n n¨²mero 34, ya tuvo conocimiento de la causa en 2000, tras una denuncia interpuesta contra CPV por un delito de estafa que termin¨® siendo archivada.

Adem¨¢s de insistir en la urgencia de que la juez adopte medidas cautelares, los representantes legales de las familias afectadas solicitaron a la juez que investigue la posible comisi¨®n de un delito de alzamiento de bienes por parte de CPV y reclamaron el embargo de los bienes que siguen a nombre de la inmobiliaria "para evitar que sean transmitidos a terceros".

Seg¨²n denuncian los perjudicados, los administradores de la promotora y su director general, que ingresaron en prisi¨®n a principios de mes, cedieron a la sociedad Construcciones Hermanos Burgos de Mag¨¢n, SL, el pasado 30 de octubre, una finca de 63.730 metros cuadrados en Mag¨¢n (Toledo) para saldar una deuda que CPV hab¨ªa contra¨ªdo previamente.