La dif¨ªcil conversi¨®n de un museo franquista

Clos espera pactar en 30 d¨ªas la reforma del Museo Militar de Montju?c

No parece que la insistencia de ERC a la hora de exigir un cambio profundo en la normativa que rige la gesti¨®n del castillo de Montju?c -y del museo militar que alberga en su interior- resulte excesiva. De hecho, sorprende que personalidades ciudadanas tan relevantes como el alcalde Joan Clos o los concejales Ferran Mascarell y Albert Batlle consientan -cuando han transcurrido 24 a?os desde la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n- en formar parte de un patronato cuyas funciones, entre otras, sean la de "conservar la fortaleza para necesidades militares de emergencia y de honores de plaza", la de "enaltecer el recuerdo y lecci¨®n de los Ca¨ªdos por Dios y por Espa?a" o la de convertir el recinto en el que fue asesinado el presidente Llu¨ªs Companys en "lugar de veneraci¨®n y alegr¨ªa".

El cambio profundo de la ley y del reglamento que la desarrolla, vigentes desde 1960, fue exigido por acuerdo un¨¢nime del Congreso de los Diputados hace ya casi dos a?os. El anuncio del alcalde Clos, afirmando que las negociaciones para el cumplimiento de este acuerdo est¨¢n tocando a su fin, y que concluir¨¢n de forma satisfactoria, motiv¨® que la semana pasada ERC -en tanto que miembro del Gobierno municipal- aceptara demorar 30 d¨ªas la presentaci¨®n, para su debate en el pleno de la corporaci¨®n municipal, de una nueva propuesta que exige tambi¨¦n la radical transformaci¨®n del museo en un "centro de interpretaci¨®n de la historia militar de Barcelona y de Catalu?a desde una perspectiva c¨ªvica".

El anuncio de la presentaci¨®n de la propuesta de ERC tuvo una airada respuesta del grupo municipal del PP, cuyo presidente, el concejal Emilio ?lvarez, record¨® que el debate celebrado en febrero de 2001 en el Congreso de los Diputados hab¨ªa tenido su origen en el penoso episodio de la venta, en una de las tiendas del museo, de s¨ªmbolos de ideolog¨ªa nazi y fascista. La responsabilidad de la concesi¨®n de esa tienda, en opini¨®n de ?lvarez, hab¨ªa que atribu¨ªrsela al Ayuntamiento en tanto que titular del castillo, que le fue cedido a trav¨¦s de la ley de 1960 para que instalara all¨ª un museo destinado a "exaltar las glorias castrenses patrias". Olvid¨® ?lvarez -o quiz¨¢s no lo sab¨ªa- que, pese a la cesi¨®n, el Ayuntamiento no es el principal responsable de la gesti¨®n del museo, como revela el contenido del reglamento que desarrolla la tan denostada norma. La gesti¨®n del castillo, y del museo, compete a un patronato en el que el Ayuntamiento, con tres representantes, est¨¢ en minor¨ªa. Los cinco miembros restantes (cuatro militares y el delegado del Ministerio de Hacienda) dependen de la Administraci¨®n central. Y seg¨²n el reglamento vigente, es la representaci¨®n estatal la que corta el bacalao en el museo. Al alcalde, en tanto que vicepresidente, s¨®lo le corresponde "representar a la ciudad en el patronato", "presentar, en nombre del Ayuntamiento, cuantas propuestas formule para la consecuci¨®n de los fines se?alados relativos a urbanizaci¨®n y Museo Militar" y, por ¨²ltimo, "provocar el estudio de cuantas mejoras pudieran presentarse en los planes de urbanizaci¨®n". Las limitadas funciones del alcalde no impiden que al Ayuntamiento, como instituci¨®n, corresponda dotar "el presupuesto de atenciones anuales" del museo, sin posibilidad, en cualquier caso, de decidir en cuestiones como el precio de la entrada, que compete al patronato. Es precisamente al presidente del patronato -cargo que ostenta la primera autoridad militar de Catalu?a- a quien el reglamento reserva la potestad, entre otras, de "dirigir e inspeccionar las instalaciones".