M¨¢s intervencionismo

El Gobierno hizo p¨²blico ayer un cat¨¢logo de 34 condiciones para autorizar la operaci¨®n de concentraci¨®n entre V¨ªa Digital y Sogecable (esta ¨²ltima, participada por el Grupo PRISA, editor de este peri¨®dico). Sin prejuzgar la decisi¨®n que adopten las compa?¨ªas afectadas en defensa de sus leg¨ªtimos intereses, hay que destacar que el texto gubernamental impone una panoplia de condiciones exorbitantes por su cuant¨ªa y detalle y rezuma intervencionismo en todo su articulado. Un intervencionismo que tiende a convertir a la televisi¨®n de pago en un sector tan regulado o m¨¢s que los sometidos a tarifa, como la electricidad o el gas; que impone a empresas privadas condiciones propias de compa?¨ªas p¨²blicas o de titulares de una concesi¨®n del Estado, y que, en suma, pone entre interrogantes el liberalismo que predica el Ejecutivo.

Cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dict¨® sus diez condiciones para la fusi¨®n, el ministro del ramo tecnol¨®gico, Josep Piqu¨¦, no dud¨® en reputarlas de "muy duras". Y mientras distintas fuentes gubernamentales aseguraban que, de acuerdo con la tradici¨®n, el Gobierno no har¨ªa otra cosa que convertirlas en doctrina, lo que a la hora de la verdad ha hecho es multiplicarlas. Como los panes y los peces, las diez condiciones se han convertido en 34.

Al ya duro cat¨¢logo del TDC, que se supone elaborado para garantizar la apertura del mercado a otros operadores y evitar perjuicios indebidos a los consumidores, se le agregaron todas las limitaciones imaginadas y por imaginar: las de la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), las alegaciones de la competencia (el sector del cable), los apuntes de las asociaciones de consumidores, etc.

Tal af¨¢n sumatorio es dif¨ªcilmente compatible con la necesidad de encauzar la televisi¨®n digital por par¨¢metros de solvencia empresarial y fortaleza competitiva en un marco europeo. Lo cierto es que se ha engendrado un modelo caracterizado por un r¨¦gimen de tarifas reguladas, una desmedida discrecionalidad en las competencias de vigilancia atribuidas a la Administraci¨®n, y por la consiguiente reducci¨®n al m¨ªnimo del margen de maniobra de empresas al fin y al cabo privadas en un sector que se supon¨ªa liberalizado.

Para ilustrar las anteriores conclusiones basten tres ejemplos, a simple t¨ªtulo indicativo. Uno es el sistema de fijaci¨®n de precios del servicio, que deber¨¢ ser "determinado anualmente" por el Servicio de Defensa de la Competencia, una mera dependencia del Ministerio de Econom¨ªa, previo informe de la CMT. Otro es el extremo casuismo con el que se pretende regular la oferta de la plataforma resultante, de manera que se proh¨ªbe la venta de paquetes a terceros operadores cuando la compra a las grandes distribuidoras se realiza a trav¨¦s de paquetes formados por productos de desigual calidad. Y el tercero es la prohibici¨®n taxativa a los accionistas de referencia de Sogecable de establecer acuerdos estrat¨¦gicos con cualquier compa?¨ªa del Grupo Telef¨®nica en el ¨¢mbito de medios de comunicaci¨®n distintos a la televisi¨®n de pago y a la operaci¨®n de concentraci¨®n que se contempla.

El Gobierno ha exorbitado las condiciones espec¨ªficas que deber¨ªan asegurar la apertura del mercado a terceros competidores y garantizar la defensa del consumidor. Al concebir la plataforma resultante como una mera autopista tutelada por sus servicios, como si se tratase de una compa?¨ªa p¨²blica o de una concesionaria, le ha impuesto exigencias que olvidan la esencia de la operaci¨®n: una fusi¨®n entre empresas privadas.