Bruselas dar¨¢ tres a?os a Gibraltar para que cierre el para¨ªso fiscal

La Comisi¨®n Europea estrecha el cerco en torno al para¨ªso fiscal gibraltare?o. Hace un mes abri¨® una investigaci¨®n sobre las ayudas fiscales, consideradas incompatibles con el mercado com¨²n, que reciben las 29.000 sociedades radicadas en el Pe?¨®n. Ahora exigir¨¢ el cese del r¨¦gimen que disfrutan las firmas extranjeras, exentas del impuesto de sociedades. La decisi¨®n proh¨ªbe beneficiar a nuevas compa?¨ªas y da un plazo de tres a?os para acabar con dicho r¨¦gimen.

Para las compa?¨ªas extranjeras es extraordinariamente ventajoso operar desde Gibraltar. Un r¨¦gimen vigente desde 1967 les permite, gracias al llamado "estatuto de sociedad exenta", ahorrarse el impuesto de sociedades, que grava los beneficios. S¨®lo deben pagar una tasa anual que oscila entre las 200 y las 300 libras esterlinas (entre 317 y 475 euros). Tal ventaja afecta, desde 1983, a las sucursales de sociedades extranjeras.

El privilegio es de tal calibre que, seg¨²n cree Bruselas, incluso deja cortos los beneficios fiscales de que disfruta el grueso de las empresas gibraltare?as y que la Comisi¨®n investiga formalmente desde el 16 de octubre pasado. S¨®lo en base a este tipo de sistemas, que convierten Gibraltar en un aut¨¦ntico para¨ªso fiscal, se explicar¨ªa que La Roca, seg¨²n datos del Gobierno espa?ol, sea el quinto inversor en Rusia y que de los 11.000 millones de euros que se blanquean cada a?o en aquel pa¨ªs, una cuarta parte proceda de Gibraltar.

Para la Comisi¨®n Europea, el impacto del r¨¦gimen de sociedades exentas en el mercado interior es evidente, dado que ¨¦stas operan, precisamente, fuera de Gibraltar, y, por tanto, en el resto de los pa¨ªses de la UE. Muchas de estas empresas son activas, adem¨¢s, en el sector bancario, un mercado estrechamente controlado en el seno de la UE. La posibilidad de beneficiarse de esta exenci¨®n de impuestos por establecer simplemente una sucursal agrava el problema de distorsi¨®n de la competencia que se?ala Bruselas.

Est¨¢ previsto que el comisario de Competencia, Mario Monti, haga p¨²blica su decisi¨®n de exigir la abrogaci¨®n de este r¨¦gimen el pr¨®ximo mi¨¦rcoles. El Reino Unido deber¨¢ impedir la entrada en el sistema de nuevas compa?¨ªas a partir de un mes despu¨¦s de que acepte la decisi¨®n tomada por el Ejecutivo comunitario. Las autoridades brit¨¢nicas tendr¨¢n que derogar definitivamente o enmendar la legislaci¨®n relativa a las sociedades exentas antes del 31 de diciembre de 2005 y, adem¨¢s, tendr¨¢n que publicar una norma en tal sentido antes del 31 de enero pr¨®ximo.

Investigaci¨®n

La Comisi¨®n, adem¨¢s, se reserva el derecho a abrir una investigaci¨®n separada sobre las ampliaciones al r¨¦gimen aprobadas en 1978 y 1983. La primera permite aplicar la exenci¨®n del impuesto sobre transmisiones a las p¨®lizas de seguros de vida que emitan empresas extranjeras y la segunda beneficia de la misma ventaja fiscal a las sucursales de firmas extranjeras.

Ambas medidas, tomadas una vez que el Reino Unido formaba parte de la UE, pueden ser consideradas, seg¨²n Bruselas, "ayudas ilegales". El Gobierno brit¨¢nico puede interponer recursos contra esta decisi¨®n, pero lo cierto es que llega tras un largo litigio en el que parecen imponerse las tesis de Bruselas.

Dicho litigio se inici¨® ya en 1997 siguiendo las conclusiones del Ecofin de diciembre de ese a?o sobre pol¨ªtica fiscal. Tras la investigaci¨®n iniciada entonces por el Consejo (la representaci¨®n de los quince gobiernos de la UE), la Comisi¨®n Europea acometi¨® sus indagaciones sobre este r¨¦gimen fiscal especial a principios de 1999.

Finalmente, Bruselas abri¨® un procedimiento de investigaci¨®n formal el 11 de julio de 2001 que fue recurrido por el Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Justicia. Fue, en realidad, el primer aldabonazo de Bruselas contra el r¨¦gimen fiscal gibraltare?o. La sentencia de dicho tribunal, de abril pasado, anul¨® sin embargo la decisi¨®n de Bruselas, a la que se hab¨ªa adherido el Reino de Espa?a, por una cuesti¨®n m¨¢s de forma que de fondo, pues el texto jur¨ªdico se?ala que el r¨¦gimen especial de las sociedades exentas debe ser examinado como una "ayuda existente" (en vigor antes de que el Reino Unido se incorporara a la UE en 1972) y no como una "nueva ayuda" de Estado.

Esta sutil diferencia impide a Bruselas, como se?ala el propio Tribunal Europeo, pedir la devoluci¨®n de los impuestos no pagados, pero s¨ª puede exigir el cese de un r¨¦gimen que considera incompatible con las normas del mercado interior. De ah¨ª que un experto comunitario vea m¨¢s que probable que esta vez Londres se avenga sin m¨¢s a la decisi¨®n de Monti.